Opinión
Tras nueve años de tramitación legislativa, por fin se votó y aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones) que crea un sistema nacional de gestión y control automatizado de tránsito.
Con cámaras inteligentes se enviarán imágenes probatorias de distintos tipos de infracciones a un sistema que permitirá la casi inmediata identificación del vehículo infractor, notificar y cursar la multa. Las personas podrán pagar en línea de inmediato y con descuento, o bien apelar y recurrir a juzgados de policía local.
Las cámaras serán instaladas en los puntos críticos de mayor siniestralidad de las ciudades, y estarán señalizadas. Lo que se busca es cambiar comportamientos, prevenir siniestros, no el multar y recaudar. Aun así, la experiencia internacional indica que la recaudación es muy alta, que el sistema se autofinancia y genera importantes excedentes, parte de los cuales irán a los municipios.
Si bien las cámaras actuales pueden captar un número mucho mayor de contravenciones, se decidió comenzar por cuatro. Las infracciones contempladas son: 1) exceso de velocidad, 2) no respetar luz roja, 3) invadir pistas solo bus, 4) utilizar corredores verdes en alerta ambiental, y una más particular, relativa al ingreso de camiones a zonas prohibidas.
Una vez instalado y operando el nuevo sistema, se podrá ampliar el tipo de infracciones fiscalizadas.
Estos sistemas funcionan desde hace años en numerosas ciudades de países del mundo (los casos de Francia, Australia y España son los más conocidos) y han probado ser el más efectivo sistema de control de velocidad, con una disminución importante de todo tipo de siniestros, y muy especialmente de aquellos que tienen desenlaces fatales, con disminuciones de fallecidos que van entre el 20 y el 75% en períodos entre 1 y 10 años.
Algunos parlamentarios, en su necesidad de desplazarse rápido y contra el reloj entre Santiago y Valparaíso, han sido «naturalmente» contrarios a bajar los límites de velocidad y renuentes a la fiscalización con cámaras, aplicando algunos de ellos todo tipo de estrategias para bloquear el avance del proyecto.
Apoyado transversalmente por académicos y especialistas, entidades públicas y privadas, y más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la movilidad y seguridad vial por el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de Transportes -con especial fuerza por organizaciones ciclistas y de familiares y víctimas de la violencia vial-, el proyecto CATI se mantuvo porfiadamente activo, madurando y perfeccionándose a través de tres gobiernos, con los aportes de una gran cantidad y variedad de actores sociales consultados.
Por su parte, los escandalosos datos que arrojaron los pilotos del sistema de fiscalización automatizada, implementados por la empresa Techvial en alianza con los municipios de Puente Alto, Las Condes, La Reina y Providencia, permitieron hacer socialmente visible la gravedad del problema.
Ante la gran cantidad de infractores que conducen a altas velocidades, no respetan semáforos ni pistas Solo Bus, la jungla del tránsito quedó al desnudo. Según datos de marzo del 2021 de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Carabineros de Chile detectaba 3 de cada 10.000 excesos de velocidad.
Los datos de los pilotos comunales muestran que la situación incluso ha empeorado. En el tránsito reina la impunidad, la violencia, la agresión y el abuso, situación que cobra anualmente cerca de 2.000 vidas y deja a decenas de miles con algún grado de discapacidad.
Sin la firme decisión del actual Gobierno de contar con esta ley, de usar para ello el mecanismo privativo del Ejecutivo de poner y reponer sucesivamente al proyecto de ley las necesarias urgencias (simple, suma e inclusive discusión inmediata), sin una Conaset comunicacionalmente tan activa en su defensa y, sobre todo, sin la virtuosa capacidad de generar acuerdos y confianzas que demostraron el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el subsecretario Cristóbal Pineda, el esfuerzo y el trabajo de tantos ciudadanos no habría bastado.
Desde la sociedad civil que impulsó la #LeyCATI, manifestamos nuestro reconocimiento a Gloria Hutt, que inició la tramitación siendo subsecretaria de Transportes y logró el apoyo de varios de los más fuertes opositores al proyecto.
En la última semana todo se aceleró, todo calzó y se produjo el milagro: primero en sala del Senado y luego en la Cámara de Diputados. Con 119 votos a favor, 4 en contra (Gonzalo de la Carrera, Johannes Kaiser, Christian Matheson y Gloria Naveillan) y 6 abstenciones, el día martes 24 de enero de 2023, en su última sesión, la Cámara aprobó la Ley CATI, que pasa por fin a promulgación.
Cuando se dice “todos los astros se alinean en el universo para que una idea prospere”, se está diciendo que las personas, en nuestras diferencias, logramos ponernos de acuerdo y hacer lo que podemos y debemos hacer para que ello suceda. El universo somos nosotros, como dice mi colega Víctor Hugo Romo.
La Ley CATI, la fiscalización efectiva y eficiente de tránsito era la pieza faltante que conforma la triada que democratizará nuestro excluyente, violento e injusto sistema de tránsito. Junto a las ya aprobadas anteriormente Ley de Convivencia Vial y la de Reducción de la velocidad máxima urbana, la Ley CATI permitirá traer una mucho mayor seguridad para todos los usuarios, orden y respeto de las normas que como sociedad nos hemos dado, y un nuevo escenario, mucho más favorable para los más vulnerados y excluidos en las calles: peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.
