Antonella Oberti, directora de Incidencia de la Red de Acción Carcelaria, ofrece una mirada respecto a la necesidad de materializar mecanismos que garanticen la participación política de las personas privadas de libertad en el proceso constituyente. Coordinación que ya está en curso junto a convencionales y diversas organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de «avanzar hacia un sistema de justicia que incorpore una perspectiva de Derechos Humanos», y que no implique la exclusión política de quienes cometen delitos. Mecanismos que están contemplados en el Reglamento de Participación Popular y que reconocen la calidad de ciudadanas y ciudananos de las personas privadas de libertad.
