Investigación
Hoy sostiene que, si se hubiera logrado imputar al cardenal, “podría haberse abierto una puerta para tratar estos delitos como de lesa humanidad”. A su vez, víctimas de abusos en colegios salesianos esperan que se logre sancionar a quienes protegieron a sus abusadores.
“Es fácil tomar decisiones con el diario del domingo ya publicado, pero a veces me cuestiono si no debí ser más rápido”, dice Emiliano Arias, el otrora Fiscal Regional de O’Higgins que estuvo a una semana de formalizar a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz por el delito de encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Chile.
“Ellos además son una especie de embajadores del Estado Vaticano, por lo que se podría haber abierto la puerta a tratar estos casos como delitos de lesa humanidad”, dice Arias. Pero no fue así.
Era abril de 2019, el abogado tenía 47 años, era el Fiscal Regional de O’Higgins y estaba a cargo de varias investigaciones de alta complejidad. En esa posición había recibido la orden de investigar los abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico. En ese contexto, el equipo de Arias llegó a la convicción de que tanto Ezzati como el cardenal Francisco Javier Errázuriz podían ser imputados por encubrimiento.
“Había un sistema y una cultura del abuso. Es decir, una reiteración permanente de hábitos a través del tiempo”, recalca hoy, a siete meses de cesar en sus funciones, luego de cumplirse los ocho años que le correspondía ejercer el cargo.
Sin embargo, días antes de que procediera a pedir la formalización contra los cardenales, el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó una investigación administrativa contra Arias y lo suspendió, después de una denuncia del fiscal Sergio Moya, quien en ese momento era subalterno de Arias y que lo acusaba de tráfico de influencias. Cinco meses después se reveló que Abbott y Moya mantuvieron diálogos por WhatsApp en que se pusieron de acuerdo para levantar un caso contra Arias.
Con la suspensión de Arias, el equipo del Ministerio Público que investigaba las causas de la Iglesia se desarmó y días después Abbott firmó un polémico acuerdo de cooperación e intercambio de información con la Conferencia Episcopal. “Es como si hubieran firmado un convenio con el Tren de Aragua”, critica Arias.
La mayoría de las causas de abusos de religiosos católicos, que en ese momento sumaban 221 investigados y 248 víctimas, se entregaron al fiscal Xavier Armendáriz, lo que Arias critica, señalando que “Armendáriz ya había tenido en sus narices el encubrimiento de Ezzati y Errázuriz en el caso Karadima, pero estimó que no era constitutivo de delito… si lo analizas, todas las piezas comienzan a calzar”, sostiene el exfiscal.
En dicho contexto, no resulta extraño que sea la Congregación Salesiana, a la cual pertenece Ezzati, la que se ubique en el primer lugar de denuncias por abusos sexuales cometidos por religiosos, con 31 casos, según la Red de Sobrevivientes de Abusos en Entornos Institucionales.
En una querella presentada en 2021 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra cinco sacerdotes y todos quienes resulten responsables dentro de esa misma institución, por los abusos sufridos por nueve denunciantes, entre 1973 y 2005, se sostiene que dentro de la congregación se formó una asociación ilícita para silenciar los abusos, la que “se vio facilitada por el control de instituciones educacionales, cuestión que permitió poder actuar de manera coordinada por parte de los querellados”, dice parte del libelo.
Arias, que llegó a la misma conclusión, dice que, además del secretismo, los denunciantes eran desincentivados a denunciar en la Iglesia católica, pues “hubo denuncias que no se recibieron, denuncias que no se tramitaron y denuncias que se asignaron a sacerdotes que se sabía que no iban a avanzar en las investigaciones. Es un sistema que favorece el encubrimiento”, sostiene, agregando que muchas investigaciones canónicas terminaron con sanciones irrisorias.
“Estos religiosos que se supone son elegidos por la mano de Dios establecen un sistema de justicia interno que permite que ellos mismos se investiguen y se perdonen sus delitos. Entonces, uno se va encontrando sanciones que son ridículas”, subraya.
“Estos tiempos son los de Sodoma y Gomorra”, advierte el sacerdote Alfonso Horn, exrector del Colegio Salesiano de Concepción. Para el religioso de 90 años temas como el aborto o la homosexualidad tienen que ver con que “las fronteras entre el bien y el mal se han desdibujado”, luego de lo cual se queja de que lo han llamado a declarar seis veces por su papel de posible encubridor en una causa de abuso sexual.
El caso se remonta a fines de la década de los 80, cuando su hermano de congregación, Rimsky Rojas, fue acusado de agredir y acosar sexualmente a una decena de alumnos en el Instituto Salesiano de Valdivia. Horn era el rector de ese establecimiento en la época de los abusos.
“En Mateo (uno de los evangelios de la Biblia) hay un procedimiento que se hace frente a estos casos. Si tú sabes que un hermano ha cometido una falta, corrígelo. Si no te hace caso, llama a otro hermano para que entre dos o tres puedan llegar entonces a este objetivo de la corrección. Si no hace caso, entonces denúncialo. En lo posible los trapos sucios, ¿cómo se dice?…, los trapos sucios se lavan en casa”, cita Horn.
Según el testimonio de una psicóloga que trabajaba en el Salesianos de Valdivia en la época de las denuncias contra Rimsky Rojas, Horn fue informado por ella misma de la situación. “En una reunión que se hizo un día jueves, me preguntó (Alfonso Horn) si yo estaba clara en que esto que tenía el padre Rimsky era una enfermedad. Le respondí que sí, pero que si estaba enfermo debía estar en un hospital y no haciendo clases. Entonces lo amenazamos con ir a la prensa y el lunes siguiente llegó el director nacional y Rimsky fue sacado del colegio”, dijo la profesional en una declaración judicial.
Rojas fue trasladado en 1989 a una misión a Conakry, Guinea, donde contrajo malaria, y en los 90 volvió a Chile, pero al Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. En esa ciudad austral hay al menos otras tres denuncias de abusos sexuales en su contra y se le investigó por su posible vínculo con la desaparición del estudiante Ricardo Harex, en 2001.
Marcelo Vargas, abogado oriundo de Valdivia, quedó a cargo de Rimsky Rojas tras el fallecimiento de su madre en 1986. Tenía solo 13 años. “Él se acercó a mi familia cuando mi madre tenía una enfermedad terminal. Después de que mi madre fallece, mi padre se va trasladado a Santiago y nos deja al cuidado de Rimsky Rojas. Él era mi apoderado, mi tutor en el colegio, entraba a mi casa, mi pieza, nos sacaba de vacaciones”, relata.
Durante dos años, Rimsky Rojas se ganó la confianza de Vargas con regalos y frases de afecto, antes de iniciar los abusos sexuales. “Me decía que yo era muy especial para él, que yo era único… toda una manipulación”, recuerda. Los abusos se prolongaron hasta que cumplió 15 años.
En 2010 rompió su silencio y denunció. Presentó una querella contra Rimsky Rojas que además incluyó a Alfonso Horn y Ricardo Ezzati como encubridores. “Después de denunciar me di cuenta de que no fui el único abusado, que había otros compañeros de curso y amigos (…) y que lo mismo que hacía en Valdivia después lo hizo en Punta Arenas, el mismo modus operandi”, relata.
Ante el aluvión de acusaciones en su contra, Rimsky Rojas se suicidó en 2011 en Santiago. Según informaron en ese momento desde la misma Iglesia, sufría de una “fuerte depresión”.
“Ellos cubrieron todo. Nunca hubo una verdadera intención de ayudarme”, afirma Vargas, 14 años después de hacer público su caso. “Prefirieron barrer bajo la alfombra”, dice convencido.
En los rincones de los colegios salesianos en Chile, redes de silencio, encubrimiento y aprovechamiento de jóvenes vulnerables fueron parte de una “cultura organizacional”, según los testimonios de las víctimas.
Diego Díaz, un joven de Penco, recuerda que tuvo el error de haber confiado en el padre Diego Muñoz, a quien veía como un mentor, ya que él también quería ser sacerdote. “Era amable, casi como un abuelo”, dice. Con el tiempo, esa relación paternal se transformó en abuso, pidiéndole que no dijera nada.
En la carpeta de la investigación canónica contra Muñoz existe una serie de cartas fechadas en 1990 en las cuales Ricardo Ezzati, como su superior en los Salesianos, le reprochaba “conductas y amistades poco claras” e incluso se le pedía salir de Concepción para “evitar rumores y escándalos”. A pesar de ello, solo unos años después fue destinado como confesor en el santuario anexo al Colegio Salesiano penquista.
En la investigación también figura un mail de denuncia entregado por una secretaria de ese santuario, fechado en 2009 y dirigido a la inspección salesiana en Chile, en que explica que el sacerdote tiene “actitudes de índole sexual” contra Diego Díaz. “Él es un niño de escasos recursos y eso lo hace ser más vulnerable”, escribió la secretaria. A pesar de lo grave de los hechos descritos, no hubo denuncia formal de parte de la congregación a la justicia civil. Un año después, Muñoz fue enviado a Linares.
En 2015, Díaz denunció los hechos, pero Muñoz falleció antes de enfrentar las acusaciones. La investigación canónica previa fue cerrada, aunque la conclusión del investigador, el padre David Albornoz, es que el relato de la víctima es creíble y que consta en actas la vida “ambigua y con bajo control de impulsos del sacerdote Diego Muñoz”.
Miguel M., al igual que Diego Díaz, veía el mundo religioso como una opción de vida. Hoy es otro de los denunciantes de abusos dentro de colegios salesianos. En su caso, explica que su denunciado es una figura respetada en el mundo educacional y académico: el exdirector de Radio Chilena, Daniel Lescot. Lescot ya no es sacerdote, “pero ha seguido vinculado a la educación como director de un colegio de Estación Central”, dice Miguel.
El denunciante sostiene que, después de un episodio de abuso ocurrido en Concepción mientras era estudiante, le relató la situación al padre Natale Vitale, quien era superior de Lescot y también estaba vinculado a Rimsky Rojas. “Natale me dijo: estás acusando de una situación grave a un sacerdote que es parte de nuestra familia. Si alguien acusa de algo grave a un integrante de tu familia, tú lo vas a defender”, asegura Miguel que le contestó Vitale.
Otro denunciante, Jorge León, se suicidó este año. Él acusaba que había sido abusado en la adolescencia por dos sacerdotes salesianos: Carlos Ordóñez y Juvenal Castro Silva. León quería ser sacerdote y en ese contexto se habrían generado los abusos.
En 2018 presentó una denuncia tanto en la congregación como en la Fiscalía. “Era una tortura disfrazada de abrazos prolongados y preguntas íntimas”, dijo en un testimonio entregado al sacerdote David Albornoz en 2018, quien era el instructor de la investigación canónica contra Carlos Ordóñez.
Además, explicó que sentía culpa por no haber ayudado a otras víctimas. “Yo era secretario de pastoral en Concepción cuando Audín Araya abusó de unos jóvenes”, explicó en relación con el caso de Audín Araya Alarcón, que también fue rector del Colegio Salesiano de Concepción y que en 2014 fue condenado a 3 años y un día de presidio por dos de los cinco delitos de abuso sexual contra menores por los que se le acusaba. No fue a la cárcel después de la sentencia, ya que se dio por cumplida la pena por el tiempo en que estuvo en prisión preventiva y, como lo confirmó la Fiscalía en 2011, una de sus víctimas se quitó la vida.
Al respecto, León dijo en su testimonio que “yo conocía a esos muchachos desde octavo básico (…). Me vino un sentimiento de culpa. Mauricio se suicidó, si yo hubiese estado más atento, no habrían sido abusados. El patrón de abuso se repetía”.
En 2019 León encaró al obispo Fernando Ramos en las afueras de la Fiscalía de O’Higgins. “Ustedes van a pagar, todos van a pagar con cárcel. Deberían estar en la cárcel. Van a tener cárcel, acuérdate no más”, les enrostró. Sin embargo, no pudo superar una depresión severa y en julio de este año se quitó la vida, igual como lo hiciera el joven víctima de Araya.
Diego Díaz, Marcelo Vargas y Miguel M., quienes dieron su testimonio para este reportaje, son querellantes en la causa contra los sacerdotes salesianos acusados de encubrir a sus hermanos de congregación.
Ellos explican que una de las mayores dificultades contra las que han debido luchar es el silencio de quienes supieron o sospecharon lo que pasaba, pero no actuaron. Ese silencio se mantiene hasta hoy.
Por ejemplo, la exsecretaria del Santuario María Auxiliadora de Concepción que fue testigo de los abusos contra Diego Díaz por parte del sacerdote Diego Muñoz, fue contactada para que pudiera aportar su testimonio para este reportaje. Su respuesta fue: “¿Todavía con eso?”. Un extrabajador del Salesiano de Concepción que también fue testigo de abusos, se excusó y dijo que prefería “no involucrarse”.
Entre los casos de salesianos que sí han llegado a la Justicia, está el de Carlos Larraín Pérez-Cotapos, quien fue denunciado en 2001 por abuso a una alumna del Colegio María Auxiliadora de Porvenir, Magallanes. La víctima tenía nueve años.
Aunque el religioso fue condenado en 2005, la Suprema lo absolvió por vicios en la sentencia.
También fue condenado el sacerdote Marcelo Morales Márquez, profesor de religión del Instituto Salesiano de Valdivia, quien en un paseo de estudios a Bariloche, el año 2008, fue sorprendido tocando y fotografiando los genitales a dos de sus estudiantes mientras se encontraban dormidos. En abril de 2009 fue sentenciado a 819 días de reclusión con pena remitida por producir y guardar pornografía infantil.
Igualmente fue encontrado culpable Víctor Carrera Triviño, quien fue acusado en 1999 de abusar de un niño de 13 años en un hogar de menores de Punta Arenas. Después de la denuncia fue enviado a Italia, México y finalmente fue ubicado en una capilla de El Alto, Bolivia. En 2004 se entregó a la Justicia y en 2005 fue condenado a 541 días de pena remitida.
En la misma ciudad fue condenado a 800 días de pena remitida, el año 2009, el presbítero Jaime Low Cabezas, encontrado culpable de “haber accedido carnalmente a un menor de edad de manera consentida”.
Para este reportaje se enviaron preguntas a la Congregación Salesiana sobre su actuar ante las denuncias, pero no hubo respuesta.
También se le consultó a la Fiscalía Nacional sobre la causa contra Ezzati y esta respondió que está radicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, sin mayores detalles, aunque se confirmó que el fiscal Armendáriz aún tiene a su cargo la mayoría de los casos de abusos contra miembros de la Iglesia católica.
*Este reportaje fue realizado por estudiantes del Taller de Periodismo Colaborativo de la Universidad de Concepción, en el cual también participó la estudiante de intercambio Ornella Gamarra, de la Universidad César Vallejo (Perú). El trabajo fue coordinado y editado por el profesor Cristian Ascencio.
