Gastronomía
El sondeo -aplicado a empresas del rubro de servicio de comidas socias de la Cámara de Comercio de Santiago y de Achiga que representan a más de 800 establecimientos de distintos segmentos- demuestra un alto nivel de incertidumbre en el sector, a pocos días de la entrada en vigencia de la ley.
A pocos días de la entrada en vigencia de los artículos que prohíben la entrega de productos de un solo uso para consumo dentro de los establecimientos de comida, y que regulan la entrega de productos desechables para consumo fuera de ellos (ambos dentro de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso), se mantiene una alta incertidumbre entre las empresas afectadas por la nueva normativa, mientras se resuelve en el Congreso una iniciativa para postergar los plazos.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) entre socios del rubro y los de la Asociación Chilena de Gastronomía en Chile (Achiga) que representan a más de 800 establecimientos de distintos segmentos, casi la mitad de las empresas (47%), no tiene posibilidades de llegar a la fecha establecida originalmente (13 de agosto de este año), y a un 15% le resulta imposible implementar los cambios exigidos, por lo que se encuentran evaluando la supervivencia de su negocio.
Un 24%, en tanto, aún no logra realizar dichos cambios, pero estima que logrará llegar a esa fecha. Además, del total, sólo un 15% ha logrado implementar las modificaciones, y un 7% no requerirá hacerlo, ya que la norma no les afecta.
De acuerdo con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), existen cerca de 60 mil empresas en el rubro gastronómico (a 2022, el dato más reciente), que emplean a más de 500 mil trabajadores, el doble que 10 años atrás, siendo la mayoría mujeres (56%).
La mayoría de los establecimientos entregan materiales de un solo a sus clientes, siendo los más comunes, dentro de los afectados por los artículos mencionados, los cubiertos (66%), vasos, tasas y similares (59%), y platos, platillos, pocillos y similares (54%). Si bien las servilletas de papel son el material más difundido, de los textos legales se interpreta que no estarían afectadas por la prohibición.
A su vez, de los utensilios de un solo uso que entregan los establecimientos, un 65%, corresponde a materiales reciclables o a plásticos certificados que cumplen con la normativa, lo que muestra el esfuerzo que han realizado las empresas por adecuarse a las nuevas disposiciones. Es importante recordar que originalmente la Ley sólo prohibía la entrega de plásticos de un solo no certificados, y que finalmente se modificó el artículo respectivo prohibiendo la entrega de todo material de un solo uso, independiente de su origen y beneficios ambientales, como los biomateriales producidos por una nueva industria sostenible que se ha ido desarrollando en nuestro país.
María Teresa Vial, presidenta de la CCS, señaló que “lamentablemente, el cambio en la formulación final de la Ley de plásticos y productos de un solo uso, desconoce estos esfuerzos, tanto de las empresas gastronómicas, como de nuevos emprendimientos y las inversiones en investigación y desarrollo que se han desplegado para formular productos conscientes con el medio ambiente y su sostenibilidad”.
A lo anterior, además, se debe sumar la evidencia técnica que demuestra que el daño ambiental por el lavado de los utensilios reutilizables (agua, energía, detergentes), es muy superior al que generan los residuos de los utensilios de un solo uso. Ello, sin considerar que en los locales de comida rápida en que se han implementado utensilios reutilizables la merma por robo de los mismos clientes es alarmante.
En general, la gran mayoría de las empresas (95%), estima que la implementación de la norma les generará aumentos de costos operacionales. Quienes no perciben un aumento de costos corresponden al pequeño segmento que no se verá afectado por la nueva normativa. Este resultado es particularmente relevante en un sector que luego de la profunda crisis que vivió durante la pandemia se viene recuperando año a año, donde gran parte de sus empresas aún se desenvuelven en un escenario de supervivencia.
Un 29%, en tanto, prevé un efecto negativo sobre la calidad de los servicios que recibirán los consumidores.
Los resultados más graves, sin embargo, corresponden a la imposibilidad de operar de manera viable en las nuevas circunstancias: un 21% estima que algunos de sus locales se harán inviables y un 11% considera que harán inviable su operación como empresa. Si bien no se trata de una muestra representativa del universo, al hacer el ejercicio de extrapolar estas cifras al total de la industria, es posible estimar órdenes de magnitud de hasta unas 6 mil empresas potencialmente en peligro, y con ellas sus trabajadores. El 8% de hecho, prevé que la nueva normativa afectará negativamente su empleo. El número de trabajadores involucrados en este riesgo, de acuerdo con estimaciones preliminares de la CCS y Achiga, podría llegar a unas 40 mil personas.
Al momento de sugerir cursos de acción, la gran mayoría de las empresas (80%) considera que se debería permitir la entrega de materiales reciclables o biodegradables de un solo, tal como consideraba originalmente el proyecto de Ley.
Cerca de la mitad (49%) solicita aplazar la entrada en vigencia de los artículos que prohíben entregar todo tipo de materiales de un solo uso, y un 32% considera que se debiera prohibir solo la entrega de plásticos de un solo uso, nuevamente en línea con la propuesta inicial del Proyecto.
La encuesta fue aplicada a 41 empresas del rubro de servicio de comidas socias de la CCS y de Achiga. En conjunto, estas empresas representan a más de 800 establecimientos de distintos segmentos.
