Papelera de Grupo Ariztía: amplían querella a directorio y exlíder de la CPC encabeza acreedores

Un nuevo capítulo suma la investigación respecto a la quiebra de Dimar, la papelera vinculada a la familia Ariztía –antes en manos de Arturo y Magdalena Matte–, luego que la compañía canadiense Copap, ampliara su querella a los directores de la empresa chilena fundada hace más de 50 años -la segunda papelera más importante del país-, acusándola de “prácticas fraudulentas en el marco de su relación comercial”.

La arremetida judicial de la multinacional canadiense se da luego que el tribunal aceptara una diligencia solicitada por el Ministerio Público, respecto a la información de los correos electrónicos almacenados en los servidores de la papelera, pertenecientes a cuatro directores de la empresa: Francisco Ariztía Fernández, Francisco Ariztía Reyes, Juan Eduardo Ariztía Reyes y Federico Humberto Silva Pizarro.

Pese a que los resultados de esta última indagatoria aún no han sido conocidos, para la empresa querellante existiría “suficiente evidencia (en los correos) para creer que fue así”. “Es sorprendente que un directorio de personas inteligentes, capaces y que se reúnen mensualmente de manera presencial, tal como constan en las actas, no se haya dado cuenta de la real situación económica de la empresa”, asegura el abogado de Copap, Matías Balmaceda.

Es que en un comienzo, cuando estalló el caso –en septiembre del año 2023–, los dardos de Dimar apuntaron al entonces gerente general de la empresa, Jonatan Morán, quien solicitó efectuar un aumento de capital de $1000 millones debido al incremento en la caída de los volúmenes de venta.

En una reunión posterior, el directorio encontró inconsistencias en las cifras entregadas por Morán, decidiendo iniciar de inmediato una auditoría. La fiscalización reveló cuentas de inventario ficticias con montos que superaban los $7.400 millones. El exgerente general, además, poseía acciones por el 5% de la empresa.

“Con esto se lograba la apariencia de utilidades que permitían generar bonos a su persona y demás empleados”, explicó la empresa en una querella presentada en noviembre de ese mismo año, señalando que el gerente que estuvo 25 años en el cargo generó “un mundo paralelo extracontable”.

Las sospechas en torno a Morán, sin embargo, no resultan verosímiles para Copap. “Según ellos (Dimar), se toparon con la sorpresa de que el gerente general habría estado entregando información falsa al directorio durante todo un año y ellos no se sienten responsables de eso”, apunta Balmaceda.

La crítica del abogado se da en el marco de la nueva ley de delitos económicos, que busca precisamente evitar que los directivos puedan escamotear sus responsabilidades fiduciarias, en el caso de una estafa que afecte a su empresa. “No puede ser que siempre el hilo se corte por lo más delgado”, apunta Balmaceda.

“Si el directorio hubiera sido transparente con la información contable, habrían avisado a proveedores como Copap mucho antes, con lo que podrían haber evitado que este perjuicio siguiera aumentando”, agregó el abogado.

La deuda de Papelera Dimar, según la canadiense Copap, se generó en el marco de una relación comercial, iniciada hace 30 años, a partir de la entrega recurrente de información contable, con el objeto de respaldar la entrega de insumos de papel. En el año 2022, sin embargo, Dimar dejó de pagar las facturas por grandes órdenes, acumulando una deuda con intereses por más de $2.200 millones.

La ampliación de la querella apunta a la responsabilidad de los directores de la sociedad, luego que en el marco de diversas diligencias ordenadas por el tribunal, Dimar “no aportó libros oficiales, sino sólo archivos digitales, planillas en formato Excel y no los Balances y Libros Mayores y Diarios autorizados por el Servicio de Impuestos Internos”, explica la empresa en el documento judicial.

Acreedores

La trama judicial, además, ha revelado otro aspecto desconocido. Hasta ahora se sabía que el monto total de la deuda de Dimar era de $48 mil millones, pero no se conocía quiénes eran los acreedores de la empresa fundada en 1973 por la familia Ariztía Reyes, salvo algunas firmas que ya se habían querellado en contra de ellos.

Uno de los primeros en querellarse fue el Banco Itaú, el acreedor más relevante que acumula el 10% de la deuda total, quien rechazó la propuesta de reorganización presentada por Dimar en abril de 2024, instancia que finalmente gatilló la liquidación de la compañía.

En total, son más de 60 empresas las que figuran en el listado de acreedores, entre ellas la agencia de aduanas del exmandamás de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes, a quien la empresa papelera adeuda $61.966.291 millones.

Entre los bancos afectados destacan el Banco Consorcio, Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile y Banco Santander. Los volúmenes más cuantiosos los acumula el Itaú con $4.858.190.254 y el Santander con $1.732.617.982.

Además de la banca tradicional, Dimar quedó debiendo dinero a varios factoring, entre ellos Eurocapital, Baninter, Finameris y Tanner, a quienes en total dejó de pagar más de $2.200 millones.

A la fecha de esta publicación, El Mostrador no ha logrado contactar a representantes de la empresa Dimar.