Investigación
La presencia de Rodrigo Delgado en el caso Factop ha pasado casi inadvertida, pese a una serie de declaraciones y antecedentes que lo vinculan a través de la sociedad Inversiones San Benito SpA. La Fiscalía ya lo está investigando y lo citará a declarar próximamente en la arista Parque Capital.
A medida que avanzan las declaraciones de los involucrados en el caso Factop –el escándalo financiero más grande en el país desde el caso Cascadas–, los testimonios van ahondando cada vez más en temas puntuales y, sobre todo, en el vínculo entre los dueños del factoring y aquellos personajes que hasta ahora solo han aparecido en la historia como actores de reparto.
Es el caso de Rodrigo Delgado, exalcalde UDI de Estación Central y exministro del Interior de Sebastián Piñera, que ha salido a colación en varios testimonios que abordan su estrecha relación con la empresa de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, a partir de una sociedad de su propiedad que invirtió en Factop: Inversiones San Benito SpA.
Delgado, en verdad, ha estado en boca de todos.
El 18 de noviembre pasado, hace menos de un mes, Leonarda Villalobos declaró que Alberto Sauer, el patriarca del clan, que lleva siete meses con arresto domiciliario nocturno, le confirmó que durante el escándalo por la corredora STF, el exalcalde de Estación Central realizó gestiones con funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Rodrigo Topelberg, a su vez, ha declarado en más de una ocasión que Rodrigo Delgado tenía un vínculo estrecho con los Sauer, que era “un inversionista en las sombras” y que, además de Inversiones San Benito SpA, tenía otra sociedad llamada All In Soluciones Integrales S.A., empresa que sospechaba que no declaraba sus ingresos en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Se trata de un hilo que había tirado anteriormente Daniel Sauer, apuntando al escaso control de los organismos fiscalizadores respecto de las platas que salían del factoring.
Fuentes cercanas a Rodrigo Delgado confirmaron a la Unidad de Investigación de El Mostrador que la inversión realizada en Factop fue a través de Inversiones San Benito SpA y que esta habría sido declarada ante el Servicio de Impuestos Internos. Respecto de All In Soluciones Integrales S.A., las mismas fuentes aseguraron desconocer si la empresa participó en el negocio de los Sauer.
Lo cierto hasta ahora, sin embargo, es que al mismo tiempo que Delgado invertía millonarias cifras en Factop, su abogado asesor en el Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, gestionaba la aprobación de Parque Capital, un complejo industrial de Grupo Patio en Lampa, a través de gestiones realizadas con altas autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de esa época, incluidos el entonces ministro Felipe Ward y el seremi metropolitano de la cartera en ese momento, Manuel José Errázuriz.
Cabe destacar que la Fiscalía Oriente confirmó a El Mostrador que el exministro del Interior de Piñera, Rodrigo Delgado, declarará en calidad de testigo ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien indaga un eventual tráfico de influencias de Luis Hermosilla, no descartando ahondar en el vínculo entre las sociedades de Delgado y el factoring de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg.
Rodrigo Delgado Mocarquer ingresó sus primeras inversiones a Factop en el año 2014, cuando se desempeñaba como alcalde de Estación Central, durante su segundo periodo al mando del gobierno comunal. Lo hizo a través de la sociedad Inversiones San Benito S.A. –que con el tiempo se convirtió en una sociedad por acciones–, constituida el 6 de mayo de ese mismo año junto a su único socio, Felipe Heresi Salvador.
La empresa tenía por objeto prestar servicios financieros, explotación de toda clase de bienes inmuebles y el desarrollo del “negocio del factoring o factoraje en sus más amplias acepciones”, entre otras prestaciones, lo que –según fuentes que conocen el negocio– siembra un manto de dudas sobre la verdadera relación de Delgado con Factop.
“Es probable que esa plata de inversión sea una fachada y lo que exista detrás sea un negocio de factoring, donde San Benito esté factorizando a terceros. O sea, poniendo una garantía, que la esconde como inversión, y así paga menos impuestos. En el fondo, es una triangulación de platas”, explica un ingeniero que conoce el ecosistema del negocio del factoring.
Al igual que Delgado, Heresi también era funcionario del municipio –lo fue desde el 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014–, contratado por decreto alcaldicio, en calidad de experto en “análisis y revisión de proyectos comunales”, con un sueldo promedio de $1.100.000.
En rigor, la sociedad comenzó a operar cuando ambos eran funcionarios activos de la Municipalidad de Estación Central, un año después que el director de Obras comenzara a otorgar, sin un Plan Regulador para definir su altura, los primeros permisos para levantar megatorres –75 proyectos en menos de dos años–, que generaron ingresos al municipio por más de 5 mil millones de pesos, entre los años 2011 y 2020.
La primera sociedad de Delgado y Heresi fue All In Soluciones Integrales S.A., fundada antes de Inversiones San Benito, en marzo de 2014, enfocada en el rubro inmobiliario y el transporte privado de pasajeros. Según información comercial de la compañía estadounidense Dun & Bradstreet del año 2019 –citada en un reportaje de Interferencia–, la empresa contaría con tan solo tres empleados y tendría ventas anuales de US$ 1.82 millones, o sea, cerca de 1.800 millones de pesos al cambio actual.
No fueron las únicas sociedades constituidas por Delgado ese año. El 18 de agosto de 2014 participó como accionista en la sociedad “BCV SpA”, enfocada en inversiones de bienes muebles e inmuebles, junto al arquitecto Roberto Bannura y el hermano de Gustavo Hasbún Selume –su antecesor como alcalde en el municipio–, cuyo pariente, Luis Hasbún Selume, también formó parte de la empresa.
En esa misma fecha, los dos exalcaldes de Estación Central fueron mencionados en el denominado “caso Basura”, en una escucha telefónica captada por la PDI al empresario Lorenzo Pérez –formalizado entonces por lavado de activos y fraude al fisco– que mantuvo con la entonces periodista de la UDI, Claudia Vera. “Rodrigo le pide 10 palos”, le dijo la profesional luego de hablar con Gustavo Hasbún, quien le habría contado “la firme” a Rodrigo Delgado. “Y pa’ tener lo que tiene, siendo solamente alcalde… ni cagando”, apuntó Vera en la grabación. Delgado, más tarde, le bajó el perfil al tema.
De las sociedades que pertenecen al exministro del Interior, solo San Benito SpA aparece en el famoso “libro Negro de Factop”, el archivo Excel creado por Ariel Sauer que llevaba la contabilidad de la empresa y que luego Rodrigo Topelberg entregó a la Fiscalía. Allí, compartiendo el mismo casillero, aparece la compañía del exalcalde junto a otro actor secundario en esta trama: Jorge Peralta, “el mexicano”.
En un reality de la televisión mexicana, “La Casa de los Famosos”, una de las integrantes del programa, la actriz Sabine Moussier, relató la tormentosa relación que mantuvo durante varios años con el empresario textil chileno Jorge Peralta Casal, con quien se casó y tuvo dos hijos.
Peralta llegó a México en el 2001, instalándose con una fábrica de poleras, hasta que en el año 2009 el Instituto Nacional Electoral (INE) de México lo acusó de constituir una sociedad con un dirigente del Partido Ecologista Verde, defraudando al conglomerado político al no entregar más de 763 mil camisetas, por las que se pagaron 120 millones de pesos mexicanos. Moussier finalmente pagó la deuda y el empresario pudo salir de la cárcel.
Luego del escándalo, Peralta regresó a Chile y montó una empresa de poleras llamada “Playeras Tex”. A Factop llegó en el año 2014, presentado por Eduardo Pantoja, otro cliente del factoring y amigo de Roberto Sumar, exsocio fundador de Grupo Patio que registra más de 1.900 operaciones en Factop que, en total, suman arriba de $46 mil millones.
Andrea Molina y Jorge Peralta en un evento de “Yofui.com”.
En una de las declaraciones de Ariel Sauer, realizada el 24 de julio de este año, el dueño del factoring reconoce que comenzaron a realizar con Peralta “operaciones de capital de trabajo, con cheques los cuales se fueron renovando sin pago de capital ni interés, porque él no tenía fondos”.
Paralelamente, recuerda Rodrigo Topelberg en su última declaración, el mexicano “trajo 48 millones de pesos en facturas por concepto de trabajos prestados a diversos políticos, específicamente como asesor de marketing. Estas facturas se pagaron bien”.
La fecha coincide con la rendición de cuentas de las elecciones de diputados, senadores y presidenciales del año anterior, el 2013, pero ni el nombre de Peralta, como tampoco el de su empresa, figuran en los gastos de campañas que publica el Servel.
Si bien no existen datos concretos de qué políticos o partidos habrían realizado estas operaciones, en la investigación sobre el caso hay un indicio que vincula directamente a Peralta con la empresa de Rodrigo Delgado: el libro negro de Factop, donde aparecen registros de 20 operaciones entre Factop y San Benito SpA, entre abril y julio de 2023, cada una de ellas por 10 millones de pesos y que suman en total 200 millones de pesos. En todas las transacciones, figura como receptor de los documentos Jorge Peralta, “el mexicano”.
Para un exmilitante de la UDI, que ha trabajado en campañas políticas, se trataría de un mecanismo de financiamiento ilegal importado desde México. “Peralta conoce el marketing político. Si analizas lo que hizo en México, se trata del mismo modelo: se consiguen dinero, emiten facturas, luego las pagan y nunca hubo un producto detrás. Esto es como un nuevo caso Penta, quizá más grande y con más millones”, explica.
Al mismo tiempo que comenzaba a negociar con Factop, Jorge Peralta presentó a los hermanos Sauer a su pareja, Andrea Molina, entonces diputada y con un perfil parecido a su expareja en México. En el 2017, cuenta Ariel Sauer en una declaración de julio de este año, la exanimadora de televisión solicitó “financiamiento por $80 millones para su campaña a senadora por la Quinta Región y luego como $40 millones más, los que serían destinados a su campaña electoral”, apuntó.
“Esa elección también la perdió y el Servel le devolvió mucho menos dinero. Con suerte alcanzó a pagar el crédito que pidió en el Banco de Estado, pero no le pagó a Factop lo que le debía. A octubre de 2023 su deuda ascendía a 443 millones, aproximadamente, por concepto de intereses”, declaró Rodrigo Topelberg el 5 de diciembre pasado.
Los negocios continuaron. En 2018, Jorge Peralta solicitó a Factop $1.200 millones para capital de trabajo, dejando a cambio un predio en Tierra Amarilla, en Copiapó, cuya tasación comercial fue establecida en $2.000 millones. La operación, aseguró Ariel Sauer en una declaración, se hizo mientras Peralta levantaba capitales de un “fondo que estaba armando en el exterior”. En los tiempos más difíciles del factoring, recuerda Topelberg, los Sauer le decían que “el mexicano” “estaba a punto de prestarles un montón de plata”.
“Pasaron los meses y nunca llegó ningún pago y a la fecha que se hizo la auditoría para la reorganización judicial de Factop, las deudas de Playeras Tex (propiedad de Peralta) y Andrea Molina, ascendían a $5.000 millones de pesos”, detalló Ariel Sauer en una de sus declaraciones.
Lo cierto es que en el Excel de Factop Andrea Molina aparece mencionada 457 veces, asociada a transacciones por $7.539 millones, según informó The Clinic en un reportaje. Parte de estas deudas, aseguró Rodrigo Topelberg, serían debido a que la exparlamentaria firmó como aval en la operación donde Peralta ofreció un terreno, aportando como garantía sus propias joyas.
En el proceso de reorganización judicial que buscaba salvar a Factop de la quiebra, Inversiones San Benito SpA aparece como acreedor con $174.800.000. La orden al interior de Factop –según el testimonio de Rodrigo Topelberg– fue que debían pagarle primero a Rodrigo Delgado. Esto reforzaría la idea de que, al margen de una eventual inversión del exministro en el factoring, lo que existiría serían operaciones ligadas a la transacción de documentos comerciales. Considerando que Inversiones San Benito SpA, por cierto, podía ejecutar operaciones de factoring.
Otro dato no menor. En una querella por giro doloso de cheques, interpuesta por Inversiones San Benito SpA en contra de Natalia Cornejo, presentada en septiembre del año 2018, el abogado que representa a la empresa de Rodrigo Delgado y Felipe Heresi es el mismo que lleva los asuntos judiciales en Factop y que es considerado el cerebro detrás de la constitución de sociedades del factoring.
Se trata del abogado Darío Cuadra, representante de Inversiones Guayasamín SpA, uno de los vehículos emisores de facturas falsas más importantes del engranaje montado por Factop y que contabiliza 321 facturas emitidas por un total de $3.661 millones.
Cuadra, de hecho, acaba de declarar ante la Fiscalía sobre su participación en la constitución de sociedades de los dueños del factoring en Uruguay y Panamá, sobre lo cual la Unidad de Investigación de El Mostrador publicó un reportaje
En la arista civil de la misma causa, además, hay otro detalle revelador. La dirección que figura como domicilio de la empresa del exministro del Interior está ubicada en Alonso de Córdova 5320, piso 6, es decir, el mismo domicilio que alberga las oficinas de Factop Servicios Financieros.
