La gestión y la atención a los usuarios se lleva el 70% del peso de la evaluación anual de los fiscales que, en caso de ser positiva –como sucedió este año–, en algunos casos significa un bono de gestión superior a los 11 millones de pesos.
Como todos los años, marzo es un mes generoso con la mayoría de los funcionarios del Ministerio Público, pues, salvo el Fiscal Nacional y la directora ejecutiva nacional, todos los demás reciben un jugoso bono de gestión institucional que puede llegar al 10.7% de sus remuneraciones anuales, en el caso del 100% de cumplimiento de las metas. Eso significa, en el caso de un Fiscal Regional, por ejemplo, cuyo sueldo bruto mensual es de poco más de 9 millones de pesos, un bono que se empina por sobre los 11 millones de pesos en marzo.
Durante años, dicho bono fue objeto de severas críticas, debido a que decía relación con temas de gestión y no de persecución del delito.
En los compromisos de gestión de 2023, sin embargo, un 30% de los compromisos tenía que ver con ello, bajo el título de “Eficacia en la persecución penal”. Como evidencia, en el documento por medio del cual el Ministerio de Hacienda refrendó el cumplimiento de las metas, el 11 de marzo pasado, ese porcentaje se descompone en dos indicadores, pero el único que tiene relación directa con la persecución de delitos es el “Promedio de hechos delictuales por focos investigativos terminados que incluyen delitos determinados”.
En otras palabras, se trata de los delitos que han sido “terminados” (es decir, con su tramitación concluida) por medio de investigaciones realizadas por las unidades SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), las cuales indagan ilícitos cometidos –en general– por grupos organizados. Como se trataba de una meta nueva, no contaba con un piso, por lo que se consideró que el 34.49% de delitos “terminados” es el 100% de la meta.
Sin dudas, se trata de un avance en el sistema de incentivos de los fiscales, pero por lo mismo llama la atención la escasísima ponderación que ese indicador posee respecto del total: 7.5%.
En el mismo acápite (“Eficacia en la persecución penal”), un 22.5% del total se lo lleva “Toma de declaración de la víctima”. Ahí la meta era 58% y se logró un 68.5%.
El segundo compromiso de gestión, con un 40% del total, fue respecto a “Relación y atención a usuarios”, y el tercer compromiso, con el 30% restante, fue “Gestión institucional”, en todo lo cual el evaluador externo contratado para tal efecto, la “Sociedad de profesionales en gestión Ltda.”, concluyó que el nivel de cumplimiento era de 100%, lo que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, informó el 26 de febrero pasado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en virtud de lo que establece la Ley 20.240, y tras ello se emitió el Decreto Exento Nº 114, firmado por Marcel y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que ordena el pago de lo que, para muchos, es un decimotercer sueldo anual (y algo más).
