Hermanos Ricardo y Yolanda Salazar Tarriba recibieron penas de 23 y 18 años en Iquique. Usaban EncroChat y Sky ECC, dos aplicaciones de mensajería encriptada que nunca se habían visto en Chile.
Duras fueron las sentencias que el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique entregó ayer en contra de dos hermanos mexicanos, Ricardo y Yolanda Salazar Tarriba, quienes fueron sentenciados a penas de 23 y 18 años de presidio.
La Fiscalía Regional de Iquique y Tarapacá recordó que la investigación partió en 2020, como resultado de información aportada por la DEA, la agencia antidrogas de EE.UU., según la cual ciudadanos extranjeros pertenecientes a una célula del cartel de Sinaloa tenían la intención de abrir una “línea de salida” de cocaína, importada desde Bolivia, la que se acopiaría en Alto Hospicio, para finalmente, haciendo uso de las plataformas portuarias y aeroportuarias, lograr su envío hasta diversos puertos y aeropuertos de Europa, entre ellos, Amberes y Róterdam.
Por cierto, los líderes de la célula estaban asentados en Barcelona y uno de ellos era el irlandés-mexicano Morris O’Shea Salazar, hijo de Yolanda Salazar Tarriba, que mantiene vigente una orden de extradición, y un ciudadano británico que era el financista, Patrick Joseph Daly, quien también ocupa la identidad de Garry James Steele. Según indica el fallo, este enviaba el dinero necesario para la compra de la droga por medio de bancos ubicados en Europa y en Dubái (Emiratos Arabes Unidos)
Durante el tiempo que estuvo en Chile, Ricardo Salazar Tarriba gestionó el ingreso al país de 350 kilos de clorhidrato de cocaína provenientes de Bolivia. Sin embargo, debido a problemas médicos, en diciembre de 2020 arribó al país su hermana Yolanda, quien comenzó a recibir instrucciones de su hijo para proseguir con el envío de la droga, la que sería enviada vía marítima por la Región de Valparaíso a Amberes, en Bélgica.
De igual forma, en la investigación se trabajó con la policía española respecto del envío de otro cargamento vía aérea, lo que no se concretó, ya que el 10 de marzo de 2021 ambos imputados fueron detenidos en el aeropuerto de Pudahuel, cuando se disponían a abandonar el país.
En el juicio, el abogado de Ricardo Salazar Tarriba negó que este fuera pariente de Joaquín “Chapo” Guzmán, el máximo líder del cartel de Sinaloa y que actualmente está preso en Estados Unidos, por lo cual la organización criminal, considerada uno de los dos más importantes carteles mexicanos –junto con Jalisco Nueva Generación, también presente en Chile–, está en manos de sus hijos, llamados “Los Chapitos”. El vínculo devendría de la relación de Guzmán con su primera esposa, María Alejandrina Salazar Hernández, que es la madre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el “chapito” que encabeza el cartel hoy por hoy y por cuya detención, así como por la de su hermano Jesús, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares.
Independientemente de si los enjuiciados en Iquique eran parientes políticos de Guzmán o no, en el juicio se exhibieron evidencias relativas a comunicaciones entre Ricardo Salazar y su sobrino, en una de las cuales este le indicaba que “hoy me llegó el dinero del chapito”. Por cierto, en la agenda telefónica de Salazar, entre otros nombres, figuraba “Chapo”.
Dicho diálogo quedó archivado en la aplicación EncroChat que ocupaba Salazar Tarriba, una aplicación de comunicaciones encriptadas que usaban solo grupos criminales de alto nivel, lo mismo que Sky ECC, las que de hecho dejaron de actuar luego de que la Europol las desmantelara por complejo, en una serie de operaciones efectuadas entre 2020 y 2021.
Durante el juicio, uno de los agentes encubiertos que la PDI infiltró en la organización explicó que ambos sistemas “tenían un sistema de quema segura en virtud del cual en un día determinado podían borrar toda la información sin que quedara nada”. Asimismo, el oficial –que comenzó su testimonio señalando que había actuado como infiltrado en 18 operaciones policiales distintas– indicó que “para ingresar a esta plataforma no basta con descargar una aplicación, sino que se debía comprar un teléfono que ya venía con el sistema instalado y además pagar una membresía cada seis meses” y que “la policía de Europa (Bélgica, Holanda y Francia) se infiltró en los servidores logrando obtener la información y respaldarla de tal manera que cuando los sujetos hacían la quema segura, ellos ya tenían respaldada la información en soportes”.
De hecho, el mismo agente precisó que era la primera vez que se veía en Chile a sujetos operando con estos sistemas y que, en función de todo lo que lograron recabar, determinaron que la célula del cartel de Sinaloa tenía planificado exportar contenedores en forma periódica, desde Chile hacia Europa, cargados en cada viaje con una tonelada de cocaína, y que la inversión inicial para ello en el país iba a ser de 10 millones de dólares.
La droga sería enviada desde Santa Cruz de la Sierra a un paso ilegal ubicado en las cercanías de Colchane. Desde allí la enviarían a Iquique, para luego exportarla desde Valparaíso, donde debía llegar a dos sitios de atraque específicos en Amberes y en Róterdam (1700 y 1742, respectivamente) por un solo motivo: porque eran controlados por la célula de Sinaloa que encabezaban O’Shea y Daly.
