Días antes de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera conocer el fondo de la polémica decisión del juez Urrutia de conceder beneficios a reos de extrema peligrosidad, un comité de jueces ligados al papa pidió al Presidente Boric interceder para evitar el “hostigamiento” contra el juez.
Esta no es la primera ocasión en que, cuando el juez Daniel Urrutia está en problemas, la comunidad internacional sale en su rescate. Y esta vez no ha sido diferente.
Días antes que la Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera acoger el recurso de hecho presentado por Gendarmería, para que los ministros del tribunal de alzada pudieran conocer el fondo del reproche que hizo la institución de prisiones a la decisión del juez Urrutia de otorgar beneficios penitenciarios a reos de extrema peligrosidad, del exterior le llegó una carta al Presidente Gabriel Boric en la que el Comité Panamericano de Jueces y Juezas muestra su preocupación por el “hostigamiento” del cual sería objeto el polémico juez del Séptimo Juzgado de Garantía, de Santiago.
La carta dice así: “Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente, a fin de hacerle llegar la preocupación de este Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), creado por su Santidad el Papa Francisco, con relación a la situación que atraviesa el magistrado Daniel David Urrutia Laubreaux, juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago”, reza el documento que está firmado por seis de los siete jueces integrantes de la junta promotora del organismo, de la que también forma parte el juez Daniel Urrutia, en calidad de vocal.
En la página de la entidad se puede leer: “A raíz de una decisión judicial en materia penal, relativa a la autorización de comunicaciones telefónicas periódicas y visitas regulares de personas detenidas en un lugar de detención de alta seguridad, el Juez Daniel David Urrutia Laubreaux recibió inamisibles calificativos, hasta de funcionarios públicos, en algunos medios masivos de comunicación social, pidiendo su suspensión, y hasta su destitución”.
La carta agrega los hechos:
“Como es de público conocimiento, el citado magistrado, que reviste el cargo de vocal de la Junta Directiva de nuestra entidad y que ha sido designado por el Sumo Pontífice el día 15 de agosto de 2023, ha sido y es objeto de una campaña de hostigamiento con motivo de una decisión judicial adoptada en el marco de sus competencias”.
Y añade: “Sin perjuicio de la evaluación que sobre las medidas judiciales pueda hacer el tribunal de revisión, afirmamos que la amenaza personal, el escarnio público y la persecución mediática no lucen como mecanismos idóneos para un buen funcionamiento de las instituciones republicanas”.
“La independencia del Poder Judicial y su autonomía, van de la mano con políticas de respeto y preservación de la dignidad de las magistradas y de los magistrados. Descartando que comprenderá la sensibilidad del asunto, rogamos que haga todo lo que esté a su alcance para evitar la prosecución de situaciones como las descriptas. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente de la República con la mayor distinción y el merecido respeto”, concluye la misiva, que firman: Roberto Andrés Gallardo, presidente (Argentina); Ana Inés Algorta Latorre, vicepresidenta (Brasil); Gustavo Daniel Moreno, secretario (Argentina); María Julia Figueredo Vivas, vocal (Colombia); Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, vocal (Perú) y Tamila Ebrahimi Ipema, vocal (EE.UU.).
La polémica partió cuando el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó –el 25 de enero pasado– la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) y una visita conyugal.
La situación fue cuestionada por Gendarmería ante el juzgado. Sin embargo, Urrutia ratificó su resolución, por lo que la institución interpuso –ante la Corte de Apelaciones de Santiago– un recurso de hecho, para que la Sala de Cuentas se pronuncie sobre si efectivamente no procedía la apelación.
Este lunes 26, la Corte indicó que es admisible el recurso de hecho interpuesto por Gendarmería contra la resolución del juez. La próxima semana comenzará a analizarse el fondo de esta resolución.
Mientras, la Copaju seguirá observando muy de cerca el desarrollo de este caso, que afecta a uno de sus integrantes. Una acción que realiza constantemente en los distintos países de América y en concordancia con las inquietudes del papa.
El Comité Panamericano fue creado el 4 de junio de 2019 en el Vaticano. Sus integrantes fueron designados por el papa Francisco en 2023. La idea surgió un año antes en la primera Conferencia sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que participaron más de 300 magistrados y funcionarios judiciales para discutir sobre la inspiración jurídica arraigada en los documentos fundamentales del Magisterio del papa Francisco.
El Comité Panamericano funciona en relación directa con la Academia Pontificia de las Ciencias, y tiene su sede por dos años en el país en el que reside el presidente de la Junta. Hasta 2025 la sede está en Argentina.
Entre los objetivos y funciones del Comité Panamericano figuran: “Generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables”.
“La denuncia y difusión de situaciones que vulneren los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de las personas, de manera individual o colectivamente. Propiciar la implementación de políticas, medidas y acciones que garanticen el acceso efectivo a la Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación de ningún tipo. La defensa recíproca de magistradas/os que actúan comprometidos por los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que puedan ser amenazadas/os o perseguidas/os”, entre otros.
Primera Sesión de la Junta Promotora del Copaju: Tamila Ipema (EE.UU.), Ana Algorta Latorre (Brasil), Roberto Andrés Gallardo (Argentina), María Julia Figueredo Vivas (Colombia), Daniel Urrutia Laubreaux (Chile) y Gustavo Daniel Moreno (Argentina). Ausente Janet Tello Gilardi (Perú).
