Condominio VIP en Maitencillo: acusan a Sergio Jalaff de usurpación de terreno

Desde que estalló el caso Audio o Hermosilla, las malas noticias no han cesado para los hermanos Jalaff Sanz, miembros del clan fundador de Grupo Patio y –al menos dos de ellos– protagonistas del mayor escándalo financiero de la última década. Todos, sin excepción, se han enfrentado a un verdadero despeñadero judicial y económico.

Los hechos, en rigor, hablan por sí solos: los tres hermanos se han declarado en quiebra y han tenido que desprenderse de su patrimonio. Álvaro se encuentra en prisión preventiva en Capitán Yáber, Antonio está con arresto domiciliario y a Sergio, el mayor del grupo, todavía no lo han podido notificar por una nueva acusación judicial en su contra.

A los reconocidos casos de Álvaro y Antonio, indagados por los delitos asociados al caso Factop, se han sumado una serie de denuncias en contra de Sergio Jalaff, otrora fundador de la financiera automotriz Global Soluciones, quien –como ya informó El Mostrador– ha sido requerido en otras ocasiones por la venta de dos relojes de lujo falsos y la desaparición de un Audi A3 que otro empresario había dejado estacionado en su casa.

La última denuncia en contra del hermano mayor de los Jalaff fue presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero, a fines del año pasado, por los delitos de usurpación y falsificación de instrumento público, respecto de un terreno donde se instaló un condominio de 41 lotes, con un valor de 3500 UF cada uno –más de 100 millones de pesos– y en una superficie de casi seis hectáreas. El problema: una familia de La Calera asegura que ella es la verdadera dueña del terreno.

Proyecto Parque Maitencillo, en fotos registradas en su web.

Parque Maitencillo

“Parque Maitencillo” debutó en el mercado inmobiliario el año 2019. El proyecto fue presentado como un condominio a mitad de camino entre el campo y el mar, ubicado en la comuna de Puchuncaví, a solo 110 kilómetros de Santiago, cercano a las cotizadas playas de Quirilluca, Zapallar y Cachagua, con portería 24/7 y zonas verdes con circuitos de trekking que prometían fusionar “el deporte con la vida familiar”.

La empresa encargada de iniciar el proyecto fue la Inmobiliaria e Inversiones JB SpA, una sociedad constituida el 7 de enero de 2013 por el empresario Álvaro Bas González y Sergio Jalaff Sanz, ambos representantes legales de la firma que comenzó a ocupar el predio tras comprarlo a Miguel Ángel Díaz Heresi –dueño de una automotora y cercano a Sergio Jalaff–, quien a su vez había inscrito el terreno en el Conservador de Bienes Raíces de Quintero el año 2015.

Es en esa fecha que la familia Gaete Rojas se enteró de que el lugar donde iban cada fin de semana era reclamado por una empresa de la que nunca antes habían escuchado en su vida. En la querella, Marcelo Gaete, el representante de la familia, asegura que la inmobiliaria tomó posesión de la propiedad de forma violenta, quemando “el inmueble construido por mi familia”.

“Esta ocupación derivó en una subdivisión irregular en nuestra propiedad dada por un loteo solicitado y tramitado, donde mi predio, el cual ha sido heredado por sucesión desde mi bisabuelo, fue dividido en 41 lotes”, dice Gaete en la querella.

En efecto, la familia tiene en su poder el dominio del inmueble adquirido por Evaristo Gaete Rodríguez, el patriarca del clan, que adquirió el terreno en el año 1949 e inscribió la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Quillota, dejando tras su muerte la sucesión a sus hijos y viuda, quienes solicitaron la posesión efectiva en 2011.

Estos últimos trámites realizados por la familia, incluida una nueva solicitud de título de dominio, habrían sido realizados a petición del contratista de Bienes Nacionales Eugenio San Román Courbis, una acción innecesaria, pues el dominio se encontraba inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Quillota, debiendo trasladarlo al conservador de Quintero.

El funcionario fue finalmente expulsado de Bienes Nacionales tras una serie de reclamos de clientes realizados al servicio público, en total más de 200 familias de Puchuncaví y El Tabo, quienes alegaron que el abogado no cumplió con los servicios contratados, siendo estos archivados por no pago. Es en este contexto que aparece la inmobiliaria e Inversiones JB SpA.

“Comenzaron a ocupar el bien raíz antes señalado, aduciendo tener la calidad de dueña de dicha empresa, bajo pretexto de que habría adquirido el dominio por compraventa a don Miguel Ángel Díaz Heresi… sobre el mismo inmueble del cual somos dueños mi madre y mis hermanos”, apunta el documento judicial.

En resumen, se trataría de un caso de superposición o duplicidad de títulos, donde ambas propiedades comparten el mismo rol de avalúo. Un detalle no menor, asegura el abogado querellante Rodrigo Martínez, pues a su juicio la ley favorece por regla general al título más antiguo. “Ahí está la clave, ahí se cayeron”, comentó a El Mostrador.

No obstante, el mismo rol en cuestión permitió a la inmobiliaria, en marzo de 2017, ingresar una consulta de pertinencia al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, por el proyecto condominio “El Médano”, firmado por el director regional del servicio en esa época, Alberto Acuña, y los representantes de Inmobiliaria e Inversiones JB SpA: Álvaro Bas González y Sergio Jalaff Sanz.

En diciembre de 2019, el director de Obras del municipio, Eduardo Ortiz –también querellado en la misma causa–, aprobó el expediente técnico del condominio Tipo B, presentado por la inmobiliaria, y que luego le permitió subdividir el terreno en 41 lotes de mil metros cuadrados, cada uno de ellos con rol individual y aprobado por el Servicio de Impuestos Internos.

La querella acusa al funcionario municipal de estar al tanto de quiénes eran los dueños originales del terreno y que los permisos autorizados sirvieron para concretar el fraude. Hoy, de hecho, quedarían solo dos sitios sin vender.

“Todos los documentos han sido falsos, de ahí las autorizaciones empezaron a suceder una tras otra. ¿Cómo fue eso? La lógica indica que aquí hubo un manejo fraudulento y eso es lo que tiene que investigarse”, dice Martínez.

Para el abogado de la inmobiliaria, Isaías Gómez, la estrategia de pasar de una demanda civil de acción reivindicatoria –aún sin sentencia por abandono– a una nueva querella criminal por usurpación y falsificación de instrumento público, busca presionar a la contraparte de manera “temeraria”, debido a que el certificado de dominio de la familia Gaete, asegura, no “correspondería a la topografía donde se emplaza ‘Parque Maitencillo’”.

La disputa ha ido más allá –aseguran fuentes cercanas al caso– pues la familia Bas se querelló por amenazas contra Marcelo Gaete, quien se encuentra con prohibición de acercamiento y contacto con el representante legal de la empresa, Álvaro Bas.

Así las cosas, el lunes pasado se suspendió por segunda vez la citación para revisar medidas cautelares de la causa por usurpación que, entre otra cosas, busca impedir la venta de sitios y edificación de nuevas propiedades, debido a que todavía no han podido ser notificados Sergio Jalaff ni Eduardo Ortiz.

El Mostrador se comunicó con un abogado cercano a Sergio Jalaff, quien confirmó que el mayor de los hermanos efectivamente se relacionó con la familia Bas en el año 2015 y que se salió de la sociedad tres años más tarde. “Nunca ha firmado una promesa o compraventa de alguno de los lotes, nunca ha recibido honorarios ni pagos de dicha sociedad”, aseguró.

La Municipalidad de Puchuncaví, en tanto, no respondió a las preguntas enviadas por El Mostrador, sobre el rol de Eduardo Ortiz en la aprobación de los permisos que dieron luz verde al proyecto inmobiliario.