Hoy, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) debe entregar –bajo apercibimiento de arresto de su director– información sobre el algoritmo informático que utiliza el Poder Judicial (PJUD) para asignar las causas a los tribunales. Esto en el marco de la investigación de dos querellas por delitos informáticos, contra quienes resulten responsables, presentadas por Manuel Cruzat y Jorge Said. Los empresarios sospechan de sabotaje informático al sistema que designó al Segundo Juzgado Civil de Santiago, responsable tanto del fallo que determinó la quiebra de Curauma (Cruzat), como la insolvencia transnacional de Latam (Said).
Setenta y dos horas de plazo –que se cumple hoy viernes– dio el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) para entregar los datos técnicos sobre el algoritmo que asignó las causas de la quiebra de Curauma (2013) y la insolvencia transnacional de Latam (2020), un requerimiento que la Fiscalía Centro Norte viene solicitando desde el 28 de febrero pasado y que la CAPJ ha ignorado reiteradamente. Por ello es que la orden de la jueza Pilar Ahumada es “bajo apercibimiento de arresto” del director de la CAPJ, Ricardo Guzmán.
La diligencia se lleva a cabo en el marco de la investigación por la querella por delitos informáticos, contra quienes resulten responsables, presentada por José Manuel Cruzat Infante en noviembre de 2022 y una querella similar deducida por Jorge Enrique Said Yarur en diciembre de 2022, ambas patrocinadas por la abogada Jessica Torres y el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán.
Un nuevo “round” en la serie de denuncias y querellas cruzadas con que viene lidiando Manuel Cruzat desde 2013, por el autodenominado Caso Curauma, pero esta vez está acompañado por Jorge Said.
Los empresarios denuncian sospechas de sabotaje del sistema automático que asigna la tramitación de causas civiles de la Corte de Apelaciones de Santiago. Manuel Cruzat plantea que el sistema de distribución de causas, en la quiebra de Curauma S.A. y en la designación del tribunal para la insolvencia transnacional de Latam, no cumplió con los protocolos previstos, puesto que ambas recayeron en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, pese a que –según los criterios fijados por el Poder Judicial– deberían haber sido revisadas por el 6° Juzgado Civil y 15º Juzgado Civil, respectivamente.
“Tanto la quiebra de Curauma S.A., como la Insolvencia de Latam Airlines (la que es conocida por un Tribunal en Nueva York y también en Chile), son conocidas en el Segundo Juzgado Civil de Santiago. Los abogados que representan los intereses de Latam Airlines son los mismos que participaron en la quiebra Curauma S.A. representando los intereses de EuroAmerica Seguros de Vida S.A.; ambos casos obedecen a materias similares y, en definitiva, vemos que existe una coincidencia en torno a tres materias relevantes: Casos de connotación pública, mismos abogados (Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta) y mismo tribunal”, señala el escrito.
Y agrega: “Desde la lógica de la aplicación de algoritmos y de las probabilidades, no parece lógico ni razonable que el sistema responda de esta forma al sorteo de tribunales. Cabe advertir que la posibilidad que, en forma conjunta, ambos eventos independientes derivaran al mismo tribunal es de 1,75 en 1.000, esto es, el equivalente a obtener una sola carta específica en una baraja de 571 cartas que no se repiten. Ello provocó que se pidiera información respecto de la forma en que se llegó a distribuir estas causas ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago”, señala el escrito.
Después de analizar y comparar las probabilidades según los criterios de asignación de causas en los distintos tribunales, la querella expone que existe evidencia de que en la asignación de ambas no se aplicaron los procedimientos establecidos por el Sistema de Asignación de Causas, “puesto que, de haberse aplicado, el parámetro que en el caso de existir más de un tribunal candidato (con la misma cantidad mínima), la causa será distribuida al tribunal que posea la menor cantidad de ingresos totales (según lo informado por la propia Corporación), el tribunal competente para conocer de la causa Curauma debió ser el 6º Juzgado Civil de Santiago, mientras que en el caso de Latam, debió ser el 15º Juzgado Civil de Santiago, lo que da cuenta de un Sistema que ha sido vulnerado”.
La quiebra de Curauma S.A. fue declarada en diciembre de 2013. Lo que significó poner en venta el proyecto inmobiliario de 535 hectáreas. Desde el inicio, Manuel Cruzat apuntó a movimientos extraños. Por ejemplo, el convenio judicial se inició en Valparaíso, pero un tercero solicitó la quiebra en Santiago, por lo que terminó asignada al juzgado capitalino.
Desde entonces se han desarrollado una serie de litigios. Incluso, el año pasado, Cruzat invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pidió que intervenga la Corte Interamericana de Justicia, porque se estaban vendiendo los predios en un 10% menos de su valor.
Jorge Said, al conocer las “coincidencias” de su caso con el de Cruzat, también presentó una acusación. En su presentación explica que, como accionista minoritario de Latam desde 2008, llegó a ser titular de 1.163.098 acciones, equivalentes a 0,21% del total de acciones emitidas a esa fecha. Afirma que por gestiones deficitarias de sus ejecutivos, integrantes del grupo controlador, sus acciones se redujeron a 300, “luego que Latam decidiera iniciar el proceso de insolvencia en Nueva York, denominado Chapter 11. En Chile, en tanto, la aerolínea puso en marcha su insolvencia transfronteriza en el 2° Juzgado Civil de Santiago, bajo la representación de los mencionados abogados Eyzaguirre y Huerta”, dice la querella.
Y añade que “habiendo tomado conocimiento de la acción penal que don Manuel Cruzat Infante ha deducido, fundada en la configuración de eventuales delitos informáticos en las causas de la quiebra Curauma S.A. (que también se conoce en el segundo Juzgado Civil de Santiago) y en la insolvencia transfronteriza de Latam, y previo requerimiento de información, he decidido deducir la acción penal respectiva, atendida la calidad de accionista y controlador de la titular de dichas acciones de la empresa Latam Airlines Group S.A., pues existen muchas coincidencias en relación con resoluciones dictadas en ambos procesos, incluyendo la participación de similares abogados, en ambas causas, que hacen necesaria una investigación más profunda”.
Una vez que los datos sean entregados, la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones deberá realizar las pericias para determinar si las coincidencias denunciadas son más que eso. Por su parte, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sigue adelante con la investigación de la arista sabotaje de Curauma y Latam.
