Ángel Valencia abrió una investigación de oficio para buscar posibles delitos en la entrega de pensiones de gracia en el contexto del estallido social. “En plena crisis de seguridad se utilizan recursos de las comunas con más crímenes para algo que, en términos penales, aún es difuso”, señalan.
Una inquietud invade a varios observadores y abogados de la plaza, e incluso recorre los pasillos de varias fiscalías. “¿Por qué el Fiscal Nacional crea un equipo especial para investigar de oficio el proceso de entrega de pensiones de gracia a personas que sufrieron apremios en el contexto del estallido social, desplegando recursos humanos y materiales de una de las zonas (Metropolitana Occidente) que más los requieren para perseguir crímenes?”, cuestionan varias fuentes judiciales.
Todo se gestó después que se hiciera pública la auditoría especial de la Contraloría sobre el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia –por los gobiernos de Sebastián Piñera y de Gabriel Boric– a víctimas de violaciones a los derechos humanos, a partir del 18 de octubre de 2019. La entidad concluyó, entre otros resultados, que 58 de los 419 beneficiados “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”. Además, 10 casos fueron objetados por falta de antecedentes médicos que respalden los relatos que los acreditaron como víctimas. Posteriormente, el Gobierno dijo que en realidad eran 69 los casos.
Después de una semana de polémicas y contradicciones, principalmente entre el Ejecutivo y la derecha, y pese a que la Ley 18.056 no pide como requisito el no tener antecedentes penales para recibir una pensión de gracia (por gracia exclusiva del Presidente), la Fiscalía Nacional informó, a través de un comunicado, que “conforme a los antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República, y la presentación de parlamentarios ante diversas instituciones, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia. Las figuras que se perseguirán son las contempladas en los artículos 233, 239 y 470 N° 8. Al respecto, la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas”.
Para tal efecto designó al recién nombrado Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien a su vez y rápidamente conformó un equipo especial, con dos fiscales más: “Hemos adoptado una serie de decisiones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. He designado dos fiscales de apoyo para esta investigación con especialidad en delitos funcionarios y corrupción y en delitos económicos indistintamente de la Fiscalía local de Maipú y de Pudahuel”, informó Pastén, quien además solicitó a la PDI conformar un equipo con miembros de la Brigada Anticorrupción. El grupo será apoyado por las unidades Anticorrupción y de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
“Prácticamente se crea una nueva unidad especial para investigar el asunto. Y no es que no sea importante el tema, pero nombrar a un Fiscal Regional para investigar de oficio algo que en términos penales aún es difuso, respondiendo a presiones y a un contexto político puntual, me parece que no responde ni a las prioridades ni a la complejidad”, apunta una abogada penalista.
Y agrega: “Hace una semana se informó sobre las cifras de homicidios en la jurisdicción Occidente, donde incluso ha habido niños asesinados. Para esos casos no se asigna un fiscal especial, pero para una investigación de oficio sí, cuando ni el Consejo de Defensa del Estado se ha pronunciado. El Fiscal Nacional responde con un discurso populista. Si es tanto el interés, lo lógico sería poner a un equipo de la Nacional (Fiscalía) a revisar los antecedentes y no quitarle recursos a la zona Occidente de Santiago, a sus pobladores. No es coherente con el relato sobre seguridad”.
“¿Con quién se está congraciando Valencia? ¿Con la derecha, con Carabineros…? Me parece que con el poder. Está ahí porque le da confianza a un sector y debe pagar esa confianza. Valencia vio acá una oportunidad para mostrarse ágil. Estaban todos discutiendo –la mayoría con mucha ignorancia–, sobre Derecho Internacional de Derechos Humanos, entonces aprovechó el momento y apareció de oficio, para no quedar fuera como inactivo. Y ‘creó’ una unidad especial para investigar las pensiones”, afirma una fuente.
“La gente que efectivamente sabe de derechos humanos y conoce los protocolos entiende que las acreditaciones de tortura, castigos y tratamientos crueles son complejas, por eso Valencia habla de buscar otros delitos. Sin embargo, el Estado chileno –que ha ratificado los tratados internacionales al respecto– no ha hecho una reparación integral como exige el Derecho Internacional de Derechos Humanos, que incluye una serie de ítems: salud mental, subsidios, dinero, etc. Acá lo que pasó con los dos gobiernos (Piñera y Boric) es que pensaron: ‘No estamos haciendo nada por las víctimas… A ver, démosle una pensión de gracia para que no nos digan nada desde afuera’. Si alguien fuera ante un organismo internacional y preguntara si Chile cumple con el estándar de reparación integral al haber dado las pensiones de gracia, de seguro la respuesta sería: no. Y podrían exigirle al país cumplir lo que ha firmado. Recordemos que la calificación de derechos humanos es importante para hacer negocios (los tratados comerciales lo exigen), para la cooperación científica y tecnológica, entre otras cosas. Entonces, la investigación del Ministerio Público puede servir, pero no mueve ninguna aguja”, explica un especialista en derechos humanos.
