NUEVA CONSTITUCIÓN
Créditos: Agencia Uno
La iniciativa que indicaba que «la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional, quien durará seis años en el cargo -y no ocho, como es hoy-, sin reelección» entra al borrador de la nueva Constitución. También se aprobó que las atribuciones del Comité del Ministerio Público serán asesorar al Fiscal Nacional en su dirección, designación del director ejecutivo nacional, proponer al Fiscal Nacional las ternas para la designación de los fiscales adjuntos, entre otras.
Este jueves el Pleno de la Convención Constitucional aprobó que las figuras del Fiscal Nacional y Defensor Nacional estén a cargo del Ministerio Público y Defensoría Penal Pública respectivamente. A esto se suma el rechazo a la norma que establecía un Consejo Superior en la testera de ambos organismos.
La iniciativa que indicaba que «la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional, quien durará seis años en el cargo -y no ocho, como es hoy-, sin reelección» entra al borrador de la nueva Constitución.
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Además, el proyecto establece que el nombramiento de esta figura debe contar con la aprobación mayoritaria del Congreso y la Cámara en conjunto, tras una terna propuesta por el Presidente, el que contará con la asistencia del Consejo de Alta Dirección Pública.
Con 108 votos a favor, 10 en contra y 31 abstenciones, se aprobó que al Fiscal Nacional le corresponderá presidir el Comité del Ministerio Público, así como dirigir sus sesiones. También tiene la tarea de designar a los fiscales regionales y adjuntos a través de ternas; sumado a representar al estamento frente a los órganos del Estado e impulsar la ejecución política de persecución penal en el país.
Se visó la forma de acceder al cargo, la persona que postula a Fiscal Nacional debe contar con al menos 15 años con el título de abogado, ciudadanía con derecho a sufragio y tener «comprobadas competencias para el cargo» (obtuvo 119 a favor, cuatro en contra y 26 abstenciones).
Se aprobó que las atribuciones del Comité del Ministerio Público serán asesorar al Fiscal Nacional en su dirección, designación del director ejecutivo nacional, proponer al Fiscal Nacional las ternas para la designación de los fiscales adjuntos, entre otras.
Además, se estableció que la remoción de sus miembros será por parte de la Corte Suprema -al igual que los fiscales regionales- a pedido del Presidente, del Congreso o de 10 pares, por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia. La remoción de los fiscales regionales puede ser solicitada por el Fiscal Nacional.
El Pleno también rechazó la existencia de un Consejo Superior a cargo de la Defensoría Penal Pública, por lo que la Comisión de Sistemas de Justicia tuvo que proponer un Defensor Nacional a cargo del órgano.
Quedó establecido que el cargo durará seis años, sin reelección. También se aprobó que su nombramiento será por la mayoría de los integrantes del Congreso y la Cámara -sesión conjunta- mediante una terna presentada por el Presidente.
También se aprobó la figura del Defensor del Pueblo, el que será designado por el Poder Legislativo, mediante una terna elaborada «por las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma que determine la ley».
Al respecto de la Defensoría Penal Pública, pasa al borrador de la Convención Constitucional las normas que establecen que las causas en que intervenga, «podrá concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos»; así como que su función será ejercida por defensores y defensoras penales públicas. También se aprobó que los servicios de defensa jurídica prestados por el estamento no se pueden licitar o delegar a particulares, excepto en casos que la ley lo establezca.
También se aprobó la creación de un Tribunal Ambiental presente en cada región del país.
