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Los expertos vaticinan que este cambio normativo, aunque técnico y no evidente para la población general, significaría una modificación importante del derecho penal chileno, impactando directamente la efectividad de la lucha contra el narcotráfico.
Profesores de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez han emitido una alerta sobre el texto de la nueva Constitución a través de una carta al director publicada en El Mercurio. Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann advierten una preocupación específica: la posibilidad de que la nueva redacción constitucional dificulte la penalización del narcotráfico.
Los académicos sostienen que la propuesta Carta Magna podría requerir que la ley penal defina con precisión y de manera explícita las conductas punibles, una exigencia que, según ellos, podría complicar la legislación penal actual.
En esa línea, por medio de la misiva, se cuestionó la redacción de la norma, afirmando que “hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores”.
Haciendo referencia a un debate del Tribunal Constitucional en 1984, los profesores señalan que la Constitución de 1980 fue modificada para relajar la exigencia de que los delitos estén descritos de forma “expresa y completa” en la ley. La interpretación vigente, que permite cierta flexibilidad en la descripción de los delitos, podría verse afectada si se aprueba este nuevo estatuto fundamental.
Los profesores subrayaron que esta flexibilización permitió al Tribunal sostener que la Carta Magna no requería que la ley penal fuera completamente autónoma en todos los aspectos, sino que bastaba con que describiera la conducta delictual esencial.
En particular, advierten que el texto constitucional impondría un estándar más alto para la descripción de delitos, similar al utilizado actualmente para las sanciones administrativas, que requiere una definición precisa y evitable del acto infractor.
De esta forma, los expertos vaticinan que este cambio normativo, aunque técnico y no evidente para la población general, significaría una modificación importante del derecho penal chileno, impactando directamente la efectividad de la lucha contra el narcotráfico.
