Caso Barriga: Fiscalía acusa a Lavín Jr. de intervenir en declaración de testigo clave

La incautación de celulares y computadores de su oficina, domicilio y sede distrital, realizada a fines de octubre del año pasado, dejó en evidencia una serie de maniobras del diputado Joaquín Lavín León tendientes a favorecer a su esposa, formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, a partir de una serie de correos electrónicos a los cuales la fiscalía tuvo acceso.

En la audiencia de modificación de medidas cautelares del lunes recién pasado se revelaron antecedentes en torno a un reclamo que realizó la defensa de Cathy Barriga, respecto de la eventual vulneración del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, producto de una supuesta omisión de información sobre la primera declaración a la fiscalía de Lucía Carrillo Andrades, exdirectora de administración y finanzas de la municipalidad de Maipú.

“¿Puede un Fiscal decidir por sí y ante sí no dejar constancia de la declaración de un testigo? ¿Puede un Fiscal soslayar la oportuna entrega de la citación cursada a un testigo, cuando la defensa lo solicita, para luego hacerlo cuándo se le requiere en forma expresa, desnudando con ello la omisión original?”, planteó el reclamo presentado por el abogado Cristóbal Bonacic.

Lo cierto es que la interpelación de la defensa de Barriga, lejos de aplacar los ánimos, motivó una aclaratoria inmediata del Ministerio Público. El fiscal subrogante, Cristóbal Salazar, explicó que la citación aludida –realizada el 6 de diciembre de 2023–, había sido reagendada con la propia testigo, a través de correo electrónico, para el 4 de enero de 2024, fecha en que realmente se habría realizado la declaración.

La defensa de Barriga, en tanto, aseguró, en el reclamo dirigido al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que la fiscal Constanza Encina interrogó a la testigo por primera vez en la fecha mencionada, recibiendo como respuesta que el municipio no “presentaba el nivel de déficit que por ese entonces se estimaba en cerca de $31 mil millones”, plantea el documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador.

“La fiscal citó a declarar a una testigo, que cumplía una labor importante en la municipalidad, en el último periodo de Cathy Barriga, pero como el contenido de la declaración no le resultó útil para la indagatoria, decidió no seguir interrogándola, no dejar constancia de la diligencia y luego citarla para un mes después”, comentó a El Mostrador Cristóbal Bonacic.

Fue entonces cuando el Ministerio Público, a través de Cristóbal Salazar, desenfundó su artillería pesada. A modo de contexto, el persecutor señaló que existían otros antecedentes que darían cuenta de las “lealtades” de Lucía Carrillo con la familia Lavín-Barriga, con el objeto de “crear argumentos falsos”.

La minuta de la fiscalía que fue leída en la audiencia es elocuente: “existen múltiples comunicaciones previas entre la imputada Lucía Carrillo con el diputado Joaquín Lavín, colaborando activamente con la imputada, por lo que no es efectivo lo planteado por el abogado defensor al indicar que se trata de un testimonio autónomo y espontáneo de descargo”.

“Amable y gentil”

El sábado 9 de marzo de 2024, la ex directora de administración y finanzas de la municipalidad de Maipú, envió un correo electrónica al diputado Joaquín Lavín, adjuntando su declaración jurada, con el testimonio de la conversación que no habría sido consignada en su eventual primera declaración.

“Sr Joaquín Lavín, adjunto declaración según lo solicitado”, le decía la contadora auditora. Además de consignar que se trataba de una entrega pactada, el documento adjunto de Carrillo admitía que en el cálculo del déficit total no se consideraron variables como modificaciones presupuestarias, mayores ingresos, cierres de contratos, ingresos extraordinarios, donaciones y venta de activos, entre otros.

“Declaro que en el tiempo que me desempeñé en la municipalidad de Maipú, nunca vi ni recibí una actitud negativa de parte de la alcaldesa. Todo lo contrario, fue amable y gentil”, cierra su declaración.

En una segunda versión de su testimonio, enviada el 2 de abril de 2024, “Carrillo acompaña una nueva adaptación al diputado Lavín, a solicitud del mismo”, señala la minuta de la fiscalía, pero esta vez incorporando un párrafo totalmente nuevo donde asegura que ese 6 de diciembre de 2023 “no firmé ningún documento que dejara constancia de lo que declaré en esa oportunidad, solamente se me amenazó con ser imputada”, en referencia a que así se lo habría dicho la fiscal Encina.

Respecto del intercambio de correos electrónicos entre el diputado y una importante testigo en la causa, Cristóbal Bonacic asegura que tal situación “no excluye la obligación de dejar un registro en la carpeta de investigación, porque ese testigo fue citado por el Ministerio Público… Entonces, el hecho de que haya intercambiado o no correos, resulta irrelevante”.

Sin embargo, a José Pedro Silva, abogado representante del municipio de Maipú, la exposición de estos nuevos antecedentes le parecen “sumamente graves”. “Acá hay una testigo que va informando a Lavín y conforme envía nuevas versiones, va agregando párrafos, como que la fiscal había amenazado a la testigo, entre otras cosas, y a partir de esa declaración jurada presentan un reclamo al Fiscal Nacional”.

Además, agrega Silva, Carrillo es una testigo que la defensa ha promovido en distintas audiencias. “A ella le encargaron un peritaje privado, en defensa de la exalcaldesa, y siempre era citada para validar su teoría del caso. Por eso me parece muy grave que esté involucrado un diputado de la República, en una causa donde se investiga a su señora. Espero que el Ministerio Público esclarezca esta situación, porque podría eventualmente constituir una obstrucción a la investigación”.

Fuentes del Ministerio Público aseguran que seguirán indagando en esta nueva arista, que en las próximas semanas solicitarán nuevas diligencias y que no descartan imputar delitos en contra del diputado Joaquín Lavín León.