A la espera de la formalización, de parte del fiscal Xavier Armendáriz, por la querella en contra del Alto Mando de Carabineros, se supo del envío directo (de forma irregular), al Fiscal Nacional, de documentos pagados por el general Ricardo Yáñez para “cooperar en la investigación penal”.
Una carta que contiene un informe en derecho mandó el abogado Jorge Martínez Cornejo, defensor del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como parte de la estrategia jurídica con la cual la máxima cabeza de la institución uniformada busca evitar ser formalizado por las violaciones de los derechos humanos cometidas por carabineros durante el estallido social.
En ella se lee que “este informe se entregó por esta defensa a la fiscal doña Ximena Chong Campusano, como informe de la defensa, pero como demostración del interés del general director don Ricardo Yáñez de cooperar en la investigación penal a que se refieren (…) por el supuesto delito de responsabilidad de mando del superior”, debido a la investigación relativa “a la responsabilidad de la superioridad de Carabineros de Chile en una supuesta comisión omisiva, vinculada con los hechos ocurridos territorialmente en el sector denominado plaza Italia y en plaza de Maipú entre los días 18 de octubre de 2019 y 31 de marzo de 2020”.
La misiva contiene el Informe en derecho con addendum titulado “El delito de apremios ilegítimos en Chile y su realización omisiva”, además de un addendum (agregado) sobre la Ley Naín-Retamal, confeccionado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.
En el texto explica que le está enviando de manera directa el informe –donde se refiere igualmente a la querella por altos mandos presentada por el INDH el 16 de noviembre de 2022 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra del Alto Mando de Carabineros, que también fue anexada a la causa—, porque “para el general director don Ricardo Yáñez Reveco, resulta de la más alta importancia que usted conozca el contenido de estos informes, y que si usted lo estime a bien, sean puesto a disposición de la unidad de estudios de la fiscalía nacional, o a las personas que usted designe”.
Y prosigue: “Por último, informo a usted que el general director don Ricardo Yáñez prestará declaración voluntaria en esta causa, como lo ha hecho en todos los procesos en que ha sido citado, derivados de los hechos ocurridos en el país a contar del día 18 de octubre de 2019”, época en que Yáñez era el director de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar) y, por ende, era quien estaba al mando de todo lo que ocurría en las calles.
Sin embargo, el documento no explica por qué el general Yáñez, que ha sido citado seis veces a declarar por la fiscal Ximena Chong, solo ha concurrido en una ocasión, en la cual se acogió a su derecho a guardar silencio. Hasta ahora ha justificado ese comportamiento señalando que ya prestó declaración (abril de 2021). Sin embargo, esa declaración la hizo en una causa paralela, por la que declaró en calidad de imputado ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la que está incorporada en la investigación de la fiscal Chong. También ha alegado haber prestado declaración como testigo en otras investigaciones llevadas adelante por la misma persecutora, en causas sobre hechos similares.
Si bien Valencia acusó recibo a Martínez, le dejó claro que “los documentos serán puestos a disposición del fiscal regional Xavier Armendáriz, considerada su designación mediante resolución para dirigir las investigaciones de la querella”. Y a través de un oficio, envió los documentos a Armendáriz.
Curiosamente, días antes Valencia había declarado en CNN que en esa Fiscalía no había investigaciones por violaciones sistemáticas de DD.HH. en el contexto del estallido social. “Hay una sobre responsabilidad de Alto Mando y otra por delitos de lesa humanidad”, dijo. Desde Amnistía Internacional le recordaron, en la ocasión, que corresponde al Estado investigar violaciones de los derechos humanos.
“No hay problema aparente en que la defensa envíe antecedentes que ayuden a una investigación. Es poco frecuente, eso sí, nadie lo hace”, señala un abogado, “porque el conducto regular es agregarlo a la carpeta investigativa y/o entregarlo directamente al o la fiscal que está llevando la investigación”, agrega.
Entonces, ¿por qué el informe realizado por la Universidad Católica “da la vuelta” por la Fiscalía Nacional?
“Está claro que es una forma de presión política. Busca ‘meter en el baile’ a una autoridad de la República, una persona que ha sido designada por el Gobierno, porque evidentemente, si se llega a formalizar al general director de Carabineros, la administración del Presidente Boric estaría en un dilema, por decirlo de forma suave. ¿Qué haría el Gobierno: mantiene al general Yáñez en su puesto mientras está formalizado? Entonces, la defensa, astuta o mañosamente, no sigue el conducto de la vía procesal que todo el mundo usa… Ejerce presión, y eso lo digo desconociendo cuántas copias de la carta fueron enviadas a otras oficinas”, sostiene un académico y abogado.
“Por cierto, también es curioso que la Universidad Católica preste su prestigio como institución para realizar un informe pagado por alguien que está investigado en una causa de derechos humanos”, añade el mismo académico.
Hace pocos días, a cuatro años del estallido social, Amnistía Internacional recordó el ataque sistemático en contra de la población civil, donde las cifras hablan de 34 fallecidos, 460 personas con lesiones oculares –algunas con pérdida total de la visión–, 8.827 denunciantes de eventuales violaciones a sus derechos humanos y miles de querellas. “Es el saldo del descontrol en las protestas y el accionar de las fuerzas policiales. Pero, hasta ahora los resultados de la justicia no se condicen con la magnitud de las denuncias”, afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, a través de un editorial en la página de la entidad.
De hecho, el informe ‘Ojos sobre Chile’ (2020) de Amnistía, advirtió sobre la necesidad de investigar la posible responsabilidad de los altos mandos de Carabineros. Es decir, al general director, el subdirector y al director de Orden y Seguridad (Dioscar), en sus respectivos cargos en el momento de los hechos. Han pasado tres años desde ese informe.
El tiempo corre. En unos días se cumplirá un año de presentada la querella. El general Yáñez no ha declarado. Amnistía Internacional desplegó, hace unas semanas, una campaña para que los ciudadanos de todo el mundo se pronuncien y pidan directamente al fiscal Xavier Armendáriz imputar a los responsables, a través de una carta modelo en tres idiomas (francés, inglés y español). El plazo para enviar la carta es hasta el 27 de noviembre próximo.
¿Qué está demorando al fiscal? “Debería estar todo listo para la formalización”, señalan fuentes cercanas. “Quizá haya negociaciones”, añade otra fuente.
Lo concreto es que, de producirse la formalización, el impacto en el Gobierno no será menor, pues el Ejecutivo tendrá que decidir si mantiene en funciones a un general director de Carabineros formalizado por violaciones de los derechos humanos (por omisión, responsabilidad de mando) en el marco del estallido social, un general director que, contra todo lo que se esperaba, se ha convertido en un estrecho aliado del Presidente Boric, quien ha depositado toda su confianza en él.
