Un abogado defensor cuenta que la Ley antidrogas y la popularización del artículo 22 de la misma, que permite la delación compensada, cambió los códigos “éticos” de la delincuencia chilena, que antes miraba con cierto respeto a los abogados, los jueces y los gendarmes. Hoy existe un incremento paulatino en las amenazas contra los custodios de la cárceles chilenas y, curiosamente, la región donde más amenazas hubo el año pasado no fue la metropolitana ni las del norte, sino la del Maule.
Mucha preocupación existe al interior de distintas unidades penales chilenas, debido a la forma en que se ha ido registrando un aumento sostenido en las amenazas a funcionarios de gendarmería en los últimos tres años y medio.
Distintas fuentes señalan que obedece a un hecho claro: el incremento de la población vinculada al crimen organizado y no solo el perteneciente a organizaciones transnacionales, como el Tren de Aragua o “Los Pulpos” de Perú, sino también a un cambio en la criminalidad local.
Como dicen algunas fuentes vinculadas al tema, hasta hace una década los delincuentes chilenos aún conservaban algunos códigos, que no solo tenían que ver con aquello de que, por ejemplo, no se roba en el lugar donde se vive, sino que iban más allá, e implicaban tenerle respeto a los jueces (y muy al inicio de la Reforma Procesal Penal, a los fiscales), a los abogados defensores y a los gendarmes.
Sin embargo, eso cambió notoriamente como consecuencia de la explosión del narcotráfico en Chile y del momento en que los traficantes descubrieron la utilidad del Artículo 22 de la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes) que, en definitiva, permite la cooperación eficaz, por medio de la cual el traficante que delata a otro puede recibir una rebaja de hasta tres grados en la pena.
“Eso quebró por completo la ley no escrita de los delincuentes chilenos para quienes, antes de aquello, no había nada peor ni más repugnante que ser un sapo, un delator. Cuando eso dejó de ser un tabú, se comenzó a correr aún más el cerco y comenzaron a cambiar muchos hábitos y también los antiguos respetos. Hoy ya no es tema amenazar al abogado defensor, al fiscal o al gendarme”, relata un conocido abogado defensor, quien precisa que solos los “caneros viejos” siguen guiándose por aquellas máximas, hoy en desuso por parte de las generaciones más jóvenes.
Las estadísticas de Gendarmería, entregadas vía Transparencia, evidencian, en efecto, un aumento en las amenazas.
Si en 2020 hubo 501 amenazas de parte de internos a funcionarios de la institución, en 2021 fueron 539 y en 2022 se llegó a 642. A julio de este año ya van 328 denuncias, lo que hace suponer que la cifra final será semejante a la del año pasado.
Curiosamente, la región donde más amenazas hubo el año pasado no fue la Metropolitana (donde se registraron 52) ni las del norte, donde se ha concentrado la criminalidad organizada transnacional, sino la del Maule, en la cual se contabilizaron 70 amenazas. Luego vienen las regiones de Antofagasta y Los Lagos (54), Bío Bío (53), Araucanía y Los Ríos (52), Valparaíso (49) Ñuble (47), Arica y Parinacota (45), entre las que más delitos de este tipo denunciaron.
