Condenada en primera instancia a cuatro años por revelación de secretos, la jueza Cecilia Urbina espera el resultado del recurso de nulidad que interpuso, buscando revertir el señalado fallo. Dos de los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que deben pronunciarse al respecto –Jaime Meza y Juan Rondini– ya fallaron previamente a favor de ella, en el marco de un sumario administrativo que se inició cuando la Fiscalía pidió su desafuero, antes de llevarla a juicio.
En diciembre del año pasado, Cecilia Urbina Pinto, jueza de Garantía de Coyhaique, fue declarada culpable por el Tribunal de Juicio Oral de esa ciudad por dos delitos de revelación de secreto, luego de ser acusada de haber entregado antecedentes reservados, relativos a una investigación que la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI llevaba en contra de su hijastro, Jorge Cáceres Vásquez.
De acuerdo con la investigación efectuada por la Fiscalía, Urbina informó a su cónyuge (Jorge Cáceres Osses) que el joven estaba siendo investigado y que su teléfono celular estaba siendo intervenido, información que este dio a conocer a su hijo. Ello –a juicio del organismo persecutor– significó un grave perjuicio para el caso, pues, entre otras cosas, el investigado se deshizo del aparato, el que contenía valiosa información.
Cuando Cáceres Vásquez fue aprehendido, la magistrada se hizo presente en el control de detención, ante lo cual la jueza que lo dirigía, Florentina Rezuc, la decretó en reserva. Tras ello se supo que Urbina había pedido información de la causa a distintos funcionarios del tribunal, debido a lo cual se inició una investigación sumaria en su contra, en la Corte de Apelaciones de Aysén, en la que fue sancionada con una suspensión de funciones por tres meses y goce de medio sueldo.
A dicha indagatoria interna se sumó otra de la misma naturaleza, luego de que Urbina fuera desaforada ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique y acusada por el Ministerio Público por los delitos de revelación de secretos y prevaricación. En el juicio oral respectivo fue condenada a cuatro años de presidio vigilado intensivo, mientras que su hijastro (en otro juicio) fue condenado a 10 años, junto a otros ocho imputados por tráfico de drogas.
Sin embargo, en lo relativo a la segunda investigación sumaria que enfrentaba, Urbina solicitó que todos los ministros de Coyhaique fueran inhabilitados, tras lo cual dicha causa debió ser enviada a la Corte de Puerto Montt, jurisdicción que ella conoce muy bien, dado que trabajó en el Juzgado de Chaitén por cerca de una década.
En la capital de Los Lagos su suerte fue muy distinta, pues el Pleno de la Corte de esa ciudad, integrado por los ministros Jaime Meza, Juan Rondini y Gladys Avendaño, la absolvió del segundo sumario, apelando –entre otras cosas– el principio de non bis in idem, es decir, que ella ya había sido juzgada por esos hechos.
Tras ello, la jueza solicitó la nulidad del juicio en que fue condenada a cuatro años y nuevamente pidió la inhabilidad de los ministros de la Corte de Coyhaique, por lo cual los alegatos respectivos se realizaron el 18 de julio pasado en el tribunal de alzada de Puerto Montt, en una Sala conformada por los ministros Meza y Rondini –vale decir, dos de los tres magistrados que la absolvieron en lo administrativo–, además del abogado integrante Darío Parra.
Fuentes allegadas al caso explican que, como se trata de cuerdas separadas –una es la penal y la otra es la administrativa–, el fiscal que alegó, Álvaro Pérez, no podía recusar a los ministros, pese a lo cual las mismas fuentes sostienen que “hay un evidente conflicto, dado que ellos ya emitieron opinión sobre los mismos hechos materia de esta nulidad, aunque por medio de la vía del sumario“.
La resolución respecto de la nulidad y, por ende, del futuro de la jueza (quien no ha perdido su calidad de tal), se conocerá el próximo lunes 7 de agosto.
