Acusación contra “Los Shottas” evidencia uso de torturas al estilo DINA contra sus víctimas

Una serie de antecedentes que remiten a la época de la violencia ejercida por los aparatos de inteligencia de la dictadura, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), figuran en la acusación que la Fiscalía de Antofagasta emitió en contra de una célula de la organización criminal transnacional “Los Shottas”, cuyos miembros fueron detenidos el año pasado en un masivo operativo realizado por el Ministerio Público y la PDI, en el campamento Génesis II.

En efecto, entre los antecedentes invocados por la Fiscalía para acusar a nueve integrantes del grupo –encabezados por Javier Valencia González, más conocido como “Zeus”, en contra del cual el Ministerio Público está pidiendo más de 120 años de presidio, acusado de varios homicidios, secuestros y tráfico de drogas–, se encuentra un violento episodio ocurrido al interior de la casa de torturas que el grupo mantenía dentro del campamento.

El 26 de diciembre de 2023, como indica la acusación, “Zeus” comandó una sesión de torturas en contra de dos microtraficantes que distribuían las drogas del grupo y que –a juicio de “Zeus”– se habían quedado con el dinero de las ventas. Ayudado por algunos de los miembros del grupo, entre ellos, “Chimuelo” (Dick Preciado Belalcazar), “Morocho” (Jean Pierre Ledesma) y “Esquema”, Óscar Camacho Rentería, comenzó a golpear a las víctimas con objetos contundentes. Luego los obligaron a arrodillarse y procedieron a golpearlos en la cabeza, exigiendo la devolución del dinero.

Como ello no dio resultado, recurrieron a las técnicas de la DINA, poniéndoles electricidad en las manos. Partes de la sesión de torturas fueron grabadas por “Chimuelo” y subidas a la cuenta de Facebook de “Zeus”, junto a un mensaje inequívoco: “El que me traiciona me las paga”.

Como la corriente tampoco dio resultados, “Chimuelo” le quebró las manos a una de las víctimas. La otra, al mismo tiempo, recibió un disparo en un pie, de parte de “Zeus”, quien luego de ello le destruyó ambas rodillas, también con disparos. Después de seis horas de torturas, le perdonaron la vida a la primera víctima, dejándola que se fuera con las manos quebradas. La persona que estaba baleada, sin embargo, fue trasladada hasta un callejón, donde “Zeus” le propinó un último tiro, en el abdomen, el que se suponía sería mortal.

Sin embargo, sobrevivió, pero las consecuencias fueron severas. No solo debieron amputarle la pierna derecha, sino que además quedó con una serie de secuelas y cicatrices en su rostro, producto de las torturas.

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El control territorial depredatorio

Al igual que el Tren de Aragua, que Los Gallegos, que Los Trinitarios, que Los Pulpos y varias otras bandas de crimen organizado transnacional, “Los Shottas” ejercían un control territorial de tipo depredatorio en el sector donde se habían asentado.

De hecho, así lo explica la acusación, que señala que “el fin principal de esta asociación es la ganancia monetaria proveniente de múltiples negocios ilícitos vinculados y derivados de mantener el control territorial en el campamento, para lo cual también ejecutan diversos ilícitos”.

Y al respecto se detalla: “Se dedican principalmente a la extorsión, cobrando una cuota monetaria bajo el pretexto de la habilitación y mantención de servicios básicos como agua, luz eléctrica y acceso a las redes de alcantarillado; así como la extorsión para forzar a los pobladores a abandonar sus viviendas, expulsándolos de ellas, para luego venderlas o arrendarlas cobrando una cuota. Es menester señalar que cualquier poblador que no se someta a las órdenes de esta asociación, es amenazado de muerte y desalojado de su vivienda”.

Según la acusación, Valencia y sus adláteres mantenían al campamento en “un prolongado estado de coacción general” por medio de la violencia e intimidación de los pobladores, quienes no se atrevían a cooperar con la policía.

“Los Shottas” también se dedicaban al tráfico de drogas y, además de tener el monopolio narco en el campamento Génesis II, habían generado una “expansión territorial”, instalando puestos de venta de narcóticos ilícitos en los campamentos Sol y Luna y Juanita Cruchaga. Para ello, “establecen roles con turnos de venta, con sujetos a cargo de dar aviso por presencia de bandas rivales y policías, custodia de los puntos de acopio, lugares de custodia de las armas de fuego utilizadas, etc.”.

Asimismo, eran muy cuidadosos en cuanto a sus comunicaciones, “y es por este motivo que el líder de la organización se mantiene siempre al interior del Campamento Génesis II, no siendo necesario realizar llamadas entre ellos, encomendando a los integrantes de menor jerarquía que ejecuten las diligencias que sean necesarias realizar fuera del campamento”.

Entre los homicidios que se imputan a la banda se cuenta uno que se imputa a Valencia, quien dio muerte a Orlando Banguera Montaño una vez que este se negara a pagarle 10 mil pesos, que supuestamente le debía por un juego de naipes que había perdido. 

Otro crimen que se les imputa fue cometido el 04 de abril de 2024, cuando el grupo irrumpió por la fuerza en una de las mediaguas, buscando a un menor de edad al que querían asesinar. Uno de los padres del menor se interpuso, recibiendo un disparo en una rodilla. Sin poder cometer el homicidio, saquearon por completo el modesto inmueble.

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El cambio del líder

Provenientes de Cali y Buenaventura (Colombia), la petición de extradición que pesa sobre Valencia detalla que este formaba parte del “Clan de los Usuga”, una organización criminal formada sobre la base de los antiguos paramilitares de extrema derecha y también de miembros de las FARC, que se instaló en el barrio de Petecuy, en Cali.

Posteriormente, dicho clan se desmembró en dos grupos que comenzaron a rivalizar por el control del crimen en Buenaventura: “Los Shottas” y “Los Espartanos”. En su país, Valencia está condenado a 33 años de presidio por homicidio y asociación ilícita y es por ese motivo que huyó a Chile junto a otro exmiembro de las FARC, conocido como “Raspao” (Cristóbal Arroyo Angulo, quien falleció el año pasado en prisión preventiva).

De hecho, cuando llegaron al campamento Génesis II, el líder del grupo en el lugar era otro sujeto, conocido como “Perroni”, quien se fue del lugar dejando a cargo a su hermano, apodado “Yeyito”: este tenía como su mano derecha a Oscar Camacho Rentería (“Esquema”), un sujeto extremadamente peligroso, según Gendarmería de Chile, quien permitió el ascenso de Valencia y Arroyo a la cabeza de la banda.

En efecto, un informe de dicha institución, del 27 de agosto de 2024, enviado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, desaconsejaba al tribunal permitir que Camacho, que en ese momento cumplía prisión preventiva en Valdivia, regresara a la cárcel de la capital regional, argumentando que Camacho era “exmiembro de la banda apodada ‘Los Shottas’, la cual se dedica al narcotráfico de estupefacientes, siendo reconocida a nivel transnacional. Se hace mención que el interno ingresa privado de libertad por haber cometido el asesinato de dos miembros activos de la banda antes citada, lo anterior, presuntamente por conflictos de poder al interior de la misma”.

Esto aludiría a los días finales de Valencia como líder del grupo, lo que comenzó la noche del 17 de abril del año pasado, cuando los demás miembros de la organización, liderados por “Raspao” y “Esquema” (Camacho), lo acusaron de traición, por lo cual asaltaron su casa. “Zeus” logró escapar y se escondió dos días en una ripiera cercana.

El día 20, Camacho y otro sujeto, conocido como “Jean”, dieron con él y comenzaron a perseguirlo a balazos. En su huida, “Zeus” ingresó a un domicilio de calle Nueva, donde asesinó de un disparo a un hombre y dejó gravemente lesionado a otro, que huyó de allí en un vehículo, con el cual terminó colisionando con un taxibús. En medio de ese caos, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros logró detener a “Zeus” mientras huía por los techos de la población Balmaceda.

Violencia importada

Respecto de la forma de operar y, especialmente, del modo en que ejercían la violencia en Antofagasta, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dijo a El Mostrador que es fundamental tener en cuenta el pasado de los líderes en Colombia, detallando que González y Arroyo “pertenecían a una banda criminal que estaba vinculada a delitos muy parecidos a los que cometieron en la ciudad de Antofagasta, es decir, homicidios, extorsiones y sicariato en la ciudad de Cali, en Colombia”.

En dicho sentido, agregó que “cuando la Fiscalía Regional de Antofagasta detecta la presencia de esta organización criminal en el año 2021, paralelamente, en Colombia, ellos estaban siendo juzgados en ausencia por delitos muy similares, por los cuales González y Arroyo fueron condenados a penas sobre los 33 y 34 años de cárcel, respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? En definitiva, lo que ellos hicieron es trasladar desde sus lugares de origen los mismos métodos que ellos en su tiempo utilizaban en su país de origen para ejercer el control territorial, los que eran igual o más violentos que los que realizaron durante su estadía en el campamento Génesis de la comuna de Antofagasta”. 

Así, el Fiscal Regional comentó que “la asociación criminal a la que ellos permitían también ejecutaba delitos con métodos de tortura y con desmembramiento de las víctimas, con motosierra, que es lo que parte de los miembros de esta organización a la que ellos pertenecían realizaron en su país de origen. Entonces, cuando llegaron a Chile, si uno quisiera describir las fases del control territorial que quieren establecer en un determinado sector geográfico, lo primero que hicieron es ejercer violencia, mostrar violencia, y de esa manera intimidar a los habitantes del sector geográfico del cual se quieren apoderar”. 

Por cierto, precisa el persecutor, la violencia debe ser comunicada y es por eso que, como sucedió en el caso de los dos torturados, “ellos lo publican”. 

Es, dice el fiscal, “una manera de infligir miedo a todos los miembros de la comunidad donde ellos habitaban. Es decirles: ‘Miren, nosotros estamos tan en la impunidad que esto incluso lo podemos publicar en las redes sociales’. Es decirles a los demás que, hagan lo que hagan, están solos y que no van a recibir ayuda de nadie”. 

Dicha comunicación de la violencia –argumenta el fiscal Castro Bekios– “les fue suficiente para mantener a la población intimidada y, de esa manera, ir apropiándose en la práctica de todos los mercados que existían en este caso en el campamento Génesis, y me refiero con eso a los mercados lícitos, semilícitos y, derechamente, a los absolutamente ilícitos o delictivos”.

Y agrega: “No nos olvidemos que en la investigación respecto de esta asociación criminal colombiana no solo se dedicaba a la venta de drogas, sino que también cobraba cuotas a los vecinos por el uso de vivienda, por el acceso a energía eléctrica, por el acceso a agua, por el acceso a cualquier servicio básico y, por cierto, a cualquier persona que ejerciera el comercio o realizara cualquier actividad, qué decir de alguna actividad delictiva”. 

Por lo anterior, el Fiscal Regional indica que “esta actitud tan violenta es, en definitiva, una réplica de lo que hacían en su país de origen y ello trae consigo, evidentemente, el peligro y el riesgo que importan el ingreso clandestino, irregular, por medio del cual llegó la mayoría de los miembros de esta organización criminal a nuestro país, y de ahí viene la pregunta que tenemos que hacernos y que siempre nos estamos haciendo y que tenemos presente en todas las indagaciones: ¿cuántas de este tipo de personas con este perfil criminal tan alto permanecen en nuestro país y en nuestra región?”.