Foto: Javier Salvo/Agencia UNO
El consejo directivo del CPLT se encuentra sin sesionar debido a falta de quórum, tras la salida de Francisco Leturia y Gloria de la Fuente. El organismo cuenta con solo dos integrantes y requiere, al menos, tres para funcionar. Parlamentarios emplazan al Ejecutivo a proponer nombres con urgencia.
Si en marzo del año pasado el Consejo para la Transparencia (CPLT) estaba a media máquina, hoy está en punto muerto por falta de integrantes.
Aunque hubo una sesión el 21 de diciembre, en la que participó el otrora presidente del organismo, Francisco Leturia, la última acta publicada del consejo directivo data del 5 de diciembre de 2023. Además, a la fecha, no han compartido nada en sus redes sociales desde el 28 de diciembre del año pasado.
Si bien ha habido actividad reciente en el organismo, como reuniones con otras entidades, es el consejo directivo el que se ha ido diluyendo de a poco. Con la designación de Gloria de la Fuente como subsecretaria de Relaciones Exteriores, tras el cambio de gabinete del 10 de marzo, el CPLT se quedó sin una de sus integrantes.
Además, tras la salida de Leturia en diciembre –aunque dejó oficialmente el cargo a fines de octubre–, la presidencia del CPLT quedó en manos de Bernardo Navarrete, con lo cual el consejo se quedó con solo dos integrantes: el propio Navarrete y la excomisionada experta Natalia González.
El tema es que el consejo directivo no puede sesionar debido a que requieren de, al menos, tres de los cuatro consejeros para ello.
Y desde el Ejecutivo no han propuesto nuevos nombres. El Presidente Gabriel Boric debe hacer la nominación, que además requiere de la aprobación de los 2/3 de los senadores en ejercicio. Pero el trámite puede demorar por “cosas de la política”.
Consultado por las consecuencias del punto muerto en el que se encuentra el CPLT, Francisco Leturia explicó a El Mostrador que es difícil de decir, porque depende de cuánto tiempo dure la parálisis. De todas formas, y en cualquier escenario –dijo–, son miles de casos los que están pendientes. Y ello sin contar la imposibilidad de decretar sumarios y sanciones.
La negociación debería estar en marcha, pero se teme que la discusión quede pendiente hasta marzo, cuando los senadores regresen a sus funciones después del receso parlamentario o, incluso, más tarde. Leturia teme que la discusión pueda prolongarse y extenderse incluso hasta abril.
Cabe mencionar que, además del cupo de Francisco Leturia, quien podría volver al organismo, la otra vacante corresponde al PS-PPD y además tendría que ser mujer para mantener la paridad.
“La ley habla de una propuesta de dos nombres, no da ninguna otra orientación. Y aunque muchos hablen de cuoteo, en estas materias, como en muchas otras, las diferencias políticas no son relevantes. Más del 99% de las resoluciones son unánimes y cuando hay discrepancias obedecen a otros criterios. Y dado el alto quórum exigido para ratificar, es muy poco probable que se propongan personas cuestionadas, u operadores políticos. Al final del día, el CPLT es un tribunal que controla a municipios y al Gobierno, por lo que el perfil generalmente buscado es el de alguien que pueda ser severo y, además, objetivo e imparcial”, comentó el abogado de la PUC y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca.
Parlamentarios han manifestado su preocupación por la paralización del CPLT.
“En momentos en que Chile vive una crisis de confianza en las instituciones y una corrupción creciente, es incomprensible que al Presidente Boric sus ministros y asesores no le hayan prevenido en la necesidad de nombrar, al menos, a una persona para dar el quórum de funcionamiento al Consejo para la Transparencia”, fustigó el senador Iván Moreira (UDI).
“Después de los progresos en crear una institucionalidad, no se entiende la demora. Es como si el Tribunal Constitucional no pudiera sesionar por falta de nombramientos. Como una señal clara de compromiso con la Transparencia, el Presidente debiera nombrar a la brevedad a un miembro y permitir que el organismo vuelva a sesionar”, añadió el legislador gremialista.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) sostuvo que “es grave” lo que está sucediendo con el Consejo para la Transparencia. Evidentemente, dijo, con todos los temas que han salido en los últimos días, no solo aquellos relacionados con lobby, sino que respecto de la propia actividad política, la relación del mundo empresarial con la política, la relación entre los propios empresarios, “se hace muy, muy urgente que el CPLT logre llenar los cupos de las personas para que este pueda funcionar”.
“Es relevante echarlo a andar nuevamente para que las dudas sobre la acción pública, política, empresarial, de relaciones en este país, no se siga deteriorando”, señaló Aedo.
El parlamentario DC emplazó al Gobierno a tomar definiciones, sobre todo porque “los últimos hechos en relación a las reuniones en casa de Zalaquett hacen que sea más urgente resolver esta situación”.
“Hago un llamado, a nombre de la propia bancada de la Democracia Cristiana, a que estos nombres se resuelvan con celeridad, que no se siga dilatando esto”, agregó el diputado Aedo, junto con recordar que también ha costado avanzar en nombramientos en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Contraloría.
A raíz de los últimos acontecimientos que resaltan la importancia de la transparencia, como el caso Convenios y ahora las ‘divinas comidas’ en el domicilio del lobbista Pablo Zalaquett, Carlos Huneeus, director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), afirmó que “hay consenso en la necesidad de perfeccionar la Ley del Lobby, pero se debe exigir a políticos y empresarios no romper su espíritu”.
Según el académico, debe aplicarse la Ley de Transparencia, pero criticó que esta “no funciona” precisamente porque el Consejo para la Transparencia tiene solo dos integrantes. “El Gobierno y el Congreso deben nombrar a los que faltan”, sentenció.
En todo caso, cabe mencionar que la historia registra que los nombramientos suelen demorar. En los casos de Natalia González y de Bernardo Navarrete, en 2020, se retrasó tanto que el CPLT estuvo más de dos meses sin funcionar. Algo parecido ocurrió cuando fueron nombrados Francisco Leturia y Gloria de la Fuente en 2017.
A raíz del reclamo de los exintegrantes del Comité Pro Paz por el cambio de nombre de la calle Santa Mónica en Santiago, la cual ya fue modificada por el nombre de Jaime Castillo Velasco, por iniciativa de la municipalidad encabezada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), el abogado Álvaro Varela ingresó una petición al Consejo para la Transparencia.
Se trata de un recurso para que, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, se adopten medidas para enmendar la tramitación de una solicitud “de acceso a información vía Transparencia y evitar trámites dilatorios”.
Con fecha 18 de octubre de 2023, el abogado solicitó a la Municipalidad de Santiago la entrega, vía Transparencia, del siguiente documento: “Requerimiento ingresado oficina de partes 12 de julio de 2023, por Marcel Young Debeuf, que solicita cambio de nombre de calle Santa Mónica por Jaime Castillo Velasco”.
Sin embargo, Varela fue notificado en noviembre que el consejo declaró inadmisible el “amparo” en contra del municipio, siendo que la solicitud no era un recurso de amparo sino un requerimiento de pronunciamiento y solicitud.
“La decisión del CPLT se ha pronunciado respecto de algo que no ha sido lo solicitado, dejando de lado lo verdaderamente pedido y las facultades que le otorga la ley. Y al hacerlo, me ha dejado en la indefensión”, expresó el abogado del Comité Pro Paz –precursor de la Vicaría de la Solidaridad–.
Ante esta situación, posteriormente –esta vez sí– se presentó un recurso de amparo, el cual hasta la fecha no ha recibido respuesta por parte del Consejo para la Transparencia.
