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En conversación con El Mostrador en La Clave, el escritor explicó la relación de Sebastián Piñera en la política y los negocios y cómo este cruce le ha generado conflictos de interés, como el revelado por Ciper y LaBot en el capítulo chileno de los Pandora Papers. «Para Sebastián Piñera, el Estado siempre fue un botín o una plataforma para hacer negocios dentro del ámbito privado de sus socios históricos. Esa conducta la vimos como senador, y después en su carrera a la Presidencia se mantuvo, incluso llegó a ser el botín máximo la Presidencia». En relación a que el Presidente no tuviera conocimiento sobre esta transacción y especialmente tomando en cuenta la cláusula por la tercera cuota -condicionada a que el sector de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt no fuera declarado reserva nacional, decisión que dependía precisamente del gobierno de turno- sostuvo que «es muy poco plausible que no haya tenido ningún conocimiento, y más aún cuando la tercera cláusula requería de una decisión de Gobierno. Ese es el corazón de la negociación incompatible».
«Hay conflicto de interés y negociación incompatible del porte de una casa, de un edificio». Así se refirió el periodista Carlos Tromben a los antecedentes que se dieron a conocer sobre el Presidente Sebastián Piñera y la compraventa de la polémica minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano, en el marco de los Pandora Papers.
En conversación con El Mostrador en La Clave, Tromben explicó la relación de Sebastián Piñera en la política y los negocios y cómo este cruce le ha generado conflictos de interés, como el revelado por Ciper y LaBot en el capítulo chileno de los Pandora Papers.
«Para Sebastián Piñera, el Estado siempre fue un botín o una plataforma para hacer negocios dentro del ámbito privado de sus socios históricos. Esa conducta la vimos como senador, y después en su carrera a la Presidencia se mantuvo, incluso llegó a ser el botín máximo la Presidencia», dijo el autor del libro «Crónica secreta de la economía chilena».
El autor recordó además que «esta operación de Dominga tiene lugar cuando el fideicomiso no es tan estricto como el de este mandato».
«Algo muy importante para entender la operación, es un recambio generacional de los negocios de la familia Piñera, donde van tomando protagonismo incipiente los hijos, a través de esta nueva familia empresas financieras que participaron en el negocio de Dominga», agregó.
En relación a que el Presidente no tuviera conocimiento sobre esta transacción y especialmente tomando en cuenta la cláusula por la tercera cuota -condicionada a que el sector de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt no fuera declarado reserva nacional, decisión que dependía precisamente del gobierno de turno- sostuvo que «es muy poco plausible que no haya tenido ningún conocimiento, y más aún cuando la tercera cláusula requería de una decisión de Gobierno. Ese es el corazón de la negociación incompatible».
Finalmente, consideró que esta revelación requiere «por lo menos una reversión de ese sobreseimiento, una reapertura en base a los antecedentes que se han dado hasta ahora y los que se van a seguir dando».
Ciper y LaBot estuvieron a cargo del capítulo chileno de los Pandora Papers, develando nuevos detalles sobre cómo Piñera traspasó sus negocios a sus hijos. En los documentos obtenidos por el ICIJ, sus cuatro hijos reconocen que la fuente de los activos declarados en las Islas Vírgenes Británicas son producto de las donaciones que recibieron de su padre.
Según trascendió en los documentos revelados, en sus inicios, Piñera, su familia y Délano reunían el 56% de las acciones del negocio, siendo el 33% del actual Presidente y de su familia, que eran los principales accionistas. El reparto de los derechos se mantuvo hasta diciembre de 2010, según apunta la exclusiva, año en el que Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, que entonces llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).
Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo al ICIJ. En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
