NUEVA CONSTITUCIÓN
Créditos: Aton
“Esta es una moción muy simple, que tiene un artículo único que crea la Defensoría Penal Pública y le deja a una ley la organización y sus atribuciones. Esta institución es autónoma, con patrimonio y personalidad jurídica propia y la ley establecerá su organización y atribuciones”, señaló el convencional Felipe Harboe.
Un grupo de convencionales presentaron este lunes una iniciativa para que la Defensoría Penal Pública (DPP) cuente con autonomía constitucional en la nueva Carta Magna.
Liderados por Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), la norma cuenta con el respaldo de los siguientes integrantes de la convención: Agustín Squella, Eduardo Castillo, Luis Barceló, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Botto del Colectivo del Apruebo; Manuel José Ossandón (Independiente – RN); y Helmuth Martínez de Independientes No Neutrales.
La propuesta cuenta con un sólo articulo, el cual establece: “existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Una ley orgánica determinará su organización y atribuciones”.
“Esta es una moción muy simple, que tiene un artículo único que crea la Defensoría Penal Pública y le deja a una ley la organización y sus atribuciones. Esta institución es autónoma, con patrimonio y personalidad jurídica propia y la ley establecerá su organización y atribuciones”, señaló Harboe.
A su vez, el convencional por el Distrito 19 añadió que es importante que ambas instituciones participes del proceso penal cuenten con igualdad de condiciones, puesto que ya esta demostrado que su autonomía ha dado un grado de responsabilidad, por lo tanto debe tener un reconocimiento constitucional. Además, agregó que la idea es que esta norma escape de cualquier gobierno y transforme a la DPP en una institución estatal.
Sobre la nominación de la persona que liderará el órgano, Harboe detalló que «nuestra reforma no contempla en la Constitución el sistema de nombramiento, justamente para que sea el legislador el que establezca cuál será el mecanismo de nombramiento. Recuerden que hoy el defensor penal público, es elegido de un concurso en la Alta Dirección Pública y finalmente lo designa el Presidente».
El constituyente Helmuth Martínez, también se refirió al proyecto: “Con instituciones o entidades robustecidas, es decir, que tengan más atribuciones y sean más autónomas, también de alguna manera crece la democracia”, finalizó.
