Investigación
Imagen gentileza de Canal RTC (Iquique).
En el operativo policial fueron incautados cuatro buses de la empresa Covalle, utilizados para trasladar a Santiago a migrantes ingresados a Chile por pasos clandestinos, por parte de la organización criminal transnacional. El líder de la célula fue formalizado, además, por un doble secuestro.
Un masivo operativo policial realizado ayer en Iquique dejó al desnudo la compleja operatoria de una célula del Tren de Aragua (TDA) junto a un empresario chileno, que proveía de buses a la organización criminal transnacional para trasladar migrantes desde el norte hasta Santiago, dejando en evidencia –una vez más– el volumen de las actividades del TDA y su concomitancia con empresarios chilenos, como quedó en evidencia en las indagaciones realizadas por la Fiscalía de Arica en contra de “Los Gallegos”.
En este caso, se trata del representante legal de la empresa Covalle y de uno de sus empleados, que –según la Fiscalía y la PDI– facilitaban buses de pasajeros para tal fin, a sabiendas del delito que cometían. Debido a ello, la policía decomisó cuatro buses.
Se trata del segundo operativo realizado en Iquique en el cual aparecen máquinas de estas características. El año pasado, otro operativo semejante terminó también con el comiso de un bus de dos pisos que fue comprado por testaferros del Tren de Aragua con un doble objetivo: trasladar migrantes desde Iquique a Santiago y además llevar droga.
De hecho, cuando el bus fue descubierto en mayo de 2023, en Coquimbo, llevaba 28 migrantes que habían ingresado a Chile en forma irregular, así como 141 kilos de diversas drogas.
El líder del grupo de tráfico de migrantes era Jefferson Medina Simancas, más conocido como “Jeffrey”, quien formaba parte de la célula original que se estableció en Tarapacá, al mando de Carlos González Vaca (“Estrella”), quien actualmente está recluido en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago.
De hecho, pese a que los otros 13 detenidos serán formalizados el lunes en Pozo Almonte, Medina fue acusado ayer por su participación en un doble secuestro que se perpetró el 7 de julio de 2022 a las afueras de un servicentro ubicado enfrente del terminal clandestino de buses de Alto Hospicio, donde seis integrantes del TDA plagiaron a dos “jaladores” del sector, con el fin de exigirles que les pagaran una comisión.
Los “jaladores” son los sujetos que se dedican a buscar pasajeros extranjeros, por lo general migrantes que han ingresado en forma clandestina, y que captan en los terminales de buses del norte con rumbo a Santiago u otras ciudades. Lo habitual es que los “jaladores” compren pasajes que después les revenden a mayor precio o que, a su vez, en concomitancia con choferes o auxiliares, reciban una comisión por cada pasajero que llevan a un bus.
En medio del alza migratoria que se produjo en medio de la pandemia, el TDA comenzó a instalar sus propios “jaladores” en distintos terminales y, en aquellos donde no los tenía, empezó a cobrarles “multa” a quienes dejaban trabajar, pero aquellos que no se dejaban extorsionar eran amenazados y luego secuestrados, como sucedió en este caso.
Además, se investiga la participación de Medina en un doble homicidio acaecido en 2023 en las inmediaciones del terminal clandestino, que era utilizado por Covalle, donde fueron asesinadas una mujer boliviana y un hombre colombiano.
Sin embargo, fue detenido junto a los demás implicados a raíz de su papel como jefe de plaza del tráfico de migrantes. Según explicó la Fiscal Regional de Iquique y Tarapacá, Trinidad Steinert, se trata de una investigación que tiene dos años y que partió precisamente por el secuestro antes indicado, para llegar “a determinar, por la investigación, que obedece a una asociación criminal integrada por 12 personas, cuyas órdenes de detención fueron solicitadas hace pocos días”.
De los 12 imputados, la PDI logró ayer la detención de nueve (siete venezolanos y dos chilenos).
Además, la fiscal indicó que “lo importante es que llegamos a determinar que la empresa Covalle se encontraba relacionada”, motivo por el cual “tenemos al representante legal y a un colaborador detenido por este ilícito (tráfico de migrantes) y esta asociación criminal, junto con otros siete venezolanos”.
Los buses Covalle son propiedad de Rodrigo Valdés Valdés, con domicilio en La Serena, quien los opera por medio de dos sociedades: Valtur SpA y Nueva Covalle Buss SpA (creada en 2016). Fuentes calificadas confirmaron a El Mostrador que él es uno de los detenidos.
Según detalló la fiscal, el TDA, como es habitual, ofrecía a migrantes venezolanos y otras nacionalidades un viaje completo desde el lugar en que se encontraran hasta Chile, por medio de “asesores”, que es como llaman a los miembros del grupo que efectúan la captación de los clientes y los acompañan en el viaje, especialmente en las “trochas”, es decir, las zonas fronterizas entre distintos países, que son siempre traspasadas en forma clandestina o sobornando a policías.
Al respecto, la persecutora explicó que, al llegar a Chile, el paso se hacía a pie, recordando que se trata de un trayecto muy peligroso, “en atención a la altura, el frío, el calor, la zona geográfica, los humedales. Por lo tanto, ponían en riesgo a todas las víctimas, que venían muchas veces con niños”.
Finalmente, una vez en Chile, las víctimas eran trasladadas hasta residenciales de Iquique o Alto Hospicio, desde donde las llevaban a los terminales de buses, todo coordinado con Covalle, a fin de trasladarlos a Santiago u otras zonas del país.
En dicho sentido, sin perjuicio de que el representante legal de Covalle está detenido por los delitos antes señalados, Steinert no descartó hacer lo mismo que se efectuó en Arica, donde se cancelaron las personalidades jurídicas de dos sociedades, que eran usadas como fachadas para el comercio sexual de mujeres migrantes.
Agregó, además, que las víctimas eran prácticamente prisioneras, pues “no tenían libertad de desplazamiento” y se trata de “personas que no vienen con documentos, que vienen con niños, por lo tanto el sentido de desprotección es enorme”, y que estaban sometidas además a la amenaza constante de que, si no pagaban todo lo que se les iba pidiendo, las dejarían abandonadas en cualquier lugar.
Al respecto, el prefecto Marcelo Atala, jefe subrogante de la Región Policial de Iquique y Parinacota, señaló que la célula desbaratada ofrecía una especie de servicio completo, que “incluía alimentación, incluso incluía que le pasaran moneda nacional, y con todo ese mecanismo era un aparataje, una estructura que venía desarrollándose hace bastante tiempo”.
Según detalló, además, la empresa Covalle “se empezó a repetir en muchas indagatorias que nos permitieron establecer que estaba fuertemente ligada a esta organización criminal del Tren de Aragua”.
En el operativo participaron 140 detectives de distintas ciudades y, además de los nueve blancos investigativos, fueron aprehendidas otras cinco personas, por delitos flagrantes u órdenes de detención vigentes. Además, se incautaron 15 millones de pesos en efectivo.
