
La extorsión: el otro “giro de negocios” del Tren de Aragua
Investigación en Talca revela cómo robaron auto a ciudadano venezolano para exigirle dinero a cambio de no quemarlo. En Santiago, en tanto, tres sujetos fueron condenados por violentas extorsiones en contra de una comerciante.
Pocos días atrás la policía civil detuvo a una de las últimas personas que faltaba por aprehender, acusada de pertenecer a la célula del Tren de Aragua en Talca, la cual –como ha informado El Mostrador– era dirigida hasta hace muy poco por Cheison Guerrero Palma, medio hermano de Héctor “Niño” Guerrero, el líder máximo del grupo. Ambos son requeridos por la Justicia chilena.
La diligencia dejó en evidencia uno de los tantos negocios ilícitos de dicha organización criminal transnacional en Chile: la extorsión. Más silenciosa, menos llamativa y muy rentable, está cobrando cada día más importancia en las finanzas del grupo y de otras organizaciones semejantes, según distintas fuentes consultadas al respecto.
En el caso de Talca, la investigación estaba dirigida en contra de la célula encabezada por Roysbert Carrasquel Oropeza, sindicado por los investigadores como la persona que asumió como líder operativo de la célula del TDA en Maule, después que el anterior jefe, Franklin Sandoval, más conocido como “El tuerto”, fuera asesinado por sus propios camaradas, luego de que Cheison Guerrero –que residía en Santiago– así lo dispusiera, al estimar que “El tuerto” había causado demasiado ruido en el ambiente al ejecutar varios homicidios y secuestros, atrayendo la atención de las autoridades sobre la organización.
Ante ello, se designó en su cargo a Carrasquel, quien pronto estaba ya bajo la mira de la Fiscalía y el equipo policial que investiga al TDA.
El 18 de julio del año pasado, varios miembros de la célula se reunieron con Carrasquel, en medio de una operación destinada a entregarle un kilo de ketamina, pero al verse sorprendidos por la PDI este intentó escapar a bordo de un auto. Para ello, chocó a dos vehículos de la PDI, pero perdió el control del móvil en el cual huía, siendo detenido junto a los demás.
Tras eso, se efectuaron varios otros arrestos, incautándose también tres pistolas y más droga, tanto en Talca como en la comuna de Lo Prado. Fueron ocho aprehendidos en total, acusados de narcotráfico e infracción a la Ley de Armas, pero las investigaciones subsecuentes determinaron que 15 días antes de las aprehensiones varios miembros de la célula, “coordinados previamente y liderados por Cheison Guerrero Palma” –como se indica en el acta de la formalización–, llegaron hasta un local de comida rápida de Talca, donde le robaron su Hyundai Accent 2020 a un trabajador de origen venezolano.
Una vez más, por instrucciones del líder máximo, Cheison Guerrero –según indicó la Fiscalía–, varios miembros de la célula, encabezados por Carrasquel, comenzaron a llamar a la víctima. Textualmente le dijeron que, si no les transfería 4,5 millones de pesos, le quemarían el auto. Si decidía denunciar, lo amenazaron con que “te meteremos plomo”.
Ante ello, la víctima decidió transferir una suma menor, tratando de convencerlos de que le devolvieran su vehículo, lo que finalmente sucedió. Por cierto, dicha persona prefirió no denunciar y los datos que permitieron configurar la extorsión solo quedaron en evidencia luego de la revisión del teléfono celular de Roysbert Carrasquel. La última persona en ser detenida por este hecho es una mujer identificada como Lorena Castañeda.
Al respecto, un fiscal –que pide resguardo de su identidad– señala que la extorsión que opera sobre la base del robo de bienes a las víctimas “no es más que una variante del secuestro extorsivo, donde la persona es reemplazada por algún objeto de valor por el cual se pide un rescate, a cambio de su no destrucción”.
Aparte de esta modalidad, otro persecutor señala que también son frecuentes otras dos clases de extorsión: “La que se comete a cambio de una supuesta protección, que tiene como blanco habitual a los dueños de locales comerciales a quienes se les pide un pago mensual a cambio de no sufrir incendios o atentados, por ejemplo, y la otra es la extorsión que se comete en tomas o campamentos, a cambio de arriendos o servicios básicos”, que es a lo que hoy están dedicados los miembros de Los Gallegos en el cerro Chuño de Arica, por ejemplo, según indican fuentes policiales.
Sea en la modalidad que sea, la extorsión es muy rentable y segura, pues son muy pocas las personas dispuestas a denunciar, especialmente las que forman parte de colonias de países como Perú o Venezuela, donde la “mordida” o “vacuna”, como les llaman allá, es frecuente.
Es por ello que las mismas fuentes indican que el TDA ha intensificado sus actividades en términos extorsivos, sumándose así a otras organizaciones criminales expertas en ello, como “Los Pulpos” peruanos.
Extorsión en Yungay
En agosto de 2023, una víctima de origen venezolano, que mantenía un pequeño negocio en el sector de barrio Yungay, cerca de la residencia presidencial, recibió la visita de un sujeto de su misma nacionalidad, quien le dijo sin rodeos que debía entregarles 200 mil pesos mensuales, “o de lo contrario atentarían contra su vida, la de su esposo e hijos, y su local sería quemado”, como se indica en un fallo judicial respecto de dicho caso, dictado hace un mes, el 13 de marzo.
Según el dictamen del Séptimo Juzgado de Garantía, en contra de Alessandro Anticona Soto, Jean Piere Casarino Pacheco y Alexis García Higuera, como la amenaza inicial no generó efectos, el 19 de agosto de ese año dispararon en contra del domicilio de la víctima. A la noche siguiente volvieron a atacar el domicilio, pero disparando contra los vehículos de su blanco.
Seis días más tarde llamaron a la víctima desde un número chileno, pidiéndole 150 mil pesos mensuales, “señalando que de no hacerlo su familia corría peligro y que también podían incendiar su local”. Ante ello, la persona extorsionada pagó 100 mil pesos, que le fueron a cobrar a su negocio.
En octubre de ese año un sujeto desconocido ingresó al local comercial de la afectada y le extendió un papel, que contenía un número telefónico argentino, indicándole que debía llamar allí. Ante su negativa, entraron dos sujetos más, uno de los cuales le apuntó a la cabeza y le extendió un teléfono. Al otro lado de la línea estaba un tal “Maluma”, quien le dijo que a contar de ese minuto debía pagar 150 mil pesos mensuales. Ante ello, la víctima nuevamente cedió y canceló 100 mil pesos, pero pronto la exigencia aumentó a 200 mil pesos.
Fue en ese momento cuando la extorsionada decidió denunciar, para lo cual la PDI introdujo agentes encubiertos dentro de su local. De ese modo, el 30 de noviembre de 2023, Anticona llegó a cobrar “la mordida”, ante lo cual la víctima le pasó 150 mil pesos en billetes que estaban previamente marcados, tras lo cual fue detenido.
Varios meses más tarde, en abril de 2024, los otros dos condenados llegaron junto a dos desconocidos hasta el mismo lugar, identificándose como “la gente de Bulnes” (aunque se cree que varios de ellos estaban relacionados con una facción del TDA) y exigieron ser provistos de comida gratis todos los días, aseverando que por culpa de la comerciante su amigo estaba detenido y que, si ella no cedía a sus peticiones, la matarían junto a su familia y quemarían el negocio, tras lo cual los dos primeros fueron aprehendidos por la policía civil.
En el juicio abreviado al que fueron sometidos, los tres aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a una pena de 3 años y un día, la que les fue sustituida por expulsión del país, aunque –claro– lo más probable es que queden en la cárcel hasta cumplir sus sentencias, dado que Venezuela no acepta expulsados desde Chile.
La voz experta
Al respecto, el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro Un virus en la sombra, señala que lo que está sucediendo con la extorsión “es algo que nosotros advertimos desde hace un año”, en referencia a esta entrevista en El Mostrador.
En ese contexto, indica que “hoy día, en la reconfiguración que estamos viendo de algunas estructuras criminales en América Latina, la extorsión es un mercado ilícito prioritario, pero este mercado ilícito se activa después de un inicio exploratorio con otro mercado ilícito. Por ejemplo, como lo vimos en Chile, el tráfico de migrantes, la ketamina, etc., pero cuando logran asentarse en territorio pasan a este delito depredatorio de la extorsión. Es esencialmente una demostración de control del territorio y control del mercado ilícito”.
Sobre la operatoria de la extorsión, precisa que efectivamente ocurre a distintos niveles, pero que quizá lo más complejo es que “cuando hay un universo extorsivo muchos delincuentes utilizan la marca criminal que está de moda para generar extorsiones, es como una especie de pesca milagrosa”, aludiendo a sujetos que se amparan detrás de “marcas” como el TDA, Los Pulpos o –como sucedió en Santiago– de los Latin Kings, a fin de infundir miedo en sus víctimas.
Por todo lo anterior, Zeballos puntualiza que es un fenómeno poco estudiado y poco medido. A respecto, indica que “necesitamos que se tipifique bien en las comisarías cuando se vaya a denunciar, que no sea considerada amenaza condicionada u otra figura semejante, sino que se empiece a trabajar en serio sobre el tema, a fin de contar con métricas y entender la verdadera dimensión del problema, pues en Perú ya hay una emergencia de seguridad por esto”.