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¡Buenas! ¡Bienvenido fin de semana! Lentamente recuperándome del resfrío sobre el que les conté la semana pasada, con pocas posibilidades de descansar en una semana marcada por las últimas negociaciones de la ley corta de isapres y el trámite acelerado de la agenda de seguridad. Todo esto empañado por la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre y “la falta de precisión” del Ejército respecto a lo ocurrido.
Candidatos a las elecciones municipales se reúnen con arzobispo de Santiago. Fernando Chomali intenta sacar a la Iglesia católica del ostracismo en que ha estado en los últimos años por los casos de abusos y la disminución de sus creyentes. La invitación es el lunes a las 9:00 horas en el arzobispado de la capital.
En el bonus track de esta semana: una conversación con el experto en defensa y seguridad nacional Richard Kouyoumdjian, quien explica los efectos que podría tener para el Ejército la muerte del conscripto Franco Vargas. Contamos también por qué el senador socialista Juan Castro es uno de las grandes damnificados de la discusión de la ley corta de isapres; la locura de los partidos de derecha por incorporar a sus filas el exdirector ejecutivo de Canal 13; y recomendamos una entrevista que explica la llegada del Tren de Aragua a Chile.
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Dos bandos en disputa. El miércoles fue un día difícil en La Moneda, mientras se monitoreaba la votación de la ley corta de isapres en la comisión mixta de Valparaíso. Había dos bandos: uno que postulaba que había que lograr un acuerdo con la derecha, porque “la deuda de las isapres con sus afiliados era impagable y el sistema podía colapsar”; y otro que consideraba que había que tensionar lo máximo posible la negociación para dejar en evidencia que la derecha defendía a las aseguradoras, que “este problema lo generaron las isapres, no el Gobierno”. Tarde, el miércoles en la noche, prevaleció la necesidad de acuerdo y hubo desazón en una parte del oficialismo.
Tantas vueltas para llegar al mismo lugar. Entre los parlamentarios oficialistas la molestia es por la ausencia de claridad de La Moneda respecto a cómo enfrentar la situación de las isapres, lo que dividió en dos bandos al Gobierno y generó una discusión parlamentaria que duró dieciséis meses y solo desgastó a la alianza oficialista por esa ausencia de definiciones claras del Ejecutivo.
Salvavidas a las isapres o “mutualizacion con otro nombre”. El jueves en la mañana el análisis en ciertos sectores del oficialismo fue que el Gobierno había terminado entregando mecanismos para reducir la deuda a la industria y aumentar sus ingresos vía: obligar al pago del 7% del sueldo a los cotizantes, el reajuste extraordinario con tope del 10%, mantener permanente por cuatro años el pago del actual Indicador de Costos de la Salud (ICSA), el aumento de 10 a 13 años del plazo para pagar la deuda y la posibilidad de “pronto pago”, que permite negociar con los cotizantes una reducción de la deuda a cambio de adelantar el pago. La ministra Ximena Aguilera explicó, en T13Radio, que “el acuerdo es relevante porque permite cumplir la sentencia, sirve a la justicia y establece mecanismos para que la industria pueda seguir funcionando”.
La pérdida definitiva de la inocencia del progresismo reformador. La larga negociación de este acuerdo con la derecha es vista por algunos en el Ejecutivo como un fracaso de los sectores progresistas, la pérdida de la inocencia de quienes han postulado grandes cambios y vieron en este proceso la oportunidad de terminar con las isapres. “Es lo mismo que pasó con esa idea inicial del Gobierno de terminar con las AFP, condonar el CAE o escribir una nueva Constitución para Chile, y que terminan enfrentándose con la realidad de ser minoría en el Congreso o con la falta de apoyo en la ciudadanía”, me dijeron en el oficialismo menos reformador.
La invitación del arzobispo de Santiago. El fin de semana pasado circuló entre algunos parlamentarios y políticos nacionales una invitación que realizó el nuevo arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, a los precandidatos a alcaldes y gobernadores, para reunirse este lunes en el segundo piso del Arzobispado de Santiago, a fin de “generar un ambiente de respeto y amistad cívica de cara a las elecciones del mes de octubre”. Chomali asumió en Santiago en diciembre, tras ser nombrado en ese puesto en octubre de 2023, y entre sus cercanos no llamó la atención esta convocatoria a políticos.
El cardenal político. El cardenal Raúl Silva Henríquez es la mayor expresión del relevante rol que tuvo la Iglesia católica en la política chilena por su activo papel en la defensa de los derechos humanos y en el fin de la dictadura. Desde Silva Henríquez en adelante ese protagonismo solo ha disminuido, hasta llegar al momento actual, en que la Iglesia no forma parte de la contingencia.
Catolicismo en tiempos de crisis. Una expresión de la baja influencia de la Iglesia es la disminución de personas que se declaran católicas. La encuesta Bicentenario, que realiza la Universidad Católica, mostraba que en 2006 había un 70% de chilenos que se consideraba practicante de la religión católica. El año 2021, los católicos bajaron a 42%, y este año aumentaron levemente a 45%. Existen voces que dicen que el catolicismo ya tocó fondo y ahora podría venir un regreso de feligreses.
Toma de decisiones y reconstrucción de iglesias. Fernando Chomali es conocido por su capacidad de debatir y defender sus ideas, consideradas por sectores progresistas como extremadamente conservadoras en temas valóricos. Apenas asumió su rol de arzobispo de Santiago, colocó al sacerdote Osvaldo Fernández de Castro como vice gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la tarea –entre otras– de ocuparse de la reconstrucción de las iglesias destruidas durante el estallido social en las cercanías de la Casa Central de la UC.
Gran día para Demócratas. El lunes pasado, el partido de la senadora Ximena Rincón anunció por las redes sociales que la colectividad había logrado constituirse legalmente en la Región del Biobío. Pero la buena noticia les duró poco, porque el martes Radio Bío-Bío contó el primer escándalo de irregularidades que afecta a esa tienda política que legalizó su formación hace solo nueve meses, en julio de 2023. Los rostros del escándalo son dos candidatos a gobernadores de Demócratas: el actual gobernador regional del Biobío y el hermano de la senadora.
Probidad espacial. El proyecto espacial habría sido presentado a la Corporación Desarrolla Biobío –que dirige Marcelo Chávez, hombre cercano al gobernador Rodrigo Díaz (militante demócrata, ex-DC)– en el segundo semestre de 2022 y en diciembre del mismo año la Fundación Leitat recibió los $720 millones en una sola cuota, para empezar a “impulsar un ecosistema que permita sustentar la investigación, innovación, conocimiento, emprendimiento y el desarrollo espacial”.
Nombre complicado. El principal elemento que llama la atención es que el proyecto impulse un centro de innovación espacial y participe Ricardo Rincón, que no cuenta con conocimientos en esta área de investigación, aunque señaló que su aporte fue por su experiencia en el “área de la Defensa y el desarrollo de política pública espacial”. Las boletas presentadas por el abogado Rincón, actual candidato demócrata a gobernador de O’Higgins, son en concepto de “asesoría”, “propuesta de gobernanza” y “avances de estrategia” del proyecto espacial.
Todos parte de un equipo. El actual gobernador Rodrigo Díaz, el exdiputado Ricardo Rincón y el gerente general de la Corporación Desarrolla Biobío, el exdiputado Marcelo Chávez, comparten haber sido militantes de la Democracia Cristiana que renunciaron a esa colectividad para fichar por el Partido Demócratas. El miércoles la Fiscalía Regional decidió abrir una investigación de oficio por el traspaso de los $720 millones desde el Gore a la Fundación Leitat.
Una bola de nieve. El conscripto Franco Vargas murió el 27 de abril pasado tras participar en una marcha de instrucción del Ejército en Putre. Desde ese día las versiones sobre las circunstancias de la muerte del conscripto han cambiado en varias oportunidades, lo que motivó que el comandante en Jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, reconociera este miércoles que hubo “falta de precisión” y solicitara el retiro de dos altos mandos militares de la zona.
Richard Kouyoumdjian, experto en defensa y seguridad nacional, evalúa la reunión del Presidente de la República con el general Javier Iturriaga, además de explicar algunos de los efectos que podría tener este caso para el Ejército y el servicio militar.
-¿Cómo evalúas la reunión del Presidente de la República con el comandante en Jefe del Ejército el viernes en la tarde?
-Golpe de autoridad presidencial. Los anuncios los hace la ministra de Defensa y esa cartera asume la revisión y definición de protocolos y procedimientos. El costo de esto para el Ejército es que van a perder independencia respecto del Ministerio de Defensa.
-¿Son suficientes las medidas anunciadas por el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga?
-Claramente no lo son. Hasta ahora el general Iturriaga solamente ha relevado mandos directos o solicitado el retiro de los jefes de la división y brigada. Es de esperar que haya más medidas, conforme avancen las investigaciones administrativas y la que está realizando la Justicia. Si queremos buenas investigaciones, les tenemos que dar tiempo. El tema es demasiado importante como para tratarlo a la ligera. Es lo mínimo que le debemos al soldado Franco Vargas.
-¿El caso del conscripto Franco Vargas es un llamado de atención al esquema del servicio militar?
-Claro que lo es, tal como fue el caso de Antuco, que si bien no es comparable en su magnitud, enseñó mucho al Ejército de Chile. Lo importante en este caso es determinar si los errores de Putre son locales o si son sistémicos al servicio militar como un todo. Es importante no apurar las investigaciones, ya que de ellas va a salir el aprendizaje. También el Ejército necesita revisar su manejo de crisis y la forma en que se relaciona con el mundo exterior. Necesitamos el mejor Ejército al que Chile pueda aspirar.
Democracia UDP inaugura en Chile proyecto Palancas
La presentación de Palancas en Chile, iniciativa desarrollada por Democracia UDP junto a la Fundación Felipe González, y a CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–, contó con la participación del ex Presidente de España, Felipe González.
En la presentación, realizada en la Biblioteca Nicanor Parra, se explicó la metodología del proyecto Palancas que consiste en reunir a grupos de personas con diferentes experiencias para elaborar propuestas de políticas que contribuyan a mejorar la vida de las personas, las que serán difundidas públicamente.
Patricio Fernández, director de Democracia UDP, comentó que “proyectos tales como Palancas Chile y otros que trabajaremos, nos permitirán crear un espacio donde se reflexione sobre la democracia no solo como sistema político, sino también como horizonte cultural y como manera de entendernos”.
Ver presentación de Palancas Chile aquí o haciendo clic en la imagen.
Senador Juan Luis Castro, el principal damnificado de la ley corta de isapres. Fue el diputado Tomás Lagomarsino (PR) el que le tiró definitivamente la cadena al senador socialista Juan Luis Castro, el miércoles tarde, en una conferencia de prensa, flanqueado por varios parlamentarios, entre ellos, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada Ana María Gazmuri (AH), que asentía a todas las acusaciones que hacía el diputado radical contra el senador Castro.
Circulan nombres para el Poder Judicial. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric está preparando una lista de candidatos a la Corte Suprema y la Contraloría.
Todos quieren a Max Luksic. Esta semana supimos que el hijo del empresario Andrónico Luksic, Maximiliano Luksic, dejaría la dirección ejecutiva de Canal 13.
Lunes 13: El Presidente Gabriel Boric recibe a la madre del conscripto Franco Vargas.
Lunes 13: Publicación de la circular de la Superintendencia de Salud con instrucciones para cumplir fallo de la Corte Suprema sobre isapres.
Lunes 13: El Senado y la Cámara deberán votar el proyecto de ley corta de isapres para su promulgación.
Martes 14: Día de Carabineros de Chile. Se realizan las actividades que se postergaron por la muerte de los tres carabineros en la zona de Cañete.
Martes 14: 85° aniversario de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y lanzamiento de Start-up Campus.
Miércoles 15: Discusión de dos proyectos de la agenda de seguridad en la Cámara de Diputadas y Diputados: ley sobre reincidencia y ley para fortalecer institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
Es recurrente que lectores de +Política me sugieran, para esta sección, nombres de altos funcionarios de Gobierno o lobbistas. Los que más interesan son los expolíticos, que luego de abandonar cargos en el Ejecutivo o el Parlamento se dedican a la gestión de intereses. Entre los últimos nombres sugeridos me llamó la atención el de la exdiputada Marcela Sabat, a quien encontré en audiencias con tres ministros del actual Gobierno.
Otra explicación para la llegada del Tren de Aragua. Un fiscal chileno que trabaja investigando crimen organizado me contó que, cuando comenzaron a llegar los delincuentes venezolanos al país, la policía chilena se sorprendió porque, al intentar arrestarlos, estos respondían con disparos y mucha violencia, a pesar de no poder escapar. La explicación que luego dieron los venezolanos era que la policía de su país no arrestaba, mataba. No estaban acostumbrados a que el destino de un arresto fuera la cárcel.
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Y hasta aquí esta edición de +Política. ¡Que tengan un gran fin de semana! Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.