Más de la mitad del tribunal se inhabilita en causa contra ministro de Corte Antonio Ulloa

“Quiero hacerle el mayor daño posible”, escribió el abogado Luis Hermosilla a la hoy suspendida jueza de la Corte de la Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, en referencia al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, en el contexto de una causa que afectaba al entonces Presidente Sebastián Piñera.

A través de una recusación, el abogado del exmandatario, Samuel Donoso, logró que el tribunal suspendiera al magistrado, tras haber emitido comentarios previos sobre una causa en contra de Piñera, en el marco de supuestos delitos asociados al estallido social, ocurridos a fines del año 2021, la misma fecha de los intercambios de chats entre Hermosilla y Sabaj.

Aquella vez, la jueza Sabaj votó a favor de la medida solicitada por el abogado del Presidente, sin aducir inhabilidad, pese a su (hoy) reconocida animadversión en contra del juez Urrutia, en un supuesto gesto de agradecimiento a Luis Hermosilla, luego que el abogado “facilitara” su llegada a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Cuatro años más tarde, sin embargo, se invirtieron los roles. Esta vez fue el juez Urrutia quien presentó una querella tras la filtración de los chats de Hermosilla –revelados por The Clinic en enero de este año–, acusando de prevaricación a Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, ambos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, y también en contra de Luis Hermosilla, por tráfico de influencias y cohecho.

La causa hace poco se unificó con una anterior, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de la jueza Sabaj, por prevaricación, la que está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a través de la fiscal Ximena Chong, en una arista derivada del caso Hermosilla. Dicha causa se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo del cual forma parte Urrutia y bajo cuya jurisdicción se encuentra físicamente la Corte de Apelaciones de la capital.

Ante ello, el caso lleva hasta ahora siete jueces inhabilitados, más de la mitad de los magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía –sin contar a Urrutia–, lo que hace presumir que tarde o temprano la causa debería reasignarse a otro tribunal, buscando evitar la inhabilidad de tantos magistrados. Hasta ahora, sin embargo, eso no ha pasado.

La explicación de tanta inhabilidad, asegura Rendón, es el estilo “poco común” de Urrutia en nuestra judicatura. “Eso al parecer ha generado las resistencias de algunos de sus pares por razones ideológicas, situación que ha generado conflictos y ha llevado incluso a acusarlo al Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados”, comenta.

Un juez polémico

A lo largo de su trayectoria, el juez Daniel Urrutia ha acumulado sumarios, suspensiones y sanciones, al punto de ser apodado “el niño terrible” del Poder Judicial.

En el año 2020, durante el estallido social, decidió de oficio cambiar la prisión preventiva de 13 imputados de la “primera línea” por arresto domiciliario, resolución que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo suspendió temporalmente y abrió un sumario en su contra.

En una intervención ante la Convención Constitucional del año 2021, Urrutia acusó a la Corte de Apelaciones de responsabilidad en las mutilaciones oculares durante el estallido social, denuncia que terminó en sanciones en su contra y el rechazo de la Asociación de Magistrados, organismo al que renunció en 2023, alegando falta de apoyo y autoritarismo.

En 2024, Urrutia volvió a la palestra luego de autorizar videollamadas y visitas conyugales a reos de alta peligrosidad, incluidos miembros del Tren de Aragua. Esta decisión fue duramente criticada por Gendarmería y el Gobierno de Gabriel Boric, que la consideraron un riesgo para la seguridad, y que luego fue revocada por la Corte de Apelaciones.

Posteriormente, sin embargo, como informó El Mostrador, Urrutia fustigó duramente a miembros del Tren de Aragua, durante dos controles de detención en los cuales varios miembros del grupo fueron acusados de varios homicidios.

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Inhabilitaciones

Las primeras inhabilitaciones se presentaron antes de acoger a tramitación la querella presentada por el titular del mismo tribunal, el juez Daniel Urrutia, a través del abogado Carlos Quezada, poniendo en aprietos a sus colegas de la misma repartición jurídica; o sea, a los otros jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Apelando a distintos artículos del Código Orgánico de Tribunales, relacionados básicamente con la amistad o manifiesta enemistad –respecto del juez o alguna otra parte interviniente–, los primeros jueces en transparentar sus vínculos fueron los magistrados Patricio Álvarez, Marcia Figueroa y Patricia Ibacache, quienes invocaron las causales contempladas en los artículos 195 y 196 del mencionado cuerpo legal.

Si bien la causa se mantiene reservada, El Mostrador pudo comprobar que luego de la primera ola de inhabilidades se sumaron la del juez Cristián Sánchez, que al igual que Álvarez manifestó expresa amistad con Urrutia. También figuran en el listado los magistrados Carla Capello, Freddy Cubillos y Ponciano Sallés. En total siete jueces; o sea, más de la mitad de la dotación del Séptimo Juzgado de Garantía De Santiago, que es de 13 magistrados.

Una fuente cercana al caso asegura que “esto es solo el comienzo de las inhabilidades”. “Si tienes como querellados a dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, es posible que tengan amigos y, eventualmente, enemigos. Por eso es importante que se vayan inhabilitando desde ahora, para poder ir despejando el naipe y saber a quién realmente hay que entregarle las resoluciones”, explica.

Para otra fuente que conoce el caso es de vital importancia, para la transparencia del sistema, que quienes tengan que habilitarse lo hagan. “Los jueces están obligados a decir si tienen íntima amistad o manifiesta animadversión contra el abogado, el querellante, el imputado, todos los involucrados, porque están obligados a mantener la imparcialidad. De hecho, uno de los delitos que se le imputa a Sabaj y a Ulloa es, precisamente, fallar una causa estando legalmente implicados”, argumenta.