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En el panel político de los martes de El Mostrador en La Clave, la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, y el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, se refirieron a los escándalos de corrupción en Vitacura, que tienen al exalcalde Raúl Torrealba en la mira, y las irregularidades en las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea. Lagos resaltó que no puede entender que haya un “escándalo nacional” cuando la Convención solicita $1.737 millones para hacer “algo tan importante” como la Carta Magna y, por otra parte, “no les importa” que se utilice el mismo monto para que la Municipalidad de Vitacura entregue una “subvención para que la gente haga deporte”, refiriéndose al programa Vita Deporte, uno de los focos de irregularidades bajo la gestión de Torrealba. Espinoza, en tanto, acotó que en la pandemia «se ha agudizado lo que es la utilización del trato directo bajo la excusa del Estado de Emergencia, eso ha llevado a que se han adjudicado licitaciones a empresas que no son las que tienen las mejores ofertas”.
Las municipalidades del sector oriente han estado en el ojo del huracán tras las irregularidades detectadas en la administración del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y los $14 mil millones transferidos por Las Condes y Lo Barnechea a entidades privadas sin fiscalización en los últimos tres años.
En este contexto, los analistas políticos Marta Lagos y Rodrigo Espinoza se refirieron, en el panel de los martes de El Mostrador en La Clave, al impacto que estos casos han producido en el ámbito público.
La directora de Latinobarómetro indica que la institucionalidad política está “muy mal estructurada, mal diseñada y mal controlada” y por esto los funcionarios entregan platas “a gente que no tiene que rendir cuentas”, como lo es en el caso de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Esto es producto a que “la institucionalidad y la regulación está mal hecha”, señala Lagos.
“El tema de la corrupción lo sabemos hace tiempo, y no hemos hecho nada al respecto. Hemos dedicado demasiado tiempo al desarrollo de la institucionalidad económica del país, y le hemos dedicado cero tiempo al desarrollo de la institucionalidad política y estamos sufriendo las consecuencias”, explica la analista política.
Lagos resaltó que no puede entender que haya un “escándalo nacional” cuando la Convención solicita $1.737 millones de pesos para hacer “algo tan importante” como la Carta Magna y, por otra parte, “no les importa” que se utilice el mismo monto para que la Municipalidad de Vitacura entregue una “subvención para que la gente haga deporte”, refiriéndose al programa Vita Deporte.
También abordó las irregularidades cometidas por el exalcalde de Vitacura, el hoy renunciado RN Raúl Torrealba: “El director jurídico de la municipalidad es un nombramiento de confianza del alcalde, entonces, ¿qué independencia tiene el director jurídico de una municipalidad, en el caso de Vitacura? Cuando tú le vas a pedir un papel no te lo da porque tiene lealtad hacia el alcalde”.
Por su parte, Rodrigo Espinoza, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, coincidió con Lagos en que “hace años que las municipalidades han sido percibidas como organismos donde hay menores estándares de transparencia, es decir, los alcaldes y las alcaldesas tienen un enorme grado de autonomía presupuestaria sin un mayor contrapeso institucional”.
El analista explicó que en los municipios “hay figuras que se pueden prestar para casos donde efectivamente hay mal manejo de fondos públicos, sobre todo cuando estamos hablando del sistema de licitaciones”, refiriéndose a las entregas de dinero por parte de las municipalidades a empresas privadas que participan de concursos públicos.
“Particularmente en este periodo de pandemia, que se ha agudizado lo que es la utilización del trato directo bajo la excusa del Estado de Emergencia, eso ha llevado a que se han adjudicado licitaciones a empresas que no son necesariamente las que tienen las mejores ofertas”, destacó Espinoza. Y añadió que “al final de cuentas se les asignan a empresas con contratos menos favorables para los municipios”.
Lo que se ha visto en comunas como Vitacura, Viña del Mar, Las Condes y otras muestran que “situación de los municipios hace tiempo que no daba para más”, finalizó el académico de la UDP.
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