Pasada la medianoche de este martes, casi a las 5:00 am, los convencionales de centroizquierda entregaron las indicaciones a las normas transitorias rechazadas en el último pleno. Además del quórum de 4/7 para las reformas constitucionales, los convencionales sumaron a las normas protegidas por referéndum ciudadano ratificatorios, los artículos del capítulo “Naturaleza y medio ambiente”. Además, se fijó en 2026 el término del mandato de los senadores y se da un plazo de cuatro años —desde la entrada en vigencia de la Constitución— a los “jefes de servicio de los órganos del Estado” para adecuar su normativa respecto a la Constitución.
Tras dos extensiones del plazo para presentar indicaciones a las normas transitorias —el lunes en la noche se corrió de ese día a las 11.59 horas para el martes en la mañana por falta de tiempo— que fueron rechazadas el jueves 2 de junio por el Pleno de la Convención Constitucional, la mañana de este martes los representantes de la centroizquierda, a excepción del Colectivo del Apruebo, presentaron las indicaciones orientadas a transformar los artículos devueltos a la comisión.
En concreto, establecieron un quórum de 4/7 para que el actual Congreso haga reformas constitucionales. Además, se agregó un grupo de temáticas que tendrán que pasar la prueba de un plebiscito ratificatorio o el apoyo de 2/3 del sistema legislativo, las mismas que están en el borrador constitucional, pero además se protegen los artículos contenidos en los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias.
También fijaron de nuevo las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias —nuevos órganos legislativos— para 2025 y el término del mandato de los senadores que se extendía hasta 2030, para 2026, con posibilidad de los parlamentarios actuales de postular como candidatos a los nuevos órganos, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, entendiendo que si son elegidos, ese mandato será contabilizado como su primero.
Otro de los acuerdos claves es que se llegó a la redacción de que ”los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa” dentro de los 4 años siquientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. Un año menos que el propuesto por la iniciativa original.
Estas indicaciones junto con las que presentaron los colectivos que no participaron de las reuniones de casi el total de la centroizquierda, serán sufragadas al interior de la comisión este miércoles y viernes, para enfrentar por última vez la prueba del Pleno el 14 de junio, así las que no alcancen 103 votos en esta ocasión serán deshechadas para siempre.
“Nosotros los independientes no somos parte ni del actual Gobierno ni del Congreso, entonces tenemos nuestro legítimo derecho a desconfiar de la institucionalidad actual (…). En esa desconfianza que tenemos quienes venimos de los movimientos podemos pensar, que si no hay voluntad política podría perfectamente ocurrir que no suceda nada en cinco años, que nada de la Constitución empiece a auto ejecutarse porque hay que esperar que el legislador formule las leyes, esperar que la Corte Constitucional exista y que declare algo derogado expresamente”, dijo Camila Zárate de Pueblo Constituyente e integrante de la comisión de Normas Transitorias en entrevista con El Mostrador el 5 de junio.
Frase que describe las tratativas que se dieron entre los grupos de la centroizquierda al interior de la Convención Constitucional sobre las normas transitorias, cuyo objetivo es orientar la aplicación de ciertos artículos de la Carta Magna si es que es aprobada, luego de que el primer informe que derivó de la comisión de Normas Transitorias se enfrentara al Pleno el jueves 2 de junio y quedaran 20 de 45 iniciativas aprobadas completa o parcialmente.
Según describen quienes fueron parte de las reuniones que se reiniciaron el viernes, primero se realizaron entre los colectivos más afines. Por ejemplo, ese día se reunieron por separado: uno de los grupos era la “Vocería de los pueblos”, que incluye a Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y Escaños Reservados. Los demás también estuvieron reunidos, todos en el Palacio Pereira.
Más tarde las conversaciones se extendieron al total de la centroizquierda al interior del segundo piso del Palacio Pereira. Tratativas que incluyeron a Chile Digno, es decir, independientes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Independientes por una Nueva Constitución y los colectivos que integran la Vocería de los Pueblos. No llegaron a las discusiones representantes de la derecha ni del Colectivo del Apruebo.
Desde los primeros días de trabajo los convencionales aseguraban que existía polarización entre los grupos de independientes y de partidos políticos.
“Ya no estamos simplemente hablando de cómo queremos el país, ahora ya derechamente estamos hablando de cómo los actuales poderes del Estado se hacen cargo de esta implementación. Y ahí es donde entran en juego quienes tienen cupos en el Congreso, como quienes son parte del Gobierno”, admitía Camila Zárate el 5 de junio.
Tras el rechazo en el Pleno, que se esperaba, de la disposición transitoria el jueves 2 de junio que establecía un quórum de 2/3 para que el Congreso actual pudiera hacer reformas constitucionales, artículo que ya se veía peligrar por la negativa de Independientes por una Nueva Constitución y el Colectivo Socialista de aprobarlo, se rechazó con 71 votos a favor, 12 abstenciones y 44 en contra, entre estos últimos habían también votos negativos del Frente Amplio, entre ellos el de Fernando Atria (FA).
El nuevo acuerdo de la centroizquierda establece que hasta que los nuevos órganos que crea la Carta Magna que aún no se aprueba, Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones, no empiecen a regir el 11 de marzo de 2026, el actual Congreso requerirá del voto favorable de 4/7 de sus integrantes para reformar artículos de la Constitución. Dentro de las discusiones había un grupo que impulsaba los 3/5.
El documento consigna que al igual que propone uno de los artículos del capítulo de reforma constitucional del actual borrador de la Constitución que está siendo armonizado, los proyectos de reforma constitucional que “alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución”, deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio (ciudadano) o conseguir el acuerdo de 2/3 del sistema legislativo.
Pero además, en la norma transitoria propuesta por la centroizquierda se agregan temáticas a este grupo protegido por referéndum o quórum de 2/3: los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias.
Incluir los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente fueron iniciativas especialmente empujadas por los grupos que integran la “Vocería de los pueblos”. Así lo dijo Camila Zárate de Pueblo Constituyente el 5 de junio: “Nos parece que la manera de proteger aquellos articulados que no se encuentran en los capítulos “Derechos fundamentales” y en “Principios”, como, por ejemplo, los bienes comunes naturales, los animales, los principios ambientales entre otras materias, es a través del establecimiento de una norma transitoria, que rija para el actual Congreso, en donde se fije un plebiscito para cambiar esas materias”.
El artículo transitorio que establece cuándo serán las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, también llamado por los convencionales calendario electoral, no sufrió grandes cambios a pesar de la reticencia de los colectivos de independientes a que los actuales parlamentarios puedan postular al nuevo sistema legislativo, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones.
Al igual que la propuesta original el periodo parlamentario, incluyendo a los 27 senadores que iniciaron sus funciones en 2022 y las terminaban en 2030, como Fabiola Campillai (ind.), Javier Macaya (UDI), Manuel José Ossandón (RN), entre otros, terminaría el 11 de marzo de 2026.
Además, se establece que “los actuales integrantes del Senado podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las regiones que se realizará en 2025”.
Los colectivos claves para el rechazo de la norma original que se presentó al Pleno el jueves 2 de junio, fueron Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes, además de la centroderecha.
“Hay un interés de renovación de la política, y eso debe incluir que los actuales senadores no sean los mismos que después se postulen a la Cámara de las Regiones, sino se tergiversa el cambio sustantivo que estamos logrando”, dijo Camila Zárate de Pueblo Constituyente la semana pasada.
Acerca del primer inciso del artículo 2 que establecía que “toda la normativa dictada con anterioridad a la actual Constitución que sea necesaria para la continuidad de la actividad del Estado y sus servicios y el debido aseguramiento de los derechos fundamentales”, mantendrá su vigencia si no es derogada, modificada o declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional, se hizo una redacción más general que dicta que “toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional”.
El principal cambio viene en el segundo inciso que establecía que los órganos del Estado deberían adecuar su normativa respecto a la Constitución en un plazo “no superior a 5 años desde su entrada en vigencia”. En la nueva propuesta de la centroizquierda se mandata a adecuar su normativa a “los jefes de servicio de los órganos del Estado”, y “dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Algunos colectivos al interior de la “Vocería de los Pueblos” impulsaron en las reuniones bajar la cantidad de años en que los jefes de servicio de los órganos del Estado debían adecuar su normativa. “Nos parece que debería ser menor y hemos pensado en tres años”, dijo Camila Zárate de Pueblo Constituyente el 5 de junio.