El jefe de la Fiscalía Local de Las Condes tiene sobre su escritorio varias causas de alta connotación pública, como los casos Primus, Hermosilla/Audios y el que se sigue en contra de Álvaro Saieh, por nombrar solo algunos. Pero se le acaba de abrir un flanco que podría complicar su trabajo.
El jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Felipe Sepúlveda Araya (49), lleva 21 años en el Ministerio Público, por ello es considerado un fiscal histórico y cuenta con prestigio y una reconocida experiencia investigativa y acusatoria, en especial en el área de delitos económicos: estafas, asociaciones ilícitas, falsificaciones y uso de documentos públicos, administración desleal, y otras conductas ilegales de connotación criminal. “Siempre me pareció interesante porque estos delitos son difíciles de investigar y acreditar. Los jueces, en general, exigen un estándar muy alto de pruebas, además las penas no son muy altas. Entonces tiene harta problemática. Estos casos se tramitan años, y después resulta que las penas son bajas”, señaló en una entrevista.
Lo anterior, más la confianza de sus superiores, lo ha llevado a estar a cargo de casos de alta connotación pública. Pero hoy es él quien está en el banquillo de los acusados. Y esto por una querella criminal en su contra, y en contra de todos quienes resulten responsables, por el delito de revelación de secretos, en el contexto de la investigación del denominado caso Primus Capital (por blanqueo de capitales y otros delitos económicos).
Esta querella, presentada por el abogado Antonio Guzmán Neira, formalizado en el mismo caso Primus Capital, le imputa al persecutor “haber cerrado filas con la denunciante Primus Capital S.A.”. Y agrega que el fiscal Sepúlveda “entregó información de diligencias secretas, en el marco de un caso de la Ley N°19.913, a distintos medios de comunicación”, los que son singularizados en la querella.
Abogado de la Universidad de Chile, Felipe Sepúlveda ha contado en entrevistas que estudió Derecho influido por las series que mostraban casos de investigación y juicios orales. Por eso, después de trabajar como abogado en Grasty, Quintana y Majlis, ingresó al Ministerio Público (2003), cuando partía la Reforma Procesal Penal.
Ha sido fiscal adjunto de las Fiscalías de Rancagua y Santiago Oriente, donde le tocó indagar varios casos de delitos económicos. Luego asumió como fiscal jefe de Peñalolén y Macul; y después de Ñuñoa y Providencia. En 2018 reemplazó como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente al exfiscal Carlos Gajardo, quien renunció al Ministerio Público en protesta por cómo el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, manejó los casos Penta y SQM. Entonces, Sepúlveda asumió el caso Penta. En 2022 compitió por la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que fue ganada por Lorena Parra. Felipe Sepúlveda se quedó como jefe de Las Condes.
El fiscal Sepúlveda lleva las principales causas económicas de esta última comuna, muchas con importante significación social y mediática. Entre estas, figuran la estafa de Alberto Chang con el Grupo Arcano; los sobornos del expresidente de la ANFP Sergio Jadue; los casos Tragamonedas e Intervalores, el holding financiero de Gabriel Urenda Salamanca, hijo del fallecido empresario y exsenador UDI por Valparaíso, Beltrán Urenda; el caso Swell, una estafa estimada de $7.322.726.826, que estalló en 2021; la causa contra el exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat (RN), por delitos reiterados de negociación incompatible. Igualmente, investigó y ordenó la expulsión de dos exfiscales parientes del general en retiro del Ejército Óscar Izurieta, que habrían ayudado al militar durante la investigación criminal por malversación de fondos públicos.
Hoy están en sus manos, también, casos tan importantes como Factop, que involucra a los hermanos Ariel y Daniel Sauer, por delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa y lavado de activos; y la causa contra el empresario Álvaro Saieh, que reúne una serie de acusaciones por conductas ilícitas de algunas de sus compañías, como la celebración de contratos simulados y vaciamiento patrimonial en perjuicio de bonistas por casi US$ 500 millones. Al momento de la publicación de esta nota, está próximo a vencer el plazo de 15 días que le dio el fiscal Sepúlveda a la defensa de Saieh para entregar voluntariamente documentos contables imprescindibles para el éxito de la investigación, y, hasta donde se sabe, esto todavía no ocurre.
También está a cargo de investigar el mediático caso Hermosilla/Audios. Este último le significó que la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, que preside Andrés Chadwick, socio y amigo de Luis Hermosilla, le retirara la invitación a ser docente en el magíster de Derecho Penal Económico, al que lo había integrado.
Por esto, hay quienes se preguntan si el persecutor penal dispondrá del tiempo y la energía para poder avanzar con todas estas causas que ya tiene en curso, contra mucha gente poderosa, a la par de preparar y ocuparse de su defensa ante la querella que interpuso en su contra el abogado Antonio Guzmán Neira, formalizado en la causa Primus Capital, que le abre un nuevo y desgastador flanco a su quehacer. Aunque según los entendidos es muy difícil que prospere esta querella, igual requerirá de la atención del fiscal.
