Caso Monsalve: UAF revela dificultad para investigar a “Personas Expuestas Políticamente”

Ante una serie de testimonios que daban cuenta de una eventual afición por el juego del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve –corroborado incluso de manera privada por algunos miembros del Parlamento–, el diputado Andrés Celis (RN) ofició a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, buscando esclarecer las veces que el exfuncionario de Gobierno visitó las casas de apuestas durante los últimos 10 años.

La solicitud –interpuesta en el marco de la querella presentada por el parlamentario por obstrucción, infracción a la Ley de Inteligencia y malversación de fondos– buscaba obtener el registro e información de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) que hubiesen visitado, entre los años 2015 y 2024, al menos cinco casinos: Enjoy Viña del Mar, Enjoy Santiago Rinconada y Marina del Sol en Talcahuano, Chillán y Osorno.

El oficio, presentado a fines de noviembre del año pasado, solicitó expresamente a la UAF no solo remitir el registro de personas calificadas como PEP, sino también información relacionada con la participación de ellas en casinos de juego que hayan sido sujetas a “observaciones, recomendaciones y/o análisis”, además de información vinculada a la coordinación entre la unidad fiscalizadora y la Superintendencia de Casinos de Juegos.

La respuesta de la UAF llegó un mes después, el 30 de diciembre de 2024, luego que se revelaran antecedentes respecto del uso de gastos reservados del exsubsecretario del Interior, quien en 30 meses de gestión utilizó $ 847 millones.

A esto se suma una serie de gestiones del exencargado de la seguridad del país, como tramitar la separación de bienes con su esposa, María Eugenia Garrido, seis días antes de su detención, repartiéndose dos propiedades con el objeto -según fuentes cercanas a la investigación- de disminuir su patrimonio en caso de una solicitud de reparación de daños.

Otro punto. En su declaración de patrimonio, Monsalve informó una cifra ostensiblemente menor de los avalúos fiscales de las dos viviendas de su propiedad –una de ellas, a un tercio de su tasación real– y sumó, en solo cinco meses, $ 25 millones a su Ahorro Previsional Voluntario (APV).

La eventual nueva arista por gastos reservados utilizados en casino de juegos, sin embargo, ha encontrado trabas institucionales para desarrollarse, luego que la UAF, dependiente del Ministerio de Hacienda, revelara una serie de dificultades para entregar la información requerida desde el Congreso.

Personas Expuestas Políticamente

Las diligencias solicitadas por el abogado querellante, Luis Cantellano, en la indagatoria que sigue el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir –causa paralela a la de delitos sexuales que mantiene en prisión preventiva a Monsalve–, buscan esclarecer si existe un patrón de gastos asociados a los juegos de casinos y si es estos corresponden al uso indebido de dineros reservados.

La respuesta de la UAF sobre este punto, sin embargo, no fue del todo esclarecedora respecto a quiénes son calificados como PEP. En rigor, admite que si bien los PEP deben estar sometidos al procedimiento regular para la identificación de sospechas, los casinos no tienen “la obligación de reportar o informar a la UAF o a la Superintendencia de Casinos de Juegos, todas las operaciones o los registros PEP, sino que identificarlos y cuando corresponda, emitir un ROS (Reporte de Operación Sospechosa)”.

Para Cantellano, la respuesta de la UAF solo demostraría la precariedad del sistema de fiscalización. “Eso significa que el tema no está funcionando y que cualquier persona que esté en la condición de Monsalve y que además ocupe fondos reservados de gastos públicos, podría estar perfectamente paseándose por los casinos de Chile sin que salten las alarmas”.

La unidad fiscalizadora argumenta que la información recibida y los análisis posteriores que realizan, según la Ley 19.913, se encuentran sujetos a “secreto”, “siendo el único mandatario de dichos análisis el Ministerio Público”. A propósito de esto mismo, añade Cantellano, la parte querellante hizo entrega del informe al fiscal Jacir.

La pelota, entonces, estaría en manos de la Fiscalía.

Además de no proveer información concreta respecto a la información solicitada, el oficio de la UAF señala otra dificultad en el procedimiento. Desde hace algún tiempo, agrega el oficio, “los casinos registran a sus clientes fidelizados a través de otras sociedades fuera del giro regulado, dificultando para esta Unidad verificar la correcta identificación de todos los clientes PEP”.

Esta situación implicaría que la revisión de operaciones de estos clientes u otro tipo de “conductas inusuales o carentes de justificación económica o jurídica, generan una eventual brecha en la mitigación de riesgos que podría requerir un ajuste legal”, plantea el oficio.

“Ellos entregan un insumo importante que ratifica que el sistema de fiscalización de Personas Expuesta Políticamente no está funcionando. Entonces, a partir de eso, lo que hay que hacer es que ellos apliquen la ley y a mi juicio no lo están haciendo”, asegura Cantellano.

El Mostrador se comunicó con el Ministerio de Hacienda para analizar los alcances de la respuesta de la UAF, entregada al diputado Celis, pero desde dicha cartera comunicaron a nuestro medio que por esta vez no realizarían declaraciones.