Ocho meses han pasado desde que el diputado Miguel Mellado (RN) grabó a escondidas al Presidente Gabriel Boric y luego divulgó su contenido a los medios. ¿Qué ha pasado? Hasta ahora, nada. Distinta suerte corrió la asesora de la excanciller Urrejola, que en la misma situación, ya está formalizada.
Hace unos días, la exfuncionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y periodista Ana Lorena Díaz fue formalizada por delitos contra la vida privada y la privacidad de las conversaciones, tras ser acusada de divulgar un audio de un encuentro privado ocurrido en la Cancillería en enero de 2023. En el audio difundido se escuchaba a la exministra Antonia Urrejola criticar al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por dichos en torno al rechazo del proyecto minero Dominga.
El fiscal oriente, Manuel Zará, dijo en su oportunidad que la periodista, “captó, grabó a la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola y posteriormente filtró dicha conversación”.
Aunque lo más seguro que este caso termine con una suspensión condicional del procedimiento, el fiscal señaló que la pena asociada a este delito es de “hasta 5 años de reclusión y una multa de 500 UTM, que aproximadamente son 32 millones de pesos”.
Llegar a esta instancia, según se conoce, fue porque se llegó a la conclusión de que era un hecho grave, grabar subrepticiamente a una ministra de Estado y luego filtrar el audio a los medios. “Eso es un delito”, afirman.
¿Pero grabar a escondidas al Presidente de la República a escondidas y luego filtrar el audio a la prensa no es más grave aún, dado que se trata de la máxima del país? Parece que no, o al menos así se desprende de la investigación que inició el Ministerio Público luego de la filtración en Cerro Castillo, y de la cual ocho meses después no se conoce resolución alguna.
Cabe recordar que la reunión filtrada por el diputado Miguel Mellado (RN) se produjo en junio de 2023 en el marco de una reunión de legisladores de la Macrozona Sur con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en Cerro Castillo.
Fueron invitados los 32 parlamentarios de la región de la Araucanía y el Bío Bío, pero solo asistieron 18. Además de ellos y el Presidente, se encontraba la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y su subsecretaria Macarena Lobos. Entre todos rondaba la pregunta y el Ejecutivo tenía como mandato denunciar el delito al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas luego de haber tomado conocimiento de que efectivamente había un hecho ilícito.
A las 15:00 horas del día siguiente de la filtración, el Ministerio del Interior hizo la denuncia al Ministerio Público para que se investigara lo ocurrido. Acción que se sumó a la del diputado Mauricio Ojeda (independiente de la bancada de republicanos). “Para mí hay un delito, que incluso puede acarrear penas de hasta 5 años de cárcel”, dijo en su oportunidad.
