NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Aton
Dos licitaciones adjudicadas por la Segpres en la previa de la instalación de la Convención Constitucional desataron la indignación de varios de los encargados de redactar la nueva Carta Magna. Por un lado, la seguridad de la Convención Constitucional fue adjudicada a la empresa INCAR, dirigida por un exmiembro de la guardia de Pinochet y Aylwin, y que tiene una serie de incumplimientos laborales en su historial. Además, cobrará casi lo mismo que se ha asignado para participación ciudadana, un ítem considerado clave para el éxito de la Convención. A esto se suma que las bases de la operación del circuito cerrado de TV indican explícitamente que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”, lo cual es considerado como una intromisión del Ejecutivo en el trabajo de la Convención Constitucional. De acuerdo al abogado Jaime Bassa, constituyente por el distrito 7, lo sucedido es “inaceptable”, por lo que “vamos a revisar todas estas licitaciones, en defensa de la transparencia y participación».
Nada puede quedar de lado en la instalación de la Convención Constitucional. Ni siquiera la seguridad del lugar y de los constituyentes, y la televisación de las sesiones, por lo que comenzaron a licitarse proyectos, los que en algunos casos ya están adquiridos.
Según el medio Ciper, la Secretaría Administrativa de la convención, cuyo jefe es Francisco Encina, confirmó que una de estas que ya están adquiridas es “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad”, cuyo costo es de los más altos. En este caso, quedó adjudicada el pasado 2 de junio a INCAR Seguridad, empresa que cobrará un total de $488 millones distribuidos en diez meses, lo que equivale al mismo presupuesto que hay para el ítem «participación»: $500 millones.
Entre el currículum presentado por INCAR a la licitación, explican a la persona que estará a cargo de la seguridad del lugar: Luis González Pérez, quien además es socio de la compañía. González es sargento (R) de Carabineros e integró el Grupo de Guardia Presidencial en los últimos años del gobierno de Augusto Pinochet, labor que continuó bajo el mandato de Patricio Aylwin y hasta el inicio del período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Crédito: INCAR Seguridad
Además, afirmó que los guardias contratados cumplirán turnos de 12 horas, y que se priorizará la contratación de ex funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas que no hayan ejercido en esas instituciones en los últimos seis meses y que no hayan sido sancionados por causas que impliquen inhabilitación de funciones.
De acuerdo al citado medio, INCAR tiene, desde los últimos cinco años, 197 sanciones por incumplimientos laborales, tales como no pago de remuneraciones, no otorgar descansos durante la jornada de trabajo, no pagar asignaciones, reducir el salario sin acuerdo entre las partes y no otorgar el descanso de dos domingos al mes.
Lo cierto es que las licitaciones abrieron un nuevo de conflicto con el Gobierno, luego de la polémica del decreto de instalación firmado por el Presidente de la República, quien estableció que los convencionales deberán hacer un juramento o promesa en sus cargos, “de conformidad al Capítulo XV de la Constitución Política de la República». Esto fue abiertamente cuestionado desde la Lista del Pueblo, quienes enfatizaron que que «no existe referencia alguna en la norma, que haya facultado al Presidente de la República para condicionar de esta forma la investidura de estos cargos, sobre todo con el antecedente de que el Tricel ha dictado ya la sentencia de proclamación»
Si bien Ciper consultó a Encina por el pasado de la empresa y si lo consideraron al licitar a INCAR Seguridad, afirmando este último que la pregunta era «capciosa» y que su equipo se ajustó a la normativa técnica, hay algunos constitucionales electos que reaccionaron a esta situación.
La constituyente por el distrito 12, Beatriz Sánchez (FA) indicó en Twitter que «una y otra vez el gobierno de @sebastianpinera interviene la autonomía de la Convención Constitucional. Hoy conocemos esta adjudicación para seguridad por 500 mills, lo mismo que quieren destinar a participación. Buscaremos revisar todas las licitaciones hechas. ¡Inaceptable!».
Mientras, Tatiana Urrutia (RD) del distrito 8, planteó que “El Gobierno no entiende ni su rol en la Convención Constitucional, ni la relevancia de la ciudadanía en el proceso, ni nada: contrata empresa para seguridad por el mismo monto destinado a participación (500 M), que tiene 197 sanciones laborales y es de un ex-escolta de Pinochet!».
Además, varios de los convencionales apuntaron a otro elemento polémico de las licitaciones, el referido a la operación del circuito cerrado de TV para transmitir el trabajo de la convención, que fue adjudicado a Mediastream S.A. ($769 millones).
El nudo con este ítem es que las bases de esta última licitación indican que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”, lo cual es considerado una intromisión del Ejecutivo en el trabajo de la Convención Constitucional.
Damaris Abarca (Apruebo Dignidad), del distrito 15, señaló que resulta “inaceptable lo que está haciendo el gobierno de no respetar la autonomía de la convención. Licitar la seguridad a un ex escolta de Pinochet gastando lo mismo que está asignado a participación ciudadana. Además, tomándose atribuciones respecto la transmisión. ¡Intolerable!».
Por su parte, el abogado Jaime Bassa, constituyente por el distrito 7, dijo en la misma red social: «Inaceptable! Igual presupuesto para participación y seguridad, licitado a una empresa llena de denuncias laborales. Más encima, el Gob. pretende visar qué debates se transmiten o no. Vamos a revisar todas estas licitaciones, en defensa de la transparencia y participación».
En la misma línea, Ignacio Achurra (Convergencia Social), del distrito 14, señaló que “el Gobierno no está respetando la autonomía de la Convención. Adjudica licitación millonaria de seguridad a un ex escolta de Pinochet y por el mismo monto para participación ciudadana. Además, decide sobre transmisión de TV. Intromisión inaceptable que debe rectificarse».
Para la militante de Convergencia Social, Constanza Schonhaut, del distrito 11, resulta “incompresible adjudicación de esta licitación y que presupuesto a seguridad sea el mismo que a participación. Inaceptable además cláusula que entrega al gobierno decisión sobre transmisión de debates. Desde @elfrente_amplio impulsaremos revisión d todas las licitaciones vigentes!».
El abogado regionalista Mauricio Daza también anunció que tomará cartas en el asunto, y consideró inaceptable que “el Gobierno de Piñera adjudique contrato para transmisión del trabajo de la Convención con cláusula que impide transmitir contenido que ellos no autoricen expresamente. Eso lo define la Convención y debería transmitirse todo! Pediré revisar este y demás contratos”.
En resumen, para Malucha Pinto, constituyente PS del distrito 13, lo sucedido demuestra que “el Gobierno no tiene límite, ni oído, ni sensibilidad, ni inteligencia política, carece de corazón».
