¡Hola! Espero esté siendo un gran sábado. Hay que descansar después de esta semana que estuvo intensa y noticiosa. En el ámbito político, la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, motivó una declaración del Mandatario que produjo muchas y distintas reacciones. Comenzó septiembre y se acerca la conmemoración de los 50 años.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, está en cuenta regresiva con la tramitación de la reforma de pensiones. Todo indica que debería estar lista en noviembre, pero todavía nadie se atreve a hablar de un acuerdo. La ministra me dijo diplomáticamente: “El Presidente Gabriel Boric nos ha convocado a entablar un diálogo previsional”.
Renovación Nacional quiere dejar de ser la “bolsa de gatos” que ha sido en los últimos meses y, el 9 de septiembre, elige a la nueva mesa directiva que gobernará por los próximos dos años. Compiten la senadora Paulina Núñez –que es reconocida como una máquina electoral– y el senador Rodrigo Galilea –que promete aquietar las aguas del partido con un estilo reposado–. El resultado sería estrecho.
También revisamos las últimas reuniones que tuvo en el registro de lobby el exministro Giorgio Jackson, contamos los problemas para la conmemoración del 11 de septiembre y anunciamos las actividades que tiene esta semana el Gobierno para comenzar a recibir los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Duro golpe. Nadie podía creer que, tras dos semanas conversando y negociando para llegar a acuerdos relevantes, el resultado de la primera votación del Consejo Constitucional fuera para darles rango constitucional a la cueca y el rodeo.
El Partido Republicano consideró que esos eran dos temas relevantes. La decisión se interpretó como una manera de dejar claro que ellos tenían la sartén por el mango. Un mal comienzo para el segundo intento por tener una nueva Constitución. No existen dos opiniones al respecto.
La semana pasada, hicimos un análisis de la estrategia de Republicanos y, en esta, revisamos lo que está pensando hacer el oficialismo ante el predominio de dicho partido. Todos los oficialistas consultados son pesimistas.
Existe la convicción en Chile Vamos y el oficialismo de que Republicanos está trabajando para cuidar sus intereses electorales a corto plazo, apostando a ser “voto de castigo” para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el plebiscito de diciembre próximo.
Al vicepresidente del Consejo, Aldo Valle, le cuesta creer este incordio: “No podemos perder esta oportunidad, el sistema político está muy complejo, la economía va a toda velocidad y tenemos que lograr acuerdo en una Constitución que se acerque a estos tiempos. Es urgente que Republicanos recapacite y no imponga solo sus enmiendas”. Respecto a lo de la cueca y el rodeo, dice: “Republicanos no entiende el ethos de la política”.
En este poco auspicioso panorama, el martes en la mañana se logró algo inédito, que no estaba en ningún reglamento o diseño, y que son las subcomisiones negociadoras del Consejo Constitucional, integradas por consejeros, expertos y asesores. El analista Danilo Herrera calificó esta salida como “expertos al rescate”.
En Chile Vamos hay cierto optimismo. Creen que esa primera votación dándoles rango constitucional a la cueca y al rodeo dejó mal al Partido Republicano. El miércoles sabremos si este recapacitó y aceptó negociar a último minuto.
Noviembre es la fecha límite para el acuerdo en pensiones. En el Gobierno me precisaron que después era imposible, porque viene el plebiscito de diciembre y, en abril, son las primarias de las elecciones municipales de octubre de 2024. En la puerta del horno se quema el pan, dicen.
En la derecha llevan meses insistiendo en que todo el 6% de aumento de la cotización debe ir a la cuenta individual y se apoyan en la alta adhesión que tuvo la Iniciativa Popular de Norma “Con mi plata NO”. Un senador PPD me señaló que, lo más probable, es que finalmente sea un 3% para cada cuenta y, tal vez, el Gobierno podría ceder con un 4% en capitalización individual y 2% a fondo solidario.
Pero los parlamentarios oficialistas siguen negociando. Algunos afirman que el Gobierno podría estar dispuesto a renunciar al ente autónomo, implementar un seguro de longevidad y renunciar al anuncio presidencial del “fin de las AFP”.
En la cartera del Trabajo no piensan lo mismo. La Moneda dice que tiene que haber competencia pública a las AFP, vale decir, con un administrador de fondos y otro de cuentas que sean públicos. No van a ceder en terminar con la institución de las AFP y ven complejo el seguro de longevidad, dado que las empresas de seguros se opondrían, porque terminaría con su negocio de las rentas vitalicias. “Eso nos obligaría a tener un empresa de seguros pública y la derecha no lo va a aceptar”, señalan en el Gobierno.
La oposición cree que el Ejecutivo introducirá en la Cámara indicaciones al proyecto para lograr apoyo de la DC, Amarillos, Demócratas y que, así, la ley siga la tramitación y no sea rechazada como la reforma tributaria en marzo pasado.
El cuento de los retiros. Un argumento que ha utilizado el Ministerio del Trabajo para acelerar la tramitación es que la ausencia de un acuerdo este año motivaría que, en el próximo, empiecen de nuevo los retiros de los fondos de pensiones. El senador Rodrigo Galilea (RN), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, dice que “va a ser difícil lograr un acuerdo en pensiones, pero hay que intentarlo de buena fe”.
Carlos Larraín dijo que no haría pública su preferencia para la segunda vuelta de las elecciones de la mesa directiva de Renovación Nacional (RN) del 9 de septiembre próximo. Ninguna de las dos listas que compiten querría el apoyo público de Larraín, después que integró la lista que salió última en las elecciones internas del 19 de agosto. Carlos Larraín es considerado una persona que divide al partido, pero todos saben que es fundamental para definir la nueva mesa.
Hay varias diferencias relevantes entre las dos listas que quedaron en competencia. La senadora Paulina Núñez es considerada muy activa en la vida partidaria, con mucho trabajo en terreno y conocimiento de los militantes. Núñez me remarcó que su lista fue la única, de las tres en competencia, que presentó un programa de gobierno para los próximos dos años.
El senador Rodrigo Galilea es considerado un militante más tranquilo, reposado, menos dado a la máquina y con una actividad de más bajo perfil dentro de RN. En la competencia lo tildan de “aparecido” en la vida partidaria. Su promesa de campaña es terminar con más de diez años de conflicto entre el lote de Carlos Larraín y el grupo de Mario Desbordes. La lista de Paulina Núñez lleva como uno de sus vicepresidentes a Desbordes.
Respecto a cómo se inclinaría la tercera lista en esta elección, tanto Núñez como Galilea me dijeron que “estaban confiados”. La candidata a presidenta por la Lista C, María José Gatica, realizó una excelente campaña senatorial en la Región de Los Ríos y derrotó a la senadora incumbente Ena Von Baer (UDI) en las elecciones del 2021. Gatica es cercana al exalcalde de Puente Alto y actual senador, Manuel José Ossandón, y no existe una decisión pública de apoyo a alguna de las dos listas en competencia. Todos indican que el resultado del 9 de septiembre será estrecho.
El abogado Lucas Sierra ha sido un observador privilegiado de nuestros últimos vaivenes constitucionales desde que ocupó el cargo de subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde lideró numerosas investigaciones y equipos en el tema. Abogado constitucional, especializado en telecomunicaciones, profesor de Derecho en la Universidad de Chile y socio de Lupa Legal, comenta en esta entrevista el estado del órgano constituyente.
–¿Cuál es el destino del Consejo Constitucional?
-Siempre es difícil (si no imposible) anticipar el futuro. El Consejo tiene poco tiempo para tomar una postura sobre el anteproyecto que recibió de la Comisión Experta. Las votaciones empezaron esta semana en las subcomisiones y, hasta ahora, han sido algo problemáticas. Entre otras cosas, por algunas enmiendas innecesarias y ridículas aprobadas por la derecha, como las relativas a la cueca y rodeo. Pero todavía es muy temprano para decir que así será el destino final de esta votación.
Se está pidiendo más tiempo y haciendo algunos ajustes de procedimiento para llegar al Pleno del Consejo con algo que no rebote allá. Además, hay que recordar que lo que apruebe ahora el Consejo vuelve en octubre a la Comisión Experta. Si esta no aprueba, deberá formarse una comisión mixta entre los miembros de ambos órganos. Esto puede tensionar el proceso excesivamente, pues se estará, además, muy cerca del plazo final. Si esto ocurre, alguien tendrá que ceder: los expertos (lo que implica que cede el Congreso) o el Consejo (lo que implica que cede la mayoría triunfante el pasado mes de mayo).
Hay que tratar de no llegar a ese punto, por lo que convendría que el Consejo no se aleje mucho del anteproyecto. Pero esto es difícil, pues es harto pedir a la mayoría política tan clara que resultó electa en mayo pasado.
–¿Fue equivocado el diseño? ¿Qué pasó?
-Creo que sí. En el fondo fue un diseño un tanto mentiroso, pues se previó que el Congreso básicamente manejara el proceso y que el Consejo Constitucional electo no fuera tan relevante. A esto apuntaban las “12 Bases”, el Comité Técnico de Admisibilidad para controlar esas bases, y un grupo de expertos, también designados por el Congreso, que redactaron un anteproyecto que el Consejo Constitucional electo solo puede rechazar por 2/3.
Además, los expertos pasaron a formar parte del Consejo, con derecho a voz, pero pueden llegar a integrar una comisión mixta con el mismo derecho a voto que los consejeros electos. Era tanto este control por parte del Congreso, que cabía preguntarse por qué no fue el propio Congreso el que asumió la tarea de una nueva Constitución. A pesar de todo lo que se dice (que son incumbentes, que no tiene prestigio, etc.), creo que debería haber sido el propio Congreso el que asumiera con franqueza dicha tarea.
Ahí tenía, por ejemplo, el proyecto que dejó la Presidenta Bachelet para empezar. No fue así, lamentablemente, y creo, además, que los partidos incurrieron en un error fatal al final del procedimiento que tan cuidadosamente diseñaron en diciembre del año pasado: no constitucionalizaron la campaña para las elecciones de consejeros constitucionales. Más o menos intensamente, las campañas se centraron en el clima de inseguridad que percibe la ciudadanía, algo respecto de lo cual la Constitución tiene poco y nada que hacer.
Desde el origen del constitucionalismo, las constituciones buscan organizar el poder y, especialmente, proteger a las personas frente a ese poder organizado. Las constituciones buscan evitar el surgimiento de un Estado policíaco. Por eso es que hoy se oye, en algunos sectores, que esta sería una “Constitución de la Seguridad”, es una contradicción en los términos, una potencial pesadilla orwelliana. Y ese foco electoral en la seguridad/inseguridad hizo que arrasara el partido con el discurso más duro al respecto y que no ha ejercido el poder. Paradójicamente, el diseño del Congreso generó una criatura –el Consejo– muy distinta a sí mismo. Resultó todo en un gran malentendido. Y, como decía más arriba, alguien va a tener que ceder.
–¿Qué implica un tercer fracaso de proyecto constitucional?
-Sería como esas peleas de divorciados: se pasa pésimo, se sacan los ojos, se termina exhausto, y todo para quedar más o menos en el lugar de partida. Habrían sido cuatro años de mucho desgaste y que demostrarían una hipótesis: canalizar los sucesos de octubre de 2019 hacia una nueva Constitución fue una decisión un tanto artificial.
Los problemas de Chile parecen ser legislativos, no constitucionales, y menos con el Tribunal Constitucional que hoy existe. Hay que mejorar el sistema político, lo que es constitucional, pero esto no exige toda una nueva Constitución y un proceso gigantesco ad hoc. Dicho esto, si vuelve a ganar el rechazo en diciembre (todavía es muy luego para decirlo), no se acabará el mundo. Hay que recordar que la Constitución hoy se puede modificar por 4/7 (esta es quizás la reforma constitucional más importante), y que vendrán elecciones parlamentarias y presidenciales en no demasiado tiempo más. Si todavía hay ánimo constituyente a esas alturas, los ciudadanos podríamos pronunciarnos por las alternativas que se ofrezcan, si hay alguna. Me parece, por lo demás, que esa sería la ocasión correcta para hacerlo. Y no un plebiscito con voto obligatorio.
Al revisar las últimas audiencias que tuvo el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson Drago, en el portal Infolobby, destaca que no hay reuniones con empresas privadas. Lo más cercano a esto es un encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Todas las otras visitas que recibió Jackson son de instituciones de la sociedad civil que le presentaron sus trabajos o proyectos.
– Desatado está el ex Presidente Sebastián Piñera, con viaje incluido. Eso dicen en la dirigencia de la UDI después de las múltiples apariciones en prensa que tuvo el ex Mandatario en agosto. Incluso comentan que podría estar compitiéndole al liderazgo de la precandidata presidencial de la UDI, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.
– Molestia en el Gobierno con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Terminó dominio oficialista en Tribunal Constitucional (TC) y responsabilizan al ministro Fuentes por el cambio.
– Cadena de errores en conmemoración de los 50 años. El último problema que tuvo la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue la cancelación del acto multitudinario planificado para el 9 de septiembre en la Alameda.
Cualquier libro publicado por el escritor chileno Alejandro Zambra es una noticia. El más reciente es uno de bolsillo, titulado Un cuento de Navidad, que es una conversación del escritor sobre su editor, que paralelamente va sugiriendo correcciones de estilo en las notas a pie de página. Una maravilla de libro.
Pero lo más novedoso es el prólogo de Andrés Braithwaite, que ha sido el editor de todos los últimos libros de Zambra. Braithwaite es considerado uno de los más importantes editores de libros del país y está detrás de varias publicaciones relevantes, entre ellas, muchas de Ediciones UDP, una de las editoriales que más publica en el país.
Zambra, junto a editorial Gris Tormenta, lograron que Braithwaite escribiera el prólogo, junto a las notas y, obviamente, a la edición de todo el libro. Una gran oportunidad para conocer la escritura de Braithwaite de la mano de Alejandro Zambra.
Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.