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En medio del proceso, cuya votación está programada para la próxima semana, El Mostrador consultó a los candidatos sobre si están en condiciones de transparentar tanto sus gestiones como los apoyos que han recibido para el cargo al que han sido nominados. Los tres dieron la misma respuesta.
Con las esquirlas del estallido del caso Hermosilla en el Poder Judicial como telón de fondo, Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda fueron propuestas al Senado como ministras de la Corte Suprema, además de Jorge Pizarro Astudillo como fiscal judicial del máximo tribunal del país.
A inicios de septiembre, los tres se presentaron ante la Comisión de Constitución del Senado. Los legisladores les consultaron sobre sus opiniones acerca de la crisis en los tribunales, pero nadie les preguntó si habían tenido algún nexo con el encarcelado abogado Luis Hermosilla. En un momento, el candidato a fiscal judicial Jorge Pizarro dijo, sin dar nombres: “no tengo ni siquiera cercanía, por si hay alguna pregunta directa“.
En medio del proceso de selección, cuya votación definitiva fue aplazada —por ahora— hasta la primera semana de octubre, El Mostrador consultó a los candidatos sobre si están en condiciones de transparentar tanto sus gestiones como los apoyos que han recibido para el cargo al que han sido nominados. La misma respuesta llegó por parte de los tres:
“Somos del parecer que hemos seguido el proceso de designación de acuerdo a las etapas oficiales. Así, en su momento se abrió el período de consulta ciudadana ante el Senado y luego participamos de la audiencia pública ante la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado que son las instancias oficiales del proceso, y por lo tanto son las previstas para conocer nuestro parecer, dar puntos de vistas u opiniones o responder los aspectos que se nos quiso preguntar”.
No hubo respuesta sobre su percepción del clima interno en el Palacio de Tribunales, aunque se dieron algunas señales ante la comisión del 2 de septiembre, cuya sesión se extendió por más de tres horas. En la instancia, se habló de mantener la imparcialidad, el momento para inhabilitarse y evitar conflictos de interés.
Según publicó este medio a inicios de este mes, en el Congreso confirman que hay división en la Corte Suprema respecto a la relación entre un juez y un gestor de intereses. Sin embargo, advierten que hay “otros 50 Hermosillas” operando de manera similar, ya que es un problema del que existe conciencia y críticas, pero sobre el cual hay falta de propuestas para transparentarlo.
“No tengo ningún antecedente para afirmar que (alguna de las magistradas propuestas por el Presidente Boric) no garanticen imparcialidad”, aseguró en dicha ocasión la segunda autoridad política del país, el senador José García Ruminot (RN). En tanto, el senador Fidel Espinoza (PS), manifestó que “no hay elementos de objeción respecto de las labores que han tenido (los nominados) para que sean integrantes de la Corte Suprema”.
Pese a ello, los nominados pasaron sin problema la valla. Por la unanimidad de sus integrantes, la comisión de Constitución acordó informar a la Sala que Jorge Pizarro “cumple con los requisitos de idoneidad, formalidades y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”. Por otro lado, por mayoría de sus integrantes, la instancia acordó informar a la Sala que Jessica González y Mireya López, también cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo.
Para el caso de González, la senadora Luz Ebensperger (UDI) se mostró contraria a su nominación. Para el caso de López, fue la senadora Claudia Pascual (PC) el voto disidente que evitó la unanimidad.
En agosto pasado, uno de los actuales integrantes de la comisión, el senador Pedro Araya (PPD) reconoció haber conversado con el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, actualmente blanco de uno de los libelos sobre el caso Hermosilla, cuando este postulaba al cargo en el máximo tribunal en 2021. En ese año, el legislador se desempeñaba como presidente de la Comisión de Constitución. En diálogo con CNN Chile, y consultado tras haber sido mencionado por el propio juez Matus, el senador Araya aseguró que hablaron sobre proyectos de ley y que “no conversamos respecto de apoyo; él no me pidió apoyo”.
El proceso administrativo para sus nominaciones continúa y desde el Gobierno han enfatizado que la situación de los jueces salpicados por el caso Hermosilla no debe paralizar los nombramientos pendientes en el máximo tribunal. Esto, luego de que el senador Iván Flores (DC) manifestara que “el oscurantismo y la opacidad actual no dejan espacio para seguir votando con este sistema”.
“No voy a votar ningún nombramiento bajo estas condiciones; necesitamos cambiar el sistema y avanzar con ello a la brevedad“, dijo el legislador en un comunicado.
Eso sí, en paralelo, el senador José Miguel Durana (UDI), señaló a Emol que “es importante reflexionar que este es el mecanismo institucional que hoy tiene nuestro país para este tipo de nombramientos. Y mientras no exista una modificación constitucional que derive en otra forma de nombramiento, es lo que debemos respetar como parlamentarios”.
Cabe mencionar que, al igual que los jueces Guillermo Silva y Haroldo Brito, a fines de 2023, Jorge Dahm también dejó el Poder Judicial por cumplir el límite de edad y el proceso para llenar su asiento aún no se inicia. Además, el 24 de octubre se producirá otra vacante más por la misma razón: la del ministro Juan Eduardo Fuentes.
Los actuales candidatos son:
Los nominados “corresponden a perfiles adecuados para enfrentar los desafíos que tiene la Corte Suprema en la actualidad y en los próximos años”. Tras un repaso de los cambios que ha tenido el Poder Judicial a 20 años de la reforma procesal penal, esa fue la primera afirmación que hizo el ministro Luis Cordero ante la comisión de Constitución del Senado, explicando las razones que tuvo el Presidente Gabriel Boric para proponer a los tres magistrados que buscan ocupar cargos vacantes del máximo tribunal.
Las palabras del ministro Cordero llegaron en un crucial momento, no solo porque el Gobierno prepara un proyecto para reformar el sistema de nombramientos judiciales, sino también porque esos “desafíos” se han intensificado a raíz del denominado caso Hermosilla. La investigación por corrupción que protagoniza el imputado abogado Luis Hermosilla no solo ha salpicado a figuras políticas y empresariales.
El también llamado caso Audio ha golpeado especialmente al Poder Judicial, pues, tras la incautación del teléfono del expoderoso penalista, se han revelado conversaciones con actuales ministros de la Corte Suprema, lo que ha levantado cuestionamientos sobre sus nombramientos. El lunes pasado se presentaron sendas acusaciones constitucionales contra los jueces Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, esta última por filtraciones a su hija en el marco de un proyecto inmobiliario.
Los mismos postulantes, en sus respectivas exposiciones, también se refirieron, directa e indirectamente, al caso Hermosilla. “El Poder Judicial se encuentra entre las instituciones con peor imagen pública producto de la escasa confianza ciudadana y por causas lamentables, hechos de conocimiento público que todos conocemos”, mencionó la magistrada Jessica González.
