NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: ATON
La primera se llama «Con mi plata no» e indica que los fondos y saldos previsionales tendrán carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización «bajo ninguna circunstancia». La otra, en tanto, busca garantizar la libertad de conciencia y de religión en la nueva Constitución. «El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra sus convicciones o creencias religiosas y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas», señala la propuesta.
Dos nuevas iniciativas populares de norma superaron las 15 firmas, por lo que están en condiciones para ser discutidas en la Convención Constitucional. Una se llama «Con mi plata no» y busca impedir la «estatización» de los ahorros previsionales. La otra, en tanto, pretende consagrar la libertad de conciencia y religión en la próxima Carta Magna.
En la propuesta «Con mi plata no», se plantea que «la ley creará un sistema de seguridad social que asegure el acceso de todos los chilenos en edad de retiro a una pensión básica universal, cuyo financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general».
«Dicho sistema incluirá pensiones adicionales financiadas con ahorros individuales provenientes de cotizaciones previsionales obligatorias razonables, las que permanecerán en todo momento en la propiedad de la respectiva persona cotizante, tanto en capital como en rentabilidad», añade el texto.
Sobre los fondos y saldos previsionales, indican que tendrán carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización «bajo ninguna circunstancia».
«La ley no podrá destinar parte alguna de estos fondos a financiar pensiones de terceros distintos del cotizante», enfatizan.
En esa línea, el documento señala que las personas tendrán el derecho a «elegir libremente» la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales, «sea ella privada, estatal o mixta». Además, en ningún caso la legislación podrá «establecer el monopolio estatal» de la administración previsional.
La iniciativa fue presentada por la organización «Con mi plata no». Entre sus integrantes se encuentran el licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Francisco Orrego, y el presidente del sindicato profesional de camiones de Chile, José Sandoval.
La otra iniciativa que superó los 15 mil patrocinios busca garantizar la libertad de conciencia y de religión en la nueva Constitución.
«El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra sus convicciones o creencias religiosas y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas», indica la propuesta de articulado.
Asimismo, pretende reconocer a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho. «Podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones», señala el texto.
«Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado contra los derechos humanos de los afectados», agrega la propuesta.
Por último, plantean que los padres y tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos «reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
La iniciativa fue elaborada por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, la Plataforma Evangélica Nacional, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Centro Islámico de Chile, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Corporación mapuche ENAMA, el Consejo político mapuche “Walmapu”, el Consejo político Pueblos originarios.
Recordemos que el miércoles 29 de diciembre, por primera vez, una iniciativa popular de norma superó los 15 mil patrocinios. La propuesta, llamada «Será Ley», tiene como objetivo garantizar los derechos sexuales y reproductivos, lo que permitirá legislar sobre aborto libre.
