Sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt –donde previamente había sido absuelta en una causa administrativa– echó por tierra las pretensiones de la jueza de Garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina, en orden a que se anulara el juicio en el cual fue condenada a cuatro años de libertad intensiva vigilada, como autora de dos delitos de revelación de secretos. La única posibilidad que le queda ahora es recurrir de queja ante la Corte Suprema.
Pese a la buena opinión que sus cercanos (y también condenados) tenían de la justicia de Puerto Montt, y no obstante el hecho de que, en el pasado, dos de los ministros que ayer fallaron lo hicieron en forma favorable a ella, las cosas ahora no salieron nada de bien en la Corte de Apelaciones de la capital de la Región de Los Lagos, donde se dio a conocer el fallo de dicho tribunal de alzada respecto al recurso de nulidad que la jueza de Garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina, había interpuesto, luego de ser condenada a cuatro años por revelación de secretos.
Como había explicado El Mostrador, dos de los tres ministros que resolvieron el recurso que buscaba anular la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique habían previamente fallado a favor de ella, en el marco de un sumario administrativo que había sido trasladado desde la Región de Aysén a la de Los Lagos, luego de que la magistrada recusara a los ministros de Coyhaique, aseverando que estos ya habían emitido opinión. En efecto, los jueces de Puerto Montt la absolvieron de la causa sumaria y ello hacía suponer a sus cercanos que Urbina contaba –literalmente– con santos en la corte.
Sin embargo, ayer el tribunal de alzada puertomontino entregó un dictamen inequívoco al respecto, aseverando –en 25 páginas– que el fallo por medio del cual fue condenada, junto a su cónyuge, Jorge Cáceres Osses, padre del narcotraficante Jorge Cáceres Vásquez (a quien le filtraron acerca de una investigación secreta que se llevaba en su contra), estuvo ajustado a Derecho.
Agotada la segunda instancia, la única alternativa que le queda ahora a la defensa de la magistrada es recurrir de queja ante la Corte Suprema.
