NUEVA CONSTITUCIÓN
Hay más de mil normas constitucionales que ya se votaron en general, en alguna de las siete comisiones de la Convención Constitucional (CC), y que esta semana serán tramitadas en particular para luego ser discutidas en el pleno en busca de los 2/3. Las comisiones ya han visado iniciativas populares como «Sera Ley» —sobre el derecho de aborto— y «No son muebles» —por el derecho de los animales—, mientras que entre las rechazadas se encuentra una que proponía una disolución de los poderes del Estado, otra sobre bicameralidad en el Congreso y «Cannabis a la Constitución Ahora». Algunas de las que consiguieron alto respaldo irán directo al pleno pero, como han reiterado varios constituyentes, por el momento no existe ninguna norma constitucional definitiva. Este martes 15 de febrero se llevará a cabo la primera votación del primer paquete de propuestas que fueron aprobados en particular en la Comisión de Sistema de Justicia. En total, son 16 artículos que contienen las bases y principios sobre lo que desarrollar un nuevo Sistema Nacional de Justicia. Luego vendría la votación de las normas de la comisión de Forma de Estado y el miércoles 16 de febrero se votarán las propuestas emitidas desde la Comisión de Sistema Político, que contiene 36 artículos, entre ellos, el que propone que Chile sea «un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas». Hasta ahora parece no haber consenso en aumentar el plazo de trabajo del órgano redactor y lo peor que podría pasar sería que el 4 de julio no se alcanzara a llegar a una propuesta de texto definitiva, considerando que el Plebiscito de salida se llevaría a cabo en septiembre. Desde la mesa directiva llaman a sus pares a redoblar los esfuerzos y a «dejar atrás» ciertas iniciativas que de antemano no cuentan con el respaldo suficiente.
El pasado 1 de febrero se cerró el plazo para que los constituyentes y la ciudadanía presentaran propuestas de normas constitucionales a la instancia que redacta la nueva Carta Magna del país. Los convencionales presentaron 947, mientras que la ciudadanía 78, para lo que se necesitó reunir al menos 15 mil firmas, en un proceso marcado por la participaron de unas 980 mil personas. A estas se suman 250 propuestas provenientes de los escaños reservados de los Pueblos Originarios (PP.OO).
A menos de cinco meses de que el órgano redactor de la Nueva Constitución termine su trabajo -el próximo 4 de julio- hay 1.275 normas constitucionales que ya comenzaron a votarse en general en alguna de las siete comisiones de la Convención Constitucional (CC) y que, posteriormente, en esas mismas instancias deberán tramitarse en particular, por lo que podrían tener nuevas modificaciones e incluso algunas ser descartadas.
La fecha más cercana para tomar decisiones en la CC es este martes 15 de febrero, cuando se celebre el primer plenario en que se votarán las primeras propuestas de norma constitucional y para lo que se necesitan los dos tercios de los 154 convencionales, es decir, 103 votos para que pasen a ser parte de la propuesta del texto que será sometido a un Plebiscito de salida. Al interior de la Convención conocen el cronograma y el llamado de la mesa directiva es a redoblar los esfuerzos.
«Por el momento no existe ninguna norma constitucional que haya sido aprobada», recalcó la semana pasada en TVN el vicepresidente de la Convención, el independiente Gaspar Domínguez, junto con un llamado a sus pares «a que hagan todos los esfuerzos posibles por concitar y consensuar distintas normas a objeto de poder construir una sola norma que represente a varias y así todas las otras podemos dejarlas atrás y trabajar sobre una en conjunto».
«Esto nos va a permitir que estas mas de mil normas puedan ser discutidas y votadas dentro de los plazos», comentó el convencional y médico de profesión, a propósito de ciertas iniciativas que de antemano no tendrían el respaldo suficiente para prosperar, pero que han captado la atención dentro y fuera del órgano redactor.
Domínguez se refirió específicamente a la iniciativa presentada por la convencional María Rivera (exlista del Pueblo) y otros siete constituyentes para eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos; lo que despertó críticas desde distintos frentes hacia la Convención, sin embargo, la propuesta fue rechaza por unanimidad en la comisión de Sistema Político e incluso contó con el voto en contra de una de las firmantes (Alejandra Pérez, también de la exlista del Pueblo).
Lejos de las polémicas, y con las fechas definidas de antemano, hasta ahora parece no haber consenso en aumentar el plazo de trabajo del órgano y lo peor que podría pasar sería que el 4 de julio, no se alcanzara a llegar a una propuesta de texto constitucional definitiva, pensando que la votación de salida se llevará a cabo en septiembre.
El trabajo comenzó hace rato y las comisiones ya han aprobado en general iniciativas populares como «Será Ley» —sobre el derecho de aborto— y «No son muebles» —por el derecho de los animales—. Entre las rechazadas, en tanto, se encuentra una propuesta sobre bicameralidad del Congreso y «Cannabis a la Constitución Ahora».
Las primeras en someterse al quórum de 2/3 que definirá si quedan plasmadas en el proyecto final de nueva Constitución, serán las iniciativas aprobadas por la la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. En total, son 16 artículos que contienen las bases y principios sobre lo que desarrollar un nuevo «Sistema Nacional de Justicia». Luego vendría la votación de las normas de la comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos locales y Organización fiscal.
Posteriormente, el miércoles 16 de febrero, se votarán las propuestas emitidas desde la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, que contiene 36 artículos, entre ellos, el que propone que Chile sea «un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas».
Cada propuesta necesita al menos 103 de los 154 votos constituyentes. De ser rechazadas, tienen una segunda oportunidad para retornar a su comisión correspondiente, ser nuevamente discutidas, modificadas, y posteriormente votadas por esa segunda instancia que definirá si pasan finalmente al pleno.
Los primeros frutos del trabajo de la Convención Constitucional los dio la comisión de Sistemas de Justicia con el primer informe que deberá tener a consideración el pleno este 15 de febrero. Y lo primero que se estableció fue cambiar el nombre de la judicatura por «Sistema Nacional de Justicia». Según explicó el convencional Mauricio Daza (INN) a la prensa esta medida «permitiría reconocer que existe un sistema nacional de justicia, junto con sistemas de justicia indígena».
Adicionalmente se aprobó en general el principio que establece que los jueces y juezas ya no son inamovibles y pueden ser suspendidos, trasladados o removidos de sus cargos. El artículo señala que «cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los setenta años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción». La norma modifica la edad de jubilación de los magistrados, y establece la responsabilidad de los jueces y juezas por los delitos de cohecho y administración torcida.
También se votará la propuesta de Pluralismo Jurídico «para que el Sistema Nacional de Justicia coexista en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas». De acuerdo a esta norma, «es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos».
La convencional Vanessa Hoppe coordinadora de la comisión destacó en sus redes sociales que «aprobamos los artículos que van a conformar un capítulo de la Constitución que se va a llamar Sistemas de justicia, y que viene a reemplazar el capítulo del Poder Judicial; votamos los principios del ejercicio de la jurisdicción, entre los que podemos destacar los principios con enfoque de género y de la paridad como elementos constitutivos en la conformación de este poder del Estado, pero también al momento de dictar cualquier sentencia. Además, aprobamos el principio que reconoce el pluralismo político, la justicia intercultural”.
La Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional abordará, a lo menos, los siguientes temas:
Primer Informe Comisión Sistemas de Justicia by El Mostrador on Scribd
Se espera que el segundo informe en llegar al pleno, sea el de la Comisión de Forma de Estado.
Durante la presente semana, la Comisión de Forma de Estado llevó a cabo la votación de normas de su primer informe. Luego de maratónicas jornadas para abordar las 727 indicaciones presentadas a los 73 artículos en debate, los convencionales aprobaron un articulado de 36 normas.
El primer artículo aprobado por la Comisión de Forma —y que por lo tanto pasaría a ser el segundo tema de votación de esta semana— señala que «Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado». En ese sentido se propone que «el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales».
Se busca reconocer constitucionalmente que en Chile coexisten más naciones aparte de la chilena y busca otorgar mayor poder de decisión a las regiones sobre políticas que afecten a sus territorios.
Además se someterá a votación del pleno que las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas, «estarán dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley». Se establece que las regiones, comunas y comunidades indígenas tendrán poder de decisión propio sobre temas que atañen a sus territorios. Con esto se busca avanzar hacia la independencia del gobierno central en ciertos aspectos.
Respecto del «Maritorio», se reconoce que «Chile es un país oceánico conformado por los ecosistemas marinos y marino-costeros continentales, insulares y antárticos, así como por las aguas, el lecho y el subsuelo existentes en el maritorio, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su extensión», por lo tanto «es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros». La norma busca reconocer constitucionalmente el territorio marítimo del país y establecer que su cuidado es deber del Estado.
Otro articulado busca definir el poder y funciones que tendrán los futuros Gobiernos Regionales. Entre estas, se contempla la administración del presupuesto de la región, la creación de leyes regionales y proponer la creación de nuevas provincias dentro del territorio regional. Se asegura que, entre otras, son atribuciones exclusivas de los Gobiernos Regionales las siguientes: administrar y ejecutar el Presupuesto Regional, realizar actos y contratos en los que tenga interés, ejercer competencias fiscales propias conforme a la ley, y elaborar la planificación presupuestaria sobre la destinación y uso del presupuesto regional, así como concurrir a la formación de las leyes regionales y proponer la creación de provincias.
“La aprobación de este nuevo Estado Regional significa decirle a las distintas entidades del territorio del país que van a poder tomar sus decisiones con una autonomía que, hasta hoy día, no han tenido”, explicó Jeniffer Mella sobre el primer artículo que fue aprobado por 18 votos a favor y solo 6 en contra.
En la misma línea, más del 80% de las normas aprobadas por esta Comisión alcanzaron los dos tercios, por lo que la coordinación mira con optimismo la votación en el Pleno.
Forma de Estado sesionó en siete regiones, además de la Metropolitana, con el objetivo de descentralizar la Convención de acuerdo al mandato popular.
“Confíen en este trabajo que lo hemos elaborado con el acompañamiento de muchas expertas y expertos nacionales e internacionales para poder diseñar algo que sea efectivo para nuestro país, y que haga eco con esas demandas tan sentidas de todas y de todos”, finalizó Elisa Giustinianovich, constituyente de la Región de Magallanes y parte de la Comisión de Forma de Estado.
Otro aspecto a votar será la «Asamblea Legislativa Regional»—que ocuparía el lugar de los CORE—, un órgano de representación popular, colegiado, autónomo, plurinacional y paritario, dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las leyes. La norma crea una especie de «Congreso» para cada región que podría fiscalizar y crear leyes que afecten al territorio regional y existiría paralelamente al Parlamento Nacional.
Se propone también la creación de una nueva entidad para cada región compuesta por miembros de la sociedad civil bajo los parámetros de la paridad y la plurinacionalidad. La idea es que este «consejo» permita que los ciudadanos tengan incidencia en los asuntos públicos. Se establece un «Consejo Social Regional» encargado de promover la participación popular en los asuntos públicos, del control y de la fiscalización ciudadana de la función pública. «Su organización e integración será representativa de las organizaciones de la sociedad civil (…) Sus competencias serán consultivas, participativas e incidentes respecto de las estrategias de desarrollo y financiamiento regional, instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, Presupuesto Regional Anual, y otras reguladas por el Estatuto Regional».
A nivel comunal, en tanto, se crearía una instancia de coordinación para los alcaldes de las regiones. A través de ésta se buscará fomentar la cooperación entre los gobiernos locales y regionales. Se llamará Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y es un órgano de carácter consultivo que estará integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas las comunas de la región autónoma y de las ciudades respectivas, el cual será coordinado por quien determinen sus integrantes por mayoría absoluta”.
Con la idea de disolución de poderes del Estado descartada, la composición del Congreso aún no es tema zanjado en la Convención Constitucional. Eso sí, la comisión de Sistema Político de la instancia rechazó la Iniciativa Popular de Norma que buscaba mantener el sistema legislativo bicameral vigente y, como contraparte, primó el criterio de realzar un parlamento unicameral.
La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional rechazó de forma unánime una norma presentada por la convencional María Rivera (Ind) que buscaba la disolución de los tres poderes del Estado y que generó revuelo tanto dentro como fuera de la CC. Incluso la presidenta María Elsa Quinteros (MSC) salió a poner paños fríos a la polémica que generó el rechazo a esta y algunas iniciativas populares de norma en las comisiones del órgano constituyente. Hasta el Presidente electo, Gabriel Boric, llamó a no alarmarse con la propuesta, antes de que esta fuera rechazada: «Que no se siembre el pánico. La propuesta es solo de 8 Convencionales y se vota en comisión de Sistema Político».
María Elisa Quinteros remarcó, en declaraciones consignadas por Emol la semana pasada, que «el hecho de rechazar algunas (iniciativas) no significa que el tema se haya eliminado de la deliberación, sino que puede haber otra propuesta que lo aborde de la misma manera». «Hay una segunda etapa que tiene que ver con las indicaciones y en muchas de esas propuestas, seguramente hay algunas partes que van a ser incluidas como indicaciones para mejorar las que fueron aprobadas», añadió la presidenta de la CC.
Lo que sí aprobó la comisión de Sistema Político fue la idea de incorporar al pueblo tribal afrodescendiente chileno a los criterios de plurinacionalidad del Estado. Esto está vinculado a una de las propuestas que ingresó la propia ciudadanía, con el fin de reconocer a dicho pueblo. Se plantea que «el pueblo tribal afrodescendiente chileno gozará de todos los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, territoriales y patrimoniales que emanan de los instrumentos internacionales de protección, en igualdad de condición que los pueblos y naciones originarias, debiéndose incorporar al pueblo tribal afrodescendiente chileno en todo ámbito del desarrollo nacional».
La Comisión de Sistema Político también votó a favor en general de la norma que elimina los quórum supra mayoritarios y establece la mayoría simple como regla mayoritaria para la aprobación de leyes. Específicamente expone: «Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas, por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso Plurinacional al momento de su votación». Esta iniciativa es patrocinada por Alondra Carrillo, Guillermo Namor y Jaime Bassa, entre otros. Promueve la deliberación ciudadana de los proyectos y una simplificación de los trámites de ley.
Esta última norma solamente ha sido aprobada en general. Lo que quiere decir que los convencionales de dicha comisión podrán realizarle indicaciones para su futura votación en particular. Luego pasará al pleno, donde, como todas, tiene que ser aprobada por 2/3 de la totalidad de constituyentes.
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La comisión de Derechos Fundamentales despachó las normas que deberán ser discutidas y votadas —ahora en particular— en la misma, para saber si avanzan al pleno, donde —reiteramos— deben contar con 2/3 de los votos para ser incluidas en la Nueva Constitución.
En este grupo se encuentran radicadas las iniciativas que tienen que ver con la libertad de conciencia y religión, de emitir opinión, de información, de culto y de prensa, de expresión, el derecho a la seguridad individual, libertad personal, ambulatoria, libertad personal, autonomía e identidad, la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones.
Se aprobó a votación el establecimiento de la libertad de expresión. «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras», señala la propuesta, que al mismo tiempo busca consagrar que «toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, u otros medios digitales, en las condiciones que señale la ley».
Se precisa que «no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos o de frecuencias radioeléctricas». Y se manifiesta que «toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados».
La comisión de Derechos Fundamentales igualmente aprobó, en general, la Iniciativa Popular de Norma «Será Ley», sobre derechos sexuales y reproductivo que incluye el «derecho al aborto». Además, se incluye el derecho universal a la salud sexual y reproductiva; a la prevención, el diagnóstico, la atención y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual; a la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras sin discriminación ni violencia; y a la información y acceso a métodos anticonceptivos, entre otros.
Otra iniciativa popular que saltó la primera valla fue la que trata sobre el derecho a la identidad, incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales, que busca incorporar el derecho a la identidad, integrando sus diversas manifestaciones y dimensiones. Con ello se permite el reconocimiento de las diversas identidades de género y aporta en la prevención de la exclusión y discriminación hacia estas poblaciones.
También se aprobó en general una propuesta de norma que consagra la libertad de emprender, desarrollar actividades económicas y el derecho a la propiedad. Se detalla que «la Constitución asegura a todas las personas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas», pero, en línea con las constituciones de los países más desarrollados, «su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución, el cuidado del medioambiente y con el interés general». Al mismo tiempo se establece que «el contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio».
En cuanto al derecho a la propiedad, la nueva Constitución aseguraría a todas las personas «el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes». Se precisa que «los bienes incorporales sólo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley». Y que «nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general».
Además, se aprobó la iniciativa convencional titulada «Derecho a la restitución y deber de reintegro de tierras, territorios y bienes naturales de los pueblos y naciones indígenas”, que propone la creación de una Comisión a cargo de confeccionar un catastro y estado de las tierras, y luego de un Tribunal Especial encargado de resolver los reclamos.
Luego de haber alcanzado 25.854 firmas de respaldo de la ciudadanía y de convertirse en la propuesta animalista más votada en la Plataforma de Participación Popular, la iniciativa #NoSonMuebles, presentada por la Fundación Vegetarianos Hoy, se consagró como la primera iniciativa en ser deliberada y aprobada en la Comisión de Medio Ambiente. Los principales pilares de la propuesta de norma son:
Dentro de la Comisión se acordó dividir la votación en dos: por un lado, el inciso uno, que busca el reconocimiento y la incorporación de los animales no humanos como seres sintientes en la Carta Magna, cuya aprobación fue masiva con 18 votos a favor y una abstención del constituyente Rodrigo Álvarez (UDI). Y, por otro lado, el inciso dos, que tiene por objetivo la creación de un organismo que vele por la protección y bienestar de los animales.
Esta comisión igualmente aprobó la norma que deroga el actual Código de Aguas que fue presentada por 22 constituyentes de pueblos originarios, Chile Digno y Pueblo Constituyente, e indica: «Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua» que fueron entregados bajo la vigencia del cuerpo legal de 1981.
“Pierde toda validez y eficacia jurídica el Código de Aguas en todo lo que sea aplicable sobre las normas que las disposiciones permanentes y transitorias de la Constitución han aprobado”, se lee en uno de los enunciados.
“Este proceso de restitución tendrá una duración máxima de 2 años a contar de la entrada en vigencia de la Constitución. En casos excepcionales, los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua que se caducan con la promulgación de esta Constitución serán susceptibles de ser indemnizados”, dice la norma que además establece que no serán indemnizados, los derechos de aprovechamiento utilizados para la minería, agroindustria, forestales, sanitarias y cualquier otro uso a escala industrial que involucre el uso intensivo de agua. Otro artículo apunta a la protección de las aguas indígenas. «El Estado protege especialmente estas aguas y garantiza el normal abastecimiento y disponibilidad para su consumo y usos tradicionales».
La Comisión de Medio Ambiente también aprobó en general una iniciativa que busca nacionalizar las empresas mineras. Se denomina «Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir» y fue firmada por convencionales de Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.
Esta última norma ha encendido las alarmas en el mundo empresarial, por establecer la nacionalización de los bienes naturales de carácter «estratégico», entre los que se fijan el cobre, litio, el oro, la plata y el uranio, entre otros. La iniciativa establece que «toda planificación, exploración y explotación de bienes estratégicos se desarrollará considerando su impacto sobre las fuentes hídricas, territorios, comunidades y trabajadores afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos». Y respecto de la exploración añade que «deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos».
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson (RD), relató a un medio extranjero las complejidades que ha tenido la Convención Constitucional en sus siete meses de funcionamiento en Chile. Ante las declaraciones del parlamentario frenteamplista la mesa directiva de la instancia, a través del vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) reconoció que «hemos estado expuestos a situaciones desafiantes y lo seguiremos estando».
«Lo que nos trae acá es una vocación mayor que nos lleva a construir un proceso deliberativo que venga a permitir salir de una profunda crisis social y política en la que está nuestro país», sostuvo Dominguez.
«No tenemos otra alternativa más que seguir dialogando, deliberando y avanzando y quiero de alguna manera precisar que vamos a seguir teniendo desafíos, llevamos recién un 60% del plazo de este proceso constituyente y vendrán desafíos mucho mayores», añadió, junto con pedir a todas las personas que ven esos desafíos y situaciones: «sigamos trabajando juntos para sacar esto adelante».
Han sido varios los temas que han suscitado comentarios dentro y fuera de la Convención, además del contenido de la nueva Carta Magna. Por un lado está el polémico caso Rojas Vade y su falso diagnóstico médico, y por otro la renuncia de la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la instancia, la periodista Lorena Penjean, quien a través de una dura carta señaló lo siguiente: «He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío».
El convencional independiente Agustín Squella, que siempre ha hablado de la necesidad de mantener el optimismo, en los últimos días ha criticado la «autocomplacencia» del órgano redactor e incluso señaló que algunos convencionales «se comportan como ludópatas». El abogado y Premio Nacional de Ciencias Sociales pidió en ese sentido una jornada de reflexión en la Convención para realizar autocrítica general; lo que habría quedado descartado por ahora.
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El convencional y escritor Patricio Fernández, en sus crónicas semanales, ha dado cuenta del ambiente. “El desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política y hay, en efecto, buenas razones para la desazón, pero la importancia del reto es tal, que no hay esfuerzos por escatimar”, escribió el pasado 30 de enero.
Incluso convencionales como Bernardo Fontaine (Chile Vamos) han asegurado que «la discusión constitucional hoy parece un barco a la deriva y con riesgo de naufragio». La preocupación del economista está en algunas de las normas aprobadas en general por alguna de las comisiones que trabajan de acuerdo a diferentes asuntos, como la de nacionalizar la minería y caducar los derechos de agua.
De todas formas el Pleno de la Convención Constitucional comenzará a votar esta semana las primeras propuestas de normas las cuales, de alcanzar los dos tercios, estas iniciativas quedarán plasmadas en la nueva Constitución.
El constituyente Cristián Monckeberg (RN) indicó este fin de semana que «vienen las horas de decisiones, tanto de descentralización como Poder Judicial van a ser parte de la discusión del pleno». A su juicio, es fundamental «la independencia del Poder Judicial, una democracia requiere de autonomía y de independencia de los jueces. Y en descentralización, es fundamental desconcentrar el poder, pero hacerlo bien, las regiones tienen que tener más poder, mayor toma de decisiones, pero hay que hacerlo bien».
El constituyente Fernando Atria (independiente-RD) también se pronunció durante el fin de semana y señaló que «espero que al aparecer en acción los dos tercios que van a hacerse cargo de la dictación de la nueva Constitución se pueda mostrar que el proceso constituyente es eso, es un proceso, por lo cual uno no puede simplemente mirar las iniciativas presentadas y asumir que eso es lo que la Constitución tendrá, sino que uno tiene que observar cómo esas iniciativas van avanzando en la medida en que van logrando construir el acuerdo necesario para ser aprobadas en el pleno».
«Yo espero que eso es lo que empiece a quedar evidente, más allá de lo que uno pueda decir o anticipar en las votaciones de la semana que comienza», agregó el convencional Fernando Atria.
