Hace unos días, la Corte Suprema confirmó la sentencia que había dictado la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acogiendo un recurso de protección en contra de Carabineros de Chile y en favor de la esposa de un funcionario por “conductas ilegales y arbitrarias que han afectado sus derechos fundamentales”, en el contexto de una investigación interna por infidelidad. Más allá del hecho, vale preguntarse por qué la institución destina recursos humanos y financieros en una investigación y judicialización, incluso apelando al máximo tribunal, por un problema íntimo de un funcionario.
El 17 de abril pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó la sentencia que había dictado, en noviembre de 2022, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sobre el recurso de protección presentado por una ciudadana en contra de Carabineros de Chile, institución representada por su general director, Ricardo Yáñez Reveco.
Una acción interpuesta en el contexto de una investigación interna por infidelidad. La involucrada alegó entonces que Carabineros incurrió en “conductas ilegales y arbitrarias que han afectado sus derechos fundamentales, garantizados en la Constitución Política de la República”, por ser ella una persona civil, ajena a la institución.
Dada la situación de crisis de seguridad y lo ajustado de los presupuestos, ¿por qué Carabineros gasta recursos y horas-hombre investigando un problema personal-íntimo de un funcionario y, además, una vez judicializado y resuelto el tema, decide apelar ante la Corte Suprema? Y destina más recursos a una situación no institucional, donde además se involucra a una persona civil.
La historia se remonta a mayo de 2020, cuando la demandante –casada con un teniente coronel de Carabineros, entonces jefe del Grupo de Formación Policial de Puerto Montt– señala que su marido ingresó a su domicilio, a pesar de contar con prohibición de acercarse, dictada por el Juzgado de Familia de la ciudad, tras una denuncia por violencia intrafamiliar realizada por ella.
En las dependencias familiares encontró una gorra perteneciente a un sargento que, según declara la esposa, el uniformado había olvidado “después de ayudarle a trasladar unos muebles”. Acto seguido, un enfurecido teniente coronel emitió un oficio que informaba de los hechos y solicitaba una investigación administrativa para establecer la infidelidad. La indagación fue acogida e iniciada por la institución.
Al día siguiente, el sargento fue trasladado a una comisaría en La Pintana y en junio se le “castigó” con un día de arresto. A lo que el policía se negó, solicitando diligencias de prueba que no se habían realizado. De esta manera, en abril de 2021, la mujer fue notificada y se le pidió prestar declaración a través de una serie de preguntas adjuntas.
Un año después, en junio de 2022, la investigación concluyó, dejando sin efecto las sanciones impuestas al funcionario de la policía uniformada.
Cerradas las indagatorias, la ciudadana consideró que Carabineros de Chile incurrió “en un perjuicio moral, además de una afectación a su dignidad, por haber sido sujeto de un proceso investigativo a cuyo término ni siquiera se le pidieron disculpas por haber sido expuesta en forma innecesaria al mismo, siendo en términos generales una investigación que carecía de sustento legal”, señala el escrito.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt se pronunció el 30 de noviembre de 2022, acogiendo el recurso de protección interpuesto por la ciudadana. Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues Carabineros de Chile apeló acudiendo ante la Corte Suprema para revertir el fallo. Lo que, seis meses después, fue rechazado por la Tercera Sala del máximo tribunal del país. En total, casi tres años dedicados a una investigación que quedó en nada y a una querella con costas a cargo de la policía, financiada por todos, solo por temas personales de un funcionario.
