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¡Buenas y feliz sábado! Hacía 23 años que un ministro de la Corte Suprema no era removido del alto tribunal y esta vez fue por la unanimidad de sus pares. Los pasillos de tribunales y del Ministerio Público seguirán agitados en los próximos meses.
Una condena que terminó en absolución. Y a propósito de un Poder Judicial cuestionado, en esta edición te contamos sobre una desconocida arista del caso Cascadas, donde nunca se investigó una grave denuncia de parcialidad de una jueza, que fue clave para la absolución de uno de los inculpados más importantes en la causa.
Fin del CAE entusiasma al Gobierno. El anuncio del sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) comienza un largo proceso de tramitación, en un ambiente parlamentario marcado por el pesimismo y con pocas chances de éxito. Todo indica que quedan varios años de CAE.
Ponemos el ojo en lo más polémico de la remoción de la exministra Vivanco. Hay ruido de cambios en el Ministerio de Educación y un diputado UDI enfrenta al presidente interino de su partido.
Otra historia de tribunales y Fiscalía. Esta semana abordo un caso que es, a tribunales y Fiscalía, lo que fue la «muñeca bielorrusa» a la Corte Suprema. No pretendo denunciar delitos o corrupción, solo mostrar cómo se opera en ocasiones ante nuestros tribunales para tener éxito.
Primero, la causa: el caso Cascadas. Segundo, los protagonistas: Aldo Motta, los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, la jueza Laura Assef y, sí, también está el fiscal Manuel Guerra.
Condena a Aldo Motta. El caso tuvo como uno de los principales involucrados al exgerente de la sociedad controladora, Aldo Motta Camp, que tuvo varios reveses en su juicio, pero el manejo de Donoso y Zaliasnik revirtió una condena y sepultó una grave denuncia de parcialidad de una magistrada clave en la absolución del inculpado.
Corte Suprema revierte fallo condenatorio. En octubre de 2018, un fallo unánime del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Aldo Motta por una serie de delitos de manipulación del mercado de valores. Donoso recurrió ante la Corte Suprema.
Un presidente, dos jueces y una jueza alterna. A mediados de 2019 comenzó el nuevo juicio con un tribunal integrado por su presidente, Cristián Soto; el juez redactor, José Flores; la jueza Laura Assef; y la jueza alterna Gigliola Devoto. Los detalles que obtuve conversando con los involucrados me confirmaron que el ambiente entre los miembros del tribunal fue complejo para tres de los cuatro jueces, que estimaban que había intervención indebida de terceros, vinculados a la defensa de Motta, sobre la jueza Assef.
Denuncia. Cuando se acercaba el fin de la causa, el presidente de la Sala, Cristián Soto, decidió advertir las irregularidades al Ministerio Público con un mail que señalaba que Laura Assef tenía «deliberada y permanentemente actitud parcial» y que una abogada de la defensa que encabezaban Donoso y Zaliasnik «habría auxiliado y dado consejo» a Assef. Soto quería advertir de la situación antes del fallo de la causa.
Un poco tarde. La investigación de las vinculaciones entre la jueza Assef y el equipo de Donoso y Zaliasnik no avanzaron, pero lo que sí avanzó fue el fallo absolutorio a Aldo Motta, conocido el 23 de febrero de 2020, con dos votos a favor y uno en contra. La parte derrotada, representada por un equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad liderado por la fiscal Ximena Chong que había ganado el primer juicio, esta vez no tenía nada qué hacer, ya que esta era la última oportunidad para este juicio. Esta resolución fue clave para la posterior evolución que tuvo el caso Cascadas y para debilitar la arista penal contra Julio Ponce.
Comienza investigación. El fiscal Pérez Calaf logró acceso a los mails que tenía Assef en la Universidad Católica y en el Poder Judicial, pero tuvo dificultades para conocer su correo electrónico privado que administraba Meta (Facebook). Donoso y Zaliasnik, cuando supieron sobre la orden de incautación, fueron al Juzgado de Garantía y pidieron una cautela de garantía y, también, recurrieron al Colegio de Abogados, donde presentaron un recurso de amparo gremial.
El Colegio de Abogados sancionó a Pérez Calaf por pedir los mails y comunicó la decisión al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Donoso y Zaliasnik sostuvieron insistentemente que la denuncia era falsa.
Último flanco abierto. En agosto del mismo año, los abogados Zaliasnik y Donoso decidieron neutralizar a quien había realizado la denuncia y presentaron una querella por prevaricación contra el juez Cristián Soto, que había sido presidente del tribunal del caso Aldo Motta, denunciante de la jueza Assef y único voto en contra de la absolución de Motta.
Todos los caminos llevan a Manuel Guerra. La querella contra el juez Soto y las denuncias que enfrentó el fiscal Pérez Calaf motivaron que el Fiscal Nacional de ese momento, Jorge Abbott, trasladara ambas causas de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que encabezaba Manuel Guerra. Meses después, Guerra decidió «no perseverar en ambas causas» y ahí terminó la investigación de la denuncia de posible intervención de terceros en el juicio que absolvió a Aldo Motta.
Finalmente será un hecho. En +Política llevamos meses contando eventos de una derecha que no logra levantar cabeza. La UDI perdió todos sus coroneles y no encuentra nuevos liderazgos. RN intenta cierto orden, pero sus diputados apuestan por acusar constitucionalmente al Presidente de la República. Por último, Evópoli lleva meses de disputas internas que les impiden conversar entre ellos. Y, como corolario, esta semana fracasó la sexta acusación constitucional contra un ministro de Gobierno.
Un partido único. Varios dirigentes de Chile Vamos coinciden, hace meses, en que la única manera de sobrevivir a esta tormenta que ha azotado a las colectividades del sector es creando un partido único que reúna a la UDI, RN y Evópoli. La tarea no es sencilla, porque reconocen que la derecha agrupada en un solo partido nunca ha funcionado, sería algo inédito en la historia de Chile. Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) suenan como los líderes para ejecutar esta unión.
Magros resultados municipales. Este escenario tiene pesimista a Chile Vamos respecto a las elecciones de los días 26 y 27 de octubre, donde creen que el Partido Republicano aparecerá como el más votado, aunque muy por debajo de ese 35% que obtuvo en la elección de consejeros del segundo proceso constitucional. La preocupación más grande es que este desorden y el desgaste afecten a la candidata preferida en las encuestas. «Faltan los Longueira, Allamand, Novoa, Piñera», me dice un dirigente preocupado.
Preocupación en el oficialismo. El lunes en la mañana trascendió que el Presidente Gabriel Boric realizaría una cadena nacional para anunciar el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y anunciar el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior).
En el oficialismo varios me comentaron lo poco conveniente que era hacer tan importante anuncio cuando la derecha sufría los embates de los casos Hermosilla, Universidad San Sebastián, la desaparición de la UDI y cuando, nuevamente, fracasaba en su festival de acusaciones constitucionales.
Seguirá el CAE. El FES es un nuevo ejemplo de política pública que es prioridad para la población, pero que tendrá una compleja tramitación en el Parlamento, que nunca le permitirá transformarse en ley. Las posibilidades de que avance este proyecto de ley son casi nulas. La primera reacción de la derecha ante lo anunciado fue hacer circular un video de 2018, en que el entonces Presidente Piñera anunció un «nuevo sistema de financiamiento sin participación de la banca y administrado por el Estado». La derecha es mayoría en ambas Cámaras y me explicaron que no se prestarían para que el Gobierno coseche las ganancias de tan relevante iniciativa.
La Moneda insistirá en su FES. El Ejecutivo pretende mover el proyecto en noviembre en el Congreso, después de las elecciones municipales. El argumento que utilizará La Moneda para convencer a la oposición para que colabore es, principalmente, que es más fácil tramitar este proyecto en un Gobierno de izquierda. La apuesta política del Ejecutivo es insistir en el FES todo el próximo año de elecciones presidenciales y parlamentarias, responsabilizando a la derecha de su postergación.
El afuerino que quiso ser fiscal. El abogado Francisco Cox compitió el año 2021 para encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Fue el único postulante externo a la Fiscalía y obtuvo dos votos, muy lejos de los 27 que consiguió la ganadora, Lorena Parra.
-Postulaste al Ministerio Público el año 2021. ¿Cómo describirías ese proceso de postulación?
-En ese proceso de postulación yo me apegué a las instancias establecidas. Es decir, sometí mis antecedentes y participé de la presentación al Pleno reunido de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Mi presentación se centró en la importancia de hacerse cargo del crimen organizado y que, con mi experiencia investigando en México, pensaba que podía contribuir con la manera en que se investiga la criminalidad organizada. Asimismo, consideraba que, por algunos rasgos de burocratización investigativa que se observan en el Ministerio Público, incorporar una mirada externa podría ser útil. El Pleno de ambas Cortes pensó distinto, solo obtuve dos votos.
-¿Decepcionado de la manera en que se resolvió tu postulación?
-No sé si decepcionado. Sería muy petulante decir que quedé decepcionado porque no obtuve los votos suficientes para integrar la terna. Pueden haber pensado que se requería alguien de adentro de la institución y no de afuera o simplemente que otros u otras candidatas eran mejores que yo. Sin embargo, sí me llamó la atención que una candidata obtuviera 27 y la otra 24, en tanto que la tercera persona en integrar la terna solo obtuvo 6 votos, siendo que es una excelente fiscal con mucha experiencia.
-¿Postularías de nuevo al Ministerio Público?
-Sí, pero en la misma forma en que lo hice la vez anterior. Es decir, remitiendo mis antecedentes y haciendo mi presentación al Pleno. La razón para volver a postular es que sigo creyendo que mi experiencia en México, Uganda y Venezuela puede ser útil para traer una mirada distinta a la forma de investigar delitos. Especialmente la criminalidad organizada. No sé si hay muchas personas en Chile que hayan investigado a un cartel mexicano, o investigado cadenas de mando para poder acreditar la participación en crímenes complejos. Me parece que esa experiencia puede ser una contribución a la experiencia que ya tiene la institución.
El motor de la investigación periodística de la UDP
El Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) se ancla en los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales de Chile para enriquecer el debate público a través del periodismo riguroso.
El CIP tiene la colección de libros Tal Cual, una alianza entre editorial Catalonia y la Escuela de Periodismo UDP. Desde 2007, esta colección ha publicado cuarenta y siete títulos, el último es La niña Ámbar, crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado de la periodista Ivonne Toro. Durante cuatro años, Toro revisó cerca de ocho mil páginas de expedientes judiciales y realizó más de 100 entrevistas, seis de ellas al propio Hugo Bustamante, quien violó, asesinó y descuartizó a Ámbar Cornejo. La periodista logró, además, que el asesino confesara crímenes que había cometido casi treinta años atrás.
CIP no solamente publica libros ya que cuenta con dos series de podcast: Niños de quién, que ganó los premios “Pobre el que no cambia de mirada” y “Periodismo de excelencia” (Universidad Alberto Hurtado). En este reportaje sonoro se narra una disputa callejera a tiros que provocó que ocho personas baleadas fueran trasladadas a la urgencia del Hospital El Pino de San Bernardo. Dos de ellos eran menores de edad. Otro podcast exitoso producido por CIP ha sido Berríos, los casetes secretos del “químico de Pinochet”. Actualmente, trabajan en una nueva serie documental, a estrenarse en marzo de 2025, proyecto coproducido junto a Podium Podcast Chile, la reconocida plataforma de podcast en español.
El 22 y 23 de noviembre, en conjunto con Ciper, el CIP está organizando, en la Facultad de Comunicación y Letras UDP, la cuarta versión del Festival +Ciper, periodismo para la ciudadanía, donde habrá mesas de conversación, exhibición de documentales y reportajes, feria de libros de investigación y crónica periodística, talleres para estudiantes y público en general. Este año habrá dos reconocidos invitados internacionales: Ignacio Escolar, fundador y director del medio digital español El Diario y Marcela Turati, periodista de investigación mexicana, autora de varios libros sobre la violencia, sus víctimas y cómo se libra la guerra contra el narcotráfico.
Además, en el sitio web CIP se puede acceder a sus proyectos digitales como El mercado negro de fármacos, Papeles de la dictadura (en alianza con Ciper), Matar al otro: la escalada de homicidios en Chile, Zonas ocupadas por el narcotráfico, Ni llueve ni gotea: los estragos de una década de sequía en Chile, La expansión evangélica en Chile y Los casos de la Vicaría.
La operación «take over» de Ángela Vivanco. Para los miembros del Poder Judicial, la revelación más grave de la audiencia de remoción de la ahora exministra Vivanco fue la difusión de una serie de chats donde queda en evidencia cómo la abogada operó con Luis Hermosilla, entre 2020 y 2022, para designar ministros que –según se deduce de la conversación– fueran del gusto del entonces titular del Ministerio del Interior, Andrés Chadwick, y del expresidente Sebastián Piñera.
Nuevo ministro de Educación. El anuncio del FES podría ser la última actividad relevante del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, si el Partido Comunista decide que lo quiere como candidato para las parlamentarias de 2025.
Diputado Labbé enfrenta al presidente interino de la UDI. Poco grata ha sido la presidencia interina de la Unión Demócrata Independiente que asumió hace dos meses el diputado Guillermo Ramírez.
Lunes 14 de octubre:
Martes 15 de octubre:
Miércoles 16 de octubre:
Viernes 18 de octubre:
La detallada lista de remuneraciones de los funcionarios del Senado. Esta semana surgió la discusión sobre los sueldos de los funcionarios de la Cámara Alta. Algunos son sorprendentes, como el de una enfermera que tiene remuneración bruta de $6.338.341, un taquígrafo con remuneración bruta de $7.383.507, una periodista 3º de comunicaciones con $5.343.787 o un abogado secretario de comisiones con una remuneración bruta de $14.150.829. La lista de asignaciones especiales es larga.
Un intelectual importante de la segunda mitad del siglo XX. El 22 de septiembre murió el crítico literario e intelectual marxista estadounidense Fredric Jameson.
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Y hasta aquí llega esta edición de +Política, los espero el próximo sábado. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.
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