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Aún buscando dejar atrás el estigmatizado Sename, a partir de enero de 2025, la nueva institucionalidad se expandirá al sur del país, con desafíos alertados por los propios funcionarios, pero también con nuevas herramientas, tras la discusión del presupuesto. Entre ellas, la mediación penal juvenil.
Intentos de fuga, riñas, ataques a funcionarios y manifestaciones de los trabajadores han marcado el inicio del Servicio de Reinserción Social Juvenil en el norte, institución que es parte de la reforma al sistema de justicia juvenil y que está encargada de atender a adolescentes y jóvenes que han infringido la ley. El Gobierno prepara la llegada de esta nueva institucionalidad al sur del país.
Este servicio, que existe en paralelo a la labor del Servicio de Protección Especializada (también conocido Mejor Niñez), está a cargo de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo con la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años. Actualmente, bajo el alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está en implementación por macrozonas, y sus funciones las siguen desarrollando funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) –cuyo cierre definitivo está pensado para 2026–.
Según informó la cartera liderada por el ministro Jaime Gajardo, el 13 de enero del 2025 comenzará a funcionar oficialmente el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil entre las regiones del Maule y Magallanes. A menos de dos meses de iniciarse este proceso, el servicio ha enfrentado duros desafíos en su implementación en el norte durante el año 2024.
Tal como informó El Mostrador en junio de este año, asociaciones de funcionarios han alertado sobre complejos problemas detectados en la macrozona norte, donde comenzó la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, el cual –según indican– reproduce los errores observados en la creación de “Mejor Niñez”, los mismos que la Defensoría de la Niñez advirtió desde 2018.
Por ejemplo, sostienen que no se cumplió con la dotación adecuada para el desarrollo institucional y no se respetaron los grados comprometidos con algunos funcionarios, lo que ha motivado sus manifestaciones de descontento.
El pasado 1 de abril se vivió uno de los eventos más críticos desde la instalación del nuevo servicio en el norte. Según consignó Meganoticias, tres adolescentes del Centro de Justicia de Antofagasta, en su intento por fugarse, retuvieron y amordazaron a dos funcionarias del organismo. Tras la intervención de Gendarmería, los tres menores fueron capturados y reubicados en el centro de reclusión juvenil de La Serena y se les imputó la figura de cuasidelito de homicidio.
Según los propios funcionarios –de acuerdo con el citado medio–, han ocurrido ocho ataques de parte de los jóvenes y adolescentes que cumplen medidas privativas de libertad en el centro. Pero eso no es todo. Los tutores también han debido intervenir en riñas entre jóvenes de bandas rivales que, si bien están segregados dentro del recinto penal, logran evadir los controles y enfrentarse en las inmediaciones del centro.
El debut del nuevo sistema coincide, como señalan los datos, con un aumento en la participación de menores de edad en delitos, según los ingresos que el Ministerio Público registra en su plataforma. Este último año, se produjo un incremento de casi un tercio (31,9%) de los jóvenes que ingresaron al sistema de Fiscalía, en comparación con el 2022. Si bien el grueso de los ilícitos se concentra en delitos no necesariamente violentos, tales como lesiones o amenazas, el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado es un fenómeno que va al alza y preocupa a las autoridades.
Para la directora nacional del Servicio de Reinserción Juvenil, Rocío Faúndez, la importancia de la experiencia previa es que, si bien las políticas públicas demoran cerca de dos años en mostrar resultados, “ya estamos viendo en el norte que algunos de los cambios que trae el servicio empiezan a demostrar que el diseño estuvo bien hecho y que había buenas razones para hacer esas apuestas”.
El Servicio de Reinserción Social Juvenil prepara su llegada a la zona sur y desde el Ejecutivo destacan que lo hace con nuevas herramientas, tras la reciente discusión del presupuesto. El ministro de Justicia recalcó que el aumento en el presupuesto de la cartera se centrará en dos áreas principales: la infraestructura y la seguridad penitenciaria, así como en el nuevo servicio de reinserción juvenil.
Una de las novedades de la reforma al sistema de justicia juvenil que comenzará a implementarse en las regiones del sur a contar del 13 de enero, es la mediación penal, que permite que víctima y victimario acuerden una forma de reparar el daño, guiados por un mediador, transformándose en una oportunidad de aprendizaje y cambio para quien cometió el delito. Durante el primer semestre, en la zona norte hubo 90 derivaciones para mediación, de las cuales 14 terminaron el proceso durante ese mismo periodo.
Otra de las novedades del servicio es que aquellos jóvenes que terminan de cumplir sus sanciones tienen la opción de ser acompañados –durante máximo 6 meses– por los profesionales del servicio para resolver temas como la continuación de estudios, tratamientos de salud, inserción laboral, acceso a vivienda, orientación financiera y habilidades para la vida cotidiana.
En Copiapó se dio el primer caso exitoso de este nuevo programa, con Monserrat, una joven copiapina que obtuvo una beca de estudios otorgada por la empresa minera Fénix Gold, gracias a la cual podrá matricularse en la Universidad Santo Tomás. Paralelamente, continuará con el curso de soldadura certificado por Sence, que ya está realizando.
“Tengo muchos planes y todos los voy a poder concretar gracias a mi perseverancia, constancia y compromiso, pero también gracias a que confiaron en mis capacidades y en mis ganas de cambiar”, comentó la futura estudiante.
Con estas herramientas, sumadas al nuevo modelo de financiamiento para los organismos privados que ejecutan los programas no privativos de libertad y que termina con la lógica de las subvenciones, se espera que el proceso de instalación en el sur del país se desarrolle en forma óptima.
“El principal desafío es también nuestra misión: contribuir a que los jóvenes dejen su conducta delictiva y se reinserten en la sociedad. Cuando estemos funcionando en todo el país van a ser alrededor de 6.500 los jóvenes que atenderemos por año, y el desafío es trabajar con cada uno de manera personalizada”, concluyó la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez.
Cabe mencionar que, el 13 de enero del 2024, el Presidente Gabriel Boric, dio inicio al proceso de instalación del Servicio de Reinserción Social Juvenil en el norte, con una ceremonia realizada en el centro cerrado de La Serena. Según informó el Ejecutivo, al cierre del primer semestre de este año estaban vigentes, en los distintos programas y centros ubicados entre las regiones de Arica y Coquimbo, un total de 1.117 jóvenes. En cuanto al total de jóvenes que fueron atendidos durante todo el primer semestre, la cifra es de 1.789 en la zona norte.
En cuanto a la distribución por regiones, la que atendió a un mayor número fue Antofagasta, con 450 jóvenes, seguida por Tarapacá con 438. En tanto, en Coquimbo atendieron a 405, en Atacama a 301, y en Arica y Parinacota a 195 jóvenes.
