Incendio en Puerto Ventanas que pone en tela de juicio la evaluación ambiental

Debido a la voracidad, magnitud y dramatismo del incendio que afectó a la ciudad de Viña del Mar, la mayoría de los habitantes de la Región de Valparaíso y de Chile, probablemente, no conocieron la gravedad del enorme siniestro que afectó el pasado jueves 22 de diciembre a las correas transportadoras del muelle de Puerto Ventanas. Este episodio revela, una vez más, el carácter grave y estructural del problema de contaminación a que se exponen, crónica y sistemáticamente, los habitantes de la Bahía de Quintero, dejándolos francamente desprotegidos.

Así lo demostró la acción inmediata del gerente general de la empresa localizada en la comuna de Puchuncaví, Jorge Oyarce, quien buscó exonerar a la empresa de toda responsabilidad, informando a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que el incidente se declaró en forma intempestiva e imprevista y que se debió a un “caso fortuito o fuerza mayor”. Sin embargo, desconocemos qué antecedentes tuvo para afirmar esto, pues las causas todavía deben ser investigadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Fiscalía Marítima, entre otros organismos.

Revisemos la historia de los hechos. Puerto Ventanas se instaló en la Bahía de Quintero el año 1991, es decir, previo a la dictación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente 19.300 y su Reglamento (1997). Esto significa que la empresa es una de las varias que conforman el Complejo Industrial Ventanas, cuyas operaciones principales no fueron ni han sido evaluadas ambientalmente. Lo que se ha realizado son evaluaciones parciales de ampliaciones o mejoras de algunas instalaciones del puerto, no así los impactos a escala mayor que genera la operación de esta instalación industrial.

En efecto, de los cinco permisos ambientales (Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA) con que cuenta Puerto Ventanas, asociados a diversos proyectos de modificación o ampliación del principal puerto granelero, todos ellos fueron aprobados mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Ello corresponde, como es sabido, a la vía simplificada, menos estricta de evaluación y que carece de participación ciudadana obligatoria.

Si bien no es posible asegurar con certeza que el incendio, en otro escenario de regulación más estricta, pudo haberse evitado, el evento vuelve a poner en la palestra la urgencia de adoptar todas las medidas preventivas todavía disponibles para proteger la vida, salud y medio ambiente de la población aledaña.

En este sentido, avanzar en una legislación para la evaluación de impacto ambiental de todas aquellas operaciones “antiguas” existentes en la Bahía de Quintero y otros territorios vulnerados por la contaminación industrial, es urgente y constituye un imperativo ético y de justicia ambiental. En este sentido, el Presidente Boric debería impulsar una moción parlamentaria (Boletín N° 13.652-12), actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, y que permite avanzar en regular todas las industrias que se instalaron y comenzaron a operar antes de 1997 y, por tanto, no fueron evaluadas ambientalmente.

No menor, y relacionado con lo anterior, es urgente cumplir cuanto antes con la ya antigua promesa de congelar y modificar las 754 hectáreas todavía disponibles en el Plano Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) para impedir la instalación de nuevos proyectos o actividades productivas “peligrosas” en las comunas de Quintero y Puchuncaví.

Desde Fundación Terram, consideramos que ya es hora de avanzar decididamente en las políticas públicas y normativas que puedan dar una solución real a los efectos de la contaminación industrial que a diario afecta a las personas de Quintero, Puchuncaví y Concón, así como otras comunas del país, y que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de estos habitantes.