Incautan celular de exfiscal Toledo y este dice desconfiar de la custodia del Ministerio Público

En medio de la batahola mediática sobre las filtraciones de distintas investigaciones que lleva el Ministerio Público y la desperdigada investigación de aristas del caso Hermosilla en distintas fiscalías del país, la noticia sobre la incautación de un celular a una funcionaria del organismo, eventualmente involucrada en la compra irregular de un software de vigilancia, pasó prácticamente inadvertida, salvo por una nota publicada en The Clinic.

La diligencia se realizó el viernes 25 de marzo en dependencias del Ministerio Público, en calle Catedral 1437, y fue encabezada por el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales. La funcionaria en cuestión era una histórica asesora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, Carolina Zavidich Diomedi, a quien se le incautó dicho aparato telefónico.

Lo que no se sabía, sin embargo, era que ese mismo día la PDI llegó al domicilio particular del exfiscal regional del Ministerio Público, Luis Toledo, que había sido jefe de Zavidich en la misma unidad antes de retirarse tras 22 años de carrera, recalando luego en la Universidad San Sebastián. En la ocasión, según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador, se le incautó su teléfono celular y un computador personal.

La indagatoria busca esclarecer la adquisición del software vigía elite, realizada en octubre de 2019, a través de trato directo con la empresa brasileña Suntech del Grupo Verint –especializada en interceptación legal, inteligencia táctica de red y ciberinteligencia–, transacción que se hizo durante la administración de Jorge Abott y que generó una serie de cuestionamientos sobre su real capacidad para almacenar pruebas digitales, georeferenciaciones y otros datos recopilados en las investigaciones.

Vigía Elite

Antes de la compra del software, en una fase previa de su implementación, la fiscalía realizó una capacitación a los fiscales en la plataforma que lo acogería una vez instalado,
herramienta que buscaba analizar la información proveniente de interceptaciones telefónicas, en el marco de investigaciones relacionadas a casos de drogas.

La reunión se realizó en noviembre del año 2016 y en la oportunidad Luis Toledo explicó en qué consistía la plataforma que buscaba gestionar de “manera inteligente todos estos datos con el objetivo de mejorar la investigación criminal”. “Existen una serie de datos que se administran, como el día, la hora, la geolocalización y además cada una de las personas y las direcciones web que se encuentra comunicando instantáneamente entre ellas”, apuntó aquella vez.

La indagatoria actual, en rigor, es por la fase de integración del software en la plataforma, a partir del año 2019, y tiene como foco investigativo al exfiscal Toledo, quien salió de la fiscalía el 11 de enero de 2023, dos días después de asumir Ángel Valencia, tras 23 años en el Ministerio Público. No son pocos los que interpretaron su salida como una demostración evidente de la relación que tenían. “No se soportaban”, dicen algunas fuentes..

De hecho, tras la salida de Toledo, Valencia creó una Unidad Especializada de Crimen Organizado, a cargo de un hombre de su total confianza, Ignacio Castillo, fusionando algunas tareas de la antigua ULDECCO –Unidad en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado– y el cargo que recién había dejado vacante el también exfiscal regional de O’Higgins (Toledo).

El software no habría entregado las garantías comprometidas, por eso se inició primero una investigación administrativa y luego los antecedentes fueron derivados a la fiscalía Centro Norte, quedando la arista penal en manos del Fiscal José Morales, el mismo que encabezó la incautación en la sede central del Ministerio Público.

Según fuentes del Ministerio Público, la diligencia realizada en el corazón de la Fiscalía Nacional por parte de Morales generó una fuerte molestia de Valencia, quien ya había tenido una serie de desavenencias con el fiscal regional Xavier Armendáriz, el jefe de Morales, al punto de que le quitó la subrogancia de la fiscalía nacional, luego de lo cual Armendáriz decidió pedir la formalización del exdirector de Carabineros, Ricardo Yáñez, lo que generó un problema político de magnitud para el gobierno y para el fiscal nacional.

Luego de la diligencia realizada el lunes 25, Valencia de hecho relevó del caso a la Fiscalía Centro Norte (encabezada por Armendáriz) y se lo entregó a la fiscal de la región de los Ríos, Tatiana Esquivel, una funcionaria cercana al jefe del organismo.

El Mostrador se comunicó con la fiscalía Centro Norte, buscando aclarar el rol del exfiscal Luis Toledo en la indagatoria, pero hasta el despacho de esta edición no obtuvimos respuesta.

Versión de Toledo

Quien sí envió un comunicado a El Mostrador fue el exfiscal Luis Toledo, actual director del Centro de Estudios para la Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, quien fue contactado para que explicara el tenor de las acusaciones que hoy lo tienen en calidad de imputado.

“En relación con la investigación sobre la adquisición de un software por parte del Ministerio Público, quiero reiterar con énfasis que mi participación en este proceso fue estrictamente limitada y residual, circunscrita exclusivamente a mi rol como Director de la Unidad de Drogas”, asegura en el documento que entregó a El Mostrador.

Toledo dice que sus responsabilidades en el contexto de la indagatoria, se restringieron al ámbito jurídico, proporcionando profesionales especializados para “asegurar que las herramientas disponibles cumplieran con los estándares del Código Procesal Penal”, por lo que “no estaba dentro de mis deberes funcionarios, autorizar la adquisición de softwares informáticos ni menos viabilizar su operación. Yo no soy profesional Informático y carezco de competencias similares”, agrega.

El exfiscal asegura que la adquisición del software fue gestionada por el Ministerio Público, a través de la Dirección Ejecutiva, junto a las áreas de Finanzas e Informática, y autorizado por la Unidad de Asesoría Jurídica. “Todo el proceso fue debidamente informado al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales mediante presentaciones realizadas ante el Consejo General”, explica.

La decisión de invertir en la herramienta tecnológica, se habría adoptado luego de las críticas emitidas por el Senado, en los años 2019 y 2020, quienes advierten sobre “la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas del Ministerio Público”, dice Toledo en el comunicado.

En efecto, entre los años 2015 y 2019, los fiscales chilenos interceptaron más de 100 mil conversaciones telefónicas, según información solicitada al Ministerio Público por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, conformada en ese tiempo por Andrés Allamand, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez, Felipe Harboe y Alfonso De Urresti, solicitud que habría derivado en la implementación del software a partir de la discusión en el Senado sobre el incumplimiento de la ley –artículo 223 de la Ley Orgánica de Tribunales- respecto a destruir el registro una vez que se resuelva judicialmente un caso.

Sobre los recursos asignados para este software, asegura Toledo, “se encontraban exclusivamente en el presupuesto de la División de Informática, cuya implementación fue responsabilidad directa de los ingenieros de dicha área”.

“Reitero enfáticamente que nunca tuve acceso ni manejo de los recursos presupuestarios ni participé en los procesos administrativos, financieros o técnicos relacionados con esta adquisición. Confío plenamente en que la investigación esclarecerá mi completa inocencia en este asunto”, agrega.
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Al finalizar, Toledo manifiesta en el documento su “total disposición para colaborar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de estos hechos que no constituyen delito como demostraré y solicito por ello que se respete mi derecho fundamental a la presunción de inocencia”.

Al margen del comunicado entregado unilateralmente, Toledo transparentó en una conversación con El Mostrador sus aprehensiones respecto de la incautación de su teléfono celular, dada la serie de filtraciones que se han destapado durante el último tiempo.

“No confío bajo ningún punto de vista en la custodia que tiene el Ministerio Público respecto de la evidencia electrónica. En segundo lugar, desconfío del tratamiento y mal uso que se hace respecto de WhatsApp o mensajería electrónica. Por esa razón, me parece que es increíble el uso que se hace de las filtraciones, no orientado al objeto de investigación, sino a otras cosas. No confío en absoluto en ese uso que hacen algunas personas del Ministerio Público, vinculadas con esta causa particularmente”, argumenta.

“Yo creo que el teléfono les interesa por otras cosas”, plantea. “Porque estamos hablando de una adquisición del año 2019. El señor Morales podría incautar todas mis comunicaciones electrónicas desde el hardware de la Fiscalía, pero ocurre que le interesa mi teléfono ahora, el año 2025. Permítame sospechar”, dice.