Investigación
Imagen: @contrerasvito
El proyecto de ley recibió respaldo unánime la semana pasada, en la votación en general. Pese a ello, el autor de la iniciativa, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) manifiesta su extrañeza por el hecho de que La Moneda no ha mostrado interés alguno en el tema.
Con sensaciones encontradas se encuentra el diputado Jaime Araya (IND-PPD), luego de que el jueves pasado la Cámara Baja aprobara en forma unánime la ley que exige la trazabilidad de los fondos con que se pagan los honorarios de abogados dedicados a la defensa de narcotraficantes, así como de personas acusadas de delitos vinculados al crimen organizado y también a quienes están imputados por actos de corrupción.
Dicha iniciativa fue presentada por Araya y por otros parlamentarios de su bancada, como una forma de combatir el crimen organizado, buscando de alguna forma evitar que el dinero que se obtiene producto del narcotráfico, el secuestro, el sicariato y otras actividades delictivas de esa naturaleza permita posteriormente pagar a costosos estudios de abogados.
Si bien distintas organizaciones de defensores argumentan que se trata de una ley inconstitucional y que atentaría contra el derecho a la defensa, los reclamos no tuvieron eco en la Cámara Baja, y al catálogo anterior se agregaron delitos de corrupción bajo el mismo precepto: que no es posible que personas que están acusadas de -por ejemplo- desfalcar al Fisco, puedan pagar en efectivo costosos estudios de abogados con el mismo dinero que robaron al Estado.
De ese modo, y luego de escuchar a distintos actores en la Comisión de Seguridad Ciudadana, incluyendo al fiscal nacional, Ángel Valencia, que fue quien propuso extender el catálogo de delitos, se aprobó en forma unánime en la comisión y luego en la Cámara la creación de una modificación a la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilegal de drogas) y que establece que los abogados que patrocinen o actúen “como apoderados o mandatarios” de imputados por estos delitos deberán percibir su pago por cualquier sistema que no sea dinero efectivo. En otras palabras, si la ley terminara aprobándose cuando llegue al Senado, se deberían acabar los maletines con fajos de billetes que muchos de ellos exhibían con total desparpajo por las redes sociales.
De hecho, el inicio del proyecto coincidió justamente con una polémica que se produjo respecto de un abogado defensor de narcotraficantes, Juan Carlos Gómez, que se jactaba en su Instagram de todo el dinero que ganaba excarcelando a narcos (tres millones por conseguir que quedara en libertad un sujeto detenido con 33 kilos de drogas), así como de sus autos y relojes de lujo, consiguiendo libertades para sujetos acusados de distintos delitos. Sus videos y fotografías, por cierto, no distaban mucho de las clásicas imágenes del mismo tipo que los delincuentes postean para presumir de lo que ganan “trabajando”. El mismo Gómez, el sábado, subió un breve video en el que dice “¿Narcoabogados? No, no se dice así. Se dice abogados defensores de imputados por Ley 20.000, ley de drogas”.
La foto que ilustra este texto fue posteada el sábado por otro abogado, Víctor Contreras, más conocido como “Vito Contreras”, quien se especializa en la defensa de narcotraficantes, junto con un mensaje que dice: “Nosotros hacemos y somos la ley!” y tres hashtags: “Trabajando por libertades”, “Ley de Cartón” y “La paseo”, en una evidente referencia a la modificación impulsada por Araya.
Si el proyecto se llega a convertir en ley, sin embargo, a los abogados se les deberá pagar con medios trazables; es decir, cheques, vale vista, transferencia, tarjeta de crédito, etc., con el fin de se pueda determinar de dónde provino el dinero. Asimismo, de ello deberá quedar constancia en el momento en que se asuma la defensa de un acusado. Si el abogado no cumple con dicha obligación, será suspendido del ejercicio profesional por un período que va desde seis hasta 12 meses.
El proyecto también señala que lo anterior regirá para los profesionales que defiendan asociaciones delictivas y criminales, para delitos terroristas y para delitos funcionarios. Del mismo modo, los abogados que ejerzan ese tipo de defensas ahora quedarán obligados a informar sobre dineros sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Al respecto, Araya relata: “Valoramos muchísimo el respaldo transversal, amplio, que tuvo el proyecto en la Cámara. Este es un proyecto muy importante, porque regula a quienes defienden a narcotraficantes, pero también a quienes son defensores de imputados por crimen organizado, de delitos funcionarios, de derechos de corrupción”. Agrega, además, que “esperamos que también el Gobierno, de una vez por todas, se convenza de la importancia de entrar en esta materia”, apuntando a que el Ejecutivo no ha otorgado urgencia alguna al proyecto y manifestando que “si el Gobierno se suma y quiere hacer un perfeccionamiento global del proyecto, sería superbueno”.
Sin embargo, Araya admite que lo ve improbable, pues en su opinión “ha sido desconcertante la cantidad de conversaciones que tuvimos para que pudiese tener algún tipo de urgencia y no tener ningún tipo de respuesta”.
Consultado acerca de si lo que hace ruido en el Ejecutivo es la incorporación de los delitos funcionarios al catálogo de delitos comprendidos por la modificación, indica que prefiere no especular sobre los motivos de la abstención de la administración a este respecto, pero agrega que “la verdad es que no logro comprender cuáles son las razones por las cuales ellos miran con distancia este tipo de iniciativas, que nos parece que son muy necesarias”.
Además, señala: “Es distinto el proyecto que fue ingresado al proyecto que aprobaron la comisión y la sala, toda vez que se fueron haciendo indicaciones de acuerdo a las necesidades que fueron planteando distintos expositores. Así que yo creo que es una buena iniciativa, que todavía puede haber algunos pasos que mejorar, pero yo esperaría una señal clara del Gobierno, también de respaldo a estas iniciativas”.
Al respecto, reconoce que “no es fácil meterse en estos temas, y la verdad las cosas que realmente sería mucho mejor que quienes están dedicados a este tipo de actividades puedan entender que hay una preocupación del Estado, y sin el Gobierno empujando este tipo de proyectos es poco probable que esa sensación se cree”.
Por lo mismo, insistió en que “de verdad todo el mundo se pregunta por qué el Gobierno no se suma. Es un proyecto que está bien construido y que las indicaciones fueron mejorándolo. Además, pusimos indicaciones que pidió expresamente el fiscal nacional”,respecto de las cuales “hasta la Defensoría está de acuerdo con esto”.
