Investigación
Valparaíso: nuevamente liberan a integrante de la organización criminal colombiana “La Empresa”
Mujer de 19 años quedó con arresto domiciliario nocturno. Con ella, ya son cinco los imputados (de 44) que han quedado en libertad por distintas causales en la investigación relativa a la mayor organización de préstamos “gota a gota” descubierta en Chile
Con arresto domiciliario quedó una de las personas detenidas en noviembre pasado en los operativos realizados en tres regiones del país por la PDI y la Fiscalía de Valparaíso, en contra de la empresa criminal transnacional “La empresa”. Como informó El Mostrador, “La empresa”, originaria de Cali, es una organización que además de Colombia y Chile también actúa en Panamá y Uruguay (es decir, en los países con mejores indicadores económicos de América Latina), ofreciendo préstamos “gota a gota” a personas sin acceso a la banca, a quienes cobraban intereses usureros.
Debido a ello, la Policía de Investigaciones arrestó a 44 personas a fines del año pasado (hubo otras 16 que no fueron aprehendidas), tras lo cual el Ministerio Público formalizó una investigación en contra de ellas por varios delitos, determinándose que se trata de una organización criminal que posee una estructura muy detallada y que incluso contaba con códigos de conducta para sus “empleados” (todos colombianos), a quienes ofrecía vivir en los departamentos que usaban como “sedes” en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, donde, entre otras cosas, les estaba prohibido emborracharse, tener problemas con los vecinos o portar armas.
Asimismo, existía también una serie de multas para quienes no cumplieran con las metas de esta “empresa”, que no pagaba impuestos, imposiciones ni mucho menos cumplía con las leyes chilenas. De hecho, eran tantas las prohibiciones y tan curiosos otros aspectos de la organización -como la imposición efectuada por el jefe máximo de la misma, Disney Montoya, en orden a que todos debían usar ropas blancas- que es imposible no establecer similitudes con los sistemas sectarios.
Ante todo ello, y al hecho de que se estima que en menos de cuatro años el grupo obtuvo en forma ilegal más de $ 6,7 mil millones, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la prisión preventiva para todos los detenidos, partiendo por la cabeza del grupo en Chile (Stiven Enríquez) y pasando por los “gerentes”, “administradores”, captadores de clientes y cobradores, quienes contaban con una flota de 27 motos con las cuales salían todos los días a cobrar deudas.
La Corte
Sin embargo, el 6 de diciembre pasado, la Segunda Sala de la Corte accedió a rebajar las medidas cautelares de cuatro de los imputados (John Harrinson Quiñones Preciado, Eider Willington Preciado Garcés, Leonardo Osorio Arias y Mariling Faisury Panameño Espinoza) sin fundar su resolución, como lo exige la ley.
Debido a ello, la Fiscalía Regional de Valparaíso interpuso un recurso de queja en contra de los ministros de dicha sala, Rodrigo Cortés, Nancy Bluck y Silvana Donoso, hermana del abogado defensor de Andrés Chadwick, Samuel Donoso, que en 2020 salió airosa de una acusación constitucional que se interpuso en su contra, debido al papel que le cupo en 2016 en la liberación de Hugo Bustamante, “el asesino del tambor”. Este, pese a estar cumpliendo una pena por dos homicidios, en 2016 fue objeto de beneficios penitenciarios, tras los cuales volvió a matar, en este caso, a la hija de su pareja, la joven Ámbar Cornejo, de 16 años.
El recurso de queja aún no se resuelve, por lo cual los ministros recurridos se han inhabilitado de conocer la causa. En una segunda apelación (presentada por otros 25 imputados), la Corte falló en sentido inverso, manteniendo las prisiones preventivas, decisión adoptada por la misma sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, sin embargo, estuvo integrada por el ministro Pablo Droppelmann, la ministra interina Sara Covarrubias y la abogada integrante Pamela Prado.
No obstante, una de aquellas imputadas, que a juicio del tribunal de alzada debía permanecer en la cárcel, fue liberada el 14 de enero pasado por el Juzgado de Garantía, en función de un supuesto cambio de antecedentes.
Se trata de Yeraldín Zúñiga Valencia, de 19 años, quien está formalizada por usura y asociación ilícita, y quien, según su defensa, llevaba menos de un mes en el grupo, por lo que formaba parte del último eslabón de la cadena, lo que acreditaron con un supuesto contrato de trabajo firmado entre ella y la organización criminal. Además, se argumentó que la joven es madre de un niño, hechos que a juicio de la Fiscalía no fueron probados, por lo cual se apeló en la audiencia de la decisión de primera instancia, que permutó la prisión preventiva por arresto domiciliario total y otras medidas cautelares de menor intensidad.
Ante ello, la decisión definitiva quedó en manos -una vez más- de la Segunda Sala de la Corte porteña, esta vez formada por el ministro Suplente Erik Espinoza Cerda, el fiscal judicial Mario Fuentes Melo y el abogado integrante Eduardo Morales Espinosa, ante los cuales el fiscal del caso, Pablo Avendaño, dio a conocer la existencia de dos audios de marzo, en los que se escucha al líder de “La Empresa” en Chile hablando acerca de “Yeraldín”.
No obstante, la Corte confirmó la decisión del Juzgado de Garantía por dos votos a favor y uno en contra. Este veredicto fue emitido por el fiscal judicial, quien estimó que la libertad de la imputada era un peligro para el éxito de la investigación.
