A un año del megaincendio en Viña del Mar: solicitan fiscal especial para investigar a autoridades

A casi un año del megaincendio que afectó a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, los representantes de 114 familias afectadas en la causa que afectó a más de 8.500 hectáreas, destruyó 3.047 viviendas y dejó 137 personas fallecidas, solicitaron a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la designación de un fiscal especial para que investigue a las autoridades “presuntamente responsables de los hechos acaecidos”.

La solicitud se realizó el 28 de enero de 2025, en un contexto marcado por la lentitud del proceso de reconstrucción –con un avance estimado en apenas un 26 %–, los escasos subsidios entregados por el SERVIU –195 hasta ahora, con una proyección de otros 652 en febrero– y las críticas al Gobierno de los propios alcaldes de las zonas afectadas.

Hasta ahora la indagatoria, a cargo del fiscal Osvaldo Ossandón, mantiene en prisión preventiva a siete miembros de distintos organismos vinculados a la extinción de incendios en el país, entre ellos dos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), un exfuncionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y un exmiembro del cuerpo de bomberos, acusado de lanzar artefactos incendiarios.

En complemento a la arista que sindica como autores materiales a los siete miembros de los organismos antes mencionados, el requerimiento presentado por el estudio Zumelzu Cantellano Abogados, busca escalar las responsabilidades a las distintas autoridades regionales y nacionales, acusadas de actuación omisiva en sus funciones “legales tendientes a salvar vidas”.

“La importancia de esta solicitud es investigar de manera paralela a las autoridades, a partir de una variable que si bien fue planteada por la fiscalía al comienzo de la investigación, debería comenzar a activarse porque muestra las responsabilidades incluso de manera previa al incendio, considerando que en aquella época estaba en vigencia una alerta de incendio desde la región de Atacama a Magallanes”, argumenta el abogado querellante Luis Cantellano.

“Negligencia inexcusable”

Al menos dos querellas presentadas en representación de 114 familias afectadas por los incendios, dan cuenta del desempeño de varias autoridades que, según estimaciones preliminares, no habrían estado a la altura de sus funciones en sus respectivos cargos institucionales.

Las presentaciones judiciales son por cuasidelito de homicidio y están dirigidas en contra de la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, la delegada subrogante en la misma región, Paula Gutiérrez, el secretario técnico del Jardín Botánico de la ciudad jardín, Alejandro Peirano, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y el gobernador regional, Rodrigo Mundaca. Ambas acciones van dirigidas, además, en contra de todos quienes resulten responsables.

Según los argumentos esgrimidos en las querellas, a la fecha de los incendios estaba vigente un decreto exento del Ministerio del Interior que daba cuenta de la alta probabilidad de ocurrencia de incendios entre las regiones de Atacama y Magallanes, habiéndose decretado emergencia preventiva en las regiones aludidas, entre octubre del 2023 y mayo del 2024, “constituyendo un deber de las autoridades regionales la mínima diligencia para enfrentar incendios urbano forestales en las épocas establecidas”.

La responsabilidad en este sentido, según la querella, recae en la delegada presidencial, Sofía González, quien debió en su calidad de presidente del Comité Regional “establecer por resolución un perímetro de seguridad, indicando la evacuación de la población y su restricción de ingreso al lugar”.

“Estas funciones no fueron cumplidas ni menos observadas por la delegada presidencial regional”, asegura la querella.

Respecto a Paula Gutiérrez, quien además de delegada presidencial subrogante es seremi de Justicia y Derechos Humanos en la región, se le atribuye no “tener conocimientos ni instrucciones comprobables en materia de emergencia, ignorando, al mismo tiempo, las funciones del delegado presidencial regional en estas materias, en particular en la conformación del Comité Regional en las Fases de Repuestas y Recuperación”.

A Rodrigo Mundaca, en tanto, se lo acusa de desconocer algunas facultades y responsabilidades generales en materias de emergencia atribuidas al Gobierno Regional, en su calidad de miembro del comité de emergencia, debiendo informar sobre nuevas amenazas que pudieran originarse en esta instancia.

“Rodrigo Mondaca Cabrera no cumplió con el estándar de colaboración exigido por la nueva institucionalidad de la emergencia, según dan cuenta diversos documentos, algunos de ellos integrantes de la carpeta investigativa, y otros aportados a partir de instancias fiscalizadoras de los actos del gobierno, realizadas por la Cámara de Diputados en la Comisión Investigadora sobre los incendios”, detalla la querella.

En el caso de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se le atribuye “negligencia inexcusable” debido a que, siendo la máxima autoridad comunal, no reparó a tiempo en la “inexistencia, en la práctica, de un plan de riesgo actualizado y eficiente para la comuna, así como un plan de emergencia que previniera de forma coordinada con las autoridades regionales y nacionales”.

Además de esta eventual negligencia, el libelo acusa a la alcaldesa, junto al secretario técnico del Jardín Botánico de la ciudad jardín, Alejandro Peirano, de la nula presencia de protocolos que mitigaran o impidieran la catástrofe, situación que cobró la vida de dos adultos y dos niños, cuyos familiares también forman parte de las víctimas que se querellaron.