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Acusan conflicto de intereses en licitación de vehículos de la AMSZO SIN EDITAR Fotos: Municipalidad de Lo Barnechea/AMSZO

Acusan conflicto de intereses en licitación de vehículos de la AMSZO

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Pilar Giannini, secretaria ejecutiva de AMSZO, lideró el proceso y firmó el contrato por más de $31 millones mensuales a Tattersall Europcar, misma empresa a la que días antes había comprado un vehículo personal. No se inhabilitó del proceso. Además, enfrenta cuestionamientos por contrataciones.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La AMSZO adjudicó en 2024 un contrato de arriendo de vehículos a Tattersall Europcar por $31,5 millones mensuales. Pilar Giannini, secretaria ejecutiva y parte de la comisión evaluadora, adquirió un vehículo personal de la misma empresa antes del proceso, sin inhabilitarse. También se le acusa de negociar contrataciones a cambio de clases en un magíster y de favorecer a cercanos con empleos en la asociación. La falta de transparencia en estos procesos ha generado cuestionamientos sobre la probidad en la gestión de la entidad.
Desarrollado por El Mostrador

En mayo de 2024, la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) inició un proceso de licitación privada para el arriendo de una flota de vehículos destinados a patrullajes en la comuna de Lo Barnechea. La encargada de liderar este proceso fue la secretaria ejecutiva de la AMSZO, Pilar Giannini, quien formó parte de la comisión evaluadora y posteriormente firmó el contrato de adjudicación​.

Sin embargo, documentos a los que accedió El Mostrador revelan que, en el mismo período en que debía preparar la licitación, Giannini adquirió un vehículo personal de la empresa Compañía de Leasing Tattersall S.A. Europcar, la misma firma que meses después resultó adjudicada en la licitación​. La compra se efectuó el 3 de mayo de 2024 y el vehículo, un MG RX5 4×4 color blanco, fue inscrito a su nombre en el Registro Civil​.

El proceso de licitación de AMSZO –asociación presidida por el actual alcalde Felipe Alessandri (RN)– se desarrolló durante mayo y junio de 2024. Inicialmente, la asociación solicitó propuestas comerciales para arrendar 30 camionetas pick-up compactas, 10 camionetas medianas y un furgón, con un contrato de 24 meses​. Se invitó a participar a diversas empresas del rubro automotriz y se recibieron tres ofertas: Rosselot Rent a Car, Gama Leasing y Europcar​.

La evaluación de propuestas estuvo a cargo de una comisión integrada por la propia Giannini, el gerente legal Nicolás Rendic, el gerente administrativo Héctor Bustamante y el subdirector de Administración y Logística José Aravena​. Finalmente, el 17 de junio de 2024, la comisión adjudicó la licitación a Tattersall Europcar por un monto mensual de $31.550.443​.

El contrato fue suscrito el 23 de agosto de 2024 entre la AMSZO y Europcar, representada por su gerente general Patricio Brinck​. Según lo estipulado en el acuerdo, la empresa debía proveer los vehículos con brandeo institucional y asegurar disponibilidad de vehículos de reemplazo en caso de fallas​.

Posible conflicto de intereses

Pese a que su compra personal a Tattersall pudo representar un conflicto de intereses, Giannini no se inhabilitó ni se abstuvo de participar en la evaluación y adjudicación del contrato​. En este contexto, su doble rol como compradora de un vehículo particular y responsable del proceso de contratación genera dudas sobre la transparencia de la licitación.

El principio de probidad administrativa, establecido en la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, exige que los funcionarios públicos actúen con imparcialidad y eviten cualquier situación que pudiera comprometer su objetividad en la toma de decisiones. Según el artículo 62 de la misma ley, los funcionarios deben inhabilitarse en procedimientos donde exista un interés personal o familiar que pueda afectar su independencia.

En este caso, la relación comercial previa entre Giannini –quien fuera jefa de la División de Seguridad Pública y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora de la Reforma a Carabineros del Ministerio del Interior durante el segundo mandato del expresidente Piñera– y la empresa adjudicataria podría interpretarse como una falta a dicho principio, lo que podría motivar acciones administrativas o investigaciones internas en la AMSZO.

Cabe mencionar que El Mostrador reveló, en julio del año pasado, las operaciones del equipo SARI, siglas de la “Sección de Análisis y Reacción Inmediata” de Lo Barnechea Seguridad, dependiente de la AMSZO, agrupación que además administra recursos en esta materia de las comunas de Vitacura y Las Condes.

El mencionado grupo encargado de elaborar fichas de inteligencia acerca de vecinos fue formado tras la llegada del exalcalde Cristóbal Lira (UDI). Este medio informó sobre una central de monitoreo y autos sin distintivo del equipo SARI.

Además, se reportó sobre informes de dirigentes sociales elaborados por personal de seguridad de la AMSZO. En el municipio de Lo Barnechea declararon que dejaron de confeccionarlos en 2021. La comuna hoy está bajo el mando del alcalde Alessandri, quien contó con el respaldo de Lira en las últimas elecciones.

Hasta ahora, la AMSZO no ha emitido declaraciones públicas respecto a esta situación. Tampoco se ha informado de medidas para revisar la adjudicación del contrato ni de investigaciones por posibles irregularidades en el proceso de licitación.

Canje de clases y contratación de cercanos

El tema automotriz no es lo único que podría complicar a Giannini. Otra denuncia apunta a que la también exasesora de la Segpres (2018-2020) habría negociado con Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, la contratación de dos alumnas del programa y la realización de pasantías de estudiantes en la AMSZO. A cambio, Giannini impartiría clases en dicho magíster.

Las alumnas contratadas, Sthepanie Palacios y Katherine Castillo, actualmente se desempeñan en la AMSZO, lo que plantea dudas sobre la legalidad y transparencia de estas contrataciones.

Además, funcionarios cercanos a Pilar Giannini también habrían sido favorecidos con cuestionables contrataciones. Específicamente, Marcelo Iturriaga, con el título de “licenciado en seguridad pública”, recibe honorarios por $4.637.681 mensuales, un sueldo que se considera elevado para sus funciones. Y Clemencia Stuven, abogada contratada para asuntos laborales, a pesar de que AMSZO ya cuenta con otros abogados a cargo de estos temas. Según denuncias, Stuven no realizaría funciones acordes a su cargo.

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