El nuevo Consejo Directivo lleva poco más de dos meses poniéndose al día con los casos atrasados que originó, hace unos meses, la falta de quórum. La demora en la nominación de cupos vacantes y ausencias hicieron que el año pasado el órgano directivo funcionara a media máquina.
Por primera vez en un año, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) está funcionando al ciento por ciento, lo que ha significado que los consejeros estén trabajando a full para poner al día las causas atrasadas.
Esto, porque tras la salida de Francisco Leturia, el 21 de diciembre pasado, el organismo quedó con solo dos de los cuatro integrantes que lo componen: el presidente Bernardo Navarrete Yáñez (DC) y la consejera Natalia González Bañados (UDI). En cada sesión se revisan cerca de 100 causas. Y estuvieron dos meses sin poder sesionar.
El CPLT es una corporación autónoma de derecho público, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Su principal tarea es fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y el derecho de acceso a la información, aplicando las sanciones que corresponda en caso de incumplimiento. El Consejo Directivo, integrado por cuatro personas, administra y dirige la corporación.
Los consejeros son propuestos por el Presidente de la República y ratificados por los 2/3 de los senadores en ejercicio. Duran seis años en el cargo y pueden ser renovados por parcialidades de tres años.
Los nombres de los nuevos candidatos fueron enviados a la Cámara Alta, vía oficio, el 23 de enero pasado. Y un día después, el Senado confirmó a María Jaraquemada Hederra (en cupo PS-PPD) y a Roberto Munita Morgan (RN), quienes asumieron en las vacancias dejadas por Gloria de la Fuente y Francisco Leturia.
Así, el Consejo Directivo quedó compuesto por: Bernardo Navarrete (presidente), Natalia González, María Jaraquemada y Roberto Munita. Y la primera sesión de esta nueva composición fue el 20 de febrero pasado.
Los problemas de quórum no son un tema nuevo en el CPLT, pero el 2023 batió todos los récords.
En enero del año pasado, la consejera Natalia González asumió como parte de la Comisión Experta para la propuesta de nueva Constitución, una labor que se prolongó hasta junio y que en un principio no afectaba el funcionamiento del Consejo, pues los otros tres miembros podían sesionar en caso de que González no pudiera asistir.
Pero el 10 de marzo de 2023, la consejera Gloria de la Fuente (cupo PS-PPD) fue nombrada subsecretaria de Relaciones Exteriores, por lo que tuvo que abandonar definitivamente el cargo. Esto volvió indispensable la asistencia de González. Sin embargo, hubo días en que tuvo Comisión y simplemente el Consejo no tenía quórum para resolver.
Entonces, para avanzar, los consejeros comenzaron a reunirse muy temprano por la mañana.
“Es una situación bien precaria, porque estamos sacando lo más urgente. No es solamente que no pueda asistir Natalia, nadie puede hacer nada, no nos podemos enfermar. Estamos todos poniendo nuestra mejor voluntad, entendiendo las distintas ocupaciones de cada uno”, señalaba en marzo del año pasado el entonces presidente del CPLT, Francisco Leturia.
Con el cierre del proceso constitucional, regresó a tiempo completo González, pero a fin de año terminó su periodo Leturia. Y por esas “cosas de la política”, el Ejecutivo esperó hasta diciembre –cuando terminaba el periodo de De la Fuente– para juntar los dos cupos… y negociar.
“Si son dos funciona la lógica del binominal, además uno tenía que ser mujer por paridad”, explica una fuente.
Pero este “trámite” tuvo al Consejo directivo sin funcionar por más de un mes.
De hecho, cuando se revelaron las reuniones de funcionarios del Estado en casa de Pablo Zalaquett (UDI), el presidente del Consejo, Bernardo Navarrete, indicó en entrevista con 24 horas lo siguiente: “No quiero ni siquiera recordar que faltan dos consejeros y que a este día no podemos funcionar. Entonces, mil cien chilenos hoy día no van a poder presentar apelaciones a aquellas instituciones que no le entregaron la información como ellos habían solicitado en origen”.
En febrero se integraron la abogada UC María Jaraquemada, quien es especialista en Derecho Público y tiene un máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III, Madrid. Fue directora ejecutiva de Chile Transparente, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, y fue presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la Relación entre el Estado y las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, que tuvo como finalidad entregar propuestas de política pública en la materia.
También ejerció como directora de Incidencia de la Fundación Espacio Público, entre otras labores y actividades.
Roberto Munita, por su parte, es abogado UC, magíster en Sociología de esa misma universidad, máster en Political Management de la George Washington University y doctor (c) en Comunicaciones UC. Ha sido asesor de las bancadas de diputados y senadores de Renovación Nacional. Es cercano al senador Rodrigo Galilea, presidente de RN. Es fundador y CEO de Polca, una consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica que, entre sus servicios, ofrece en su web “gestión de interés entre las organizaciones y los sujetos pasivos de lobby de acuerdo con la normativa nacional”. Fue investigador del Instituto Libertad y jefe de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el último Gobierno de Sebastián Piñera.
