Investigación
Imagen: Armada de Chile
Tragedia de la lancha “Bruma”: todo apunta al pesquero industrial “Cobra”
Pese al hermetismo con que trabajan actualmente la Fiscalía y la PDI, existe convicción –por ahora– en términos de que hubo una colisión entre ambos navíos. Fuentes de Blumar, sin embargo, niegan taxativamente dicha posibilidad y aseguran que la tripulación no vio ni escuchó impacto alguno.
Después que el miércoles la Armada diera por finalizada la búsqueda de los siete pescadores desaparecidos durante la madrugada del 30 de marzo pasado, cuando se perdió el rastro de la lancha bacaladera “Bruma”, mar afuera de Isla Santa María, a unos 40 kilómetros de la costa de Coronel (Región del Biobío), ahora el foco de atención se centra en la batalla jurídica que comienza a tomar forma en el Juzgado de Garantía de Coronel, donde se encuentra radicada la causa.
Se trata de un conflicto de grandes magnitudes, no solo por la tragedia que enluta a los pescadores (originarios de Constitución), sino también por lo que representa Blumar: no solo es una empresa que emplea a cerca de 2 mil personas a nivel nacional, sino que detrás de ella hay dos grupos económicos muy importantes: las familias Sarquis y Santa Cruz.
En la primera, quien cumple las veces de pater familias es Rodrigo Sarquis Said, presidente del directorio de Blumar, accionista de Parque Arauco y además muy cercano a su primo hermano Pablo Zalaquett Said, exalcalde de Santiago y La Florida y quien recientemente estuvo en el ojo público, debido a los polémicos cheese & wine que organizaba en su departamento de Lo Barnechea, reuniendo a políticos de todos los sectores con empresarios importantes, como su primo Rodrigo.
El segundo vicepresidente de Blumar es otro hombre igualmente influyente en los negocios chilenos: Andrés Santa Cruz López, que, entre otros cargos gremiales, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
También figura en el directorio el ingeniero comercial Cristóbal Santa Cruz Campaña, hermano de Juan Manuel Santa Cruz Campaña, actual presidente nacional de Evópoli y exasesor de Pablo Longueira cuando este se desempeñaba como ministro de Economía, en la época en que se tramitaba la Ley de Pesca conocida como “Ley Longueira”.
Según Diario Financiero, Blumar está tan consciente de la gravedad de la crisis que enfrenta, que activó un plan llamado “K1”, destinado a gestionar crisis de magnitud, para lo cual se puso al frente el gerente histórico de la empresa, Gerardo Balbontín, quien es muy cercano a los Sarquis.
Además, contrataron los servicios de Alejandro Espinoza, un abogado penquista, compañero de universidad de Jacqueline van Rysselberghe y que, además de atender a muchos políticos de la UDI y ser directivo de la Fundación Amparo y Justicia (fundada por Andrónico Luksic), también ha sido defensor de Pablo Longueira, Fulvio Rossi, Víctor Pérez, Jaime Orpis, entre otros políticos, además de Juan Miguel Fuente-Alba. Actualmente comparte estudio con Joanna Heskia.
Asimismo, Blumar decidió reforzar su área de imagen sumando a las agencias de comunicaciones que tradicionalmente los atienden (Agencia Plan, en Concepción, y Extend, en Santiago) a la agencia Simplicity.
Las versiones encontradas
En el Ministerio Público la investigación está en manos de la Fiscal Regional Marcela Cartagena, apoyada por el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas, reforzados por un analista criminal, personal experto en atención a víctimas y un equipo de asesores jurídicos de Concepción y de Santiago, tanto de la Fiscalía como de otras entidades. En los últimos días la persecutora –designada para investigar el caso por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia– ha mantenido un perfil muy bajo, sin dar entrevistas, a la espera de una serie de diligencias clave.
Una de ellas es una nueva toma de declaraciones a los tripulantes del “Cobra”, todos los cuales dijeron en la primera ronda de testimonios que no vieron o escucharon algo semejante a una colisión con una nave de madera, como era el caso de la “Bruma”.
Sin embargo, eso fue antes de que uno de los vigías de la primera nave, Juan Sanhueza, se quitara la vida camino a Coronel, por motivos que aún no se han esclarecido. Mientras fuentes vinculadas a la investigación estiman que es posible que Sanhueza, de 58 años, hubiera visto, escuchado o sabido algo respecto de la lancha “Bruma”, en la empresa existe una teoría distinta.
Una fuente de esta indica que varios miembros de la tripulación del “Cobra” fueron objeto de una serie de insultos, hostigamientos e incluso amenazas, lo que quizá –especula– podría haber incidido en la fatal decisión que tomó el vigilante, que desapareció el 4 de abril, el mismo día en que estaba citado a prestar declaraciones ante la Brigada de Homicidios de Concepción (BH), a la cual nunca llegó.
En cambio, tomó un taxibús en la Vega Monumental de Concepción y luego otros buses hasta llegar al sector del baipás de Coronel, trayecto que fue íntegramente reconstruido por la BH a partir de cámaras de tránsito, particulares, de negocios y de viviendas. Fue gracias a ello que determinaron el sector boscoso en el cual se internó el trabajador (llevaba 29 años en Blumar), lo que permitió hallar su cadáver.
Hasta este momento todos los peritajes realizados indican que no hubo intervención de terceros en su muerte, pero mientras se espera el pronunciamiento final del Servicio Médico Legal (SML) al respecto, se avecina la nueva ronda de interrogatorios para los trabajadores del “Cobra”, quienes se espera que sean interrogados por fiscales, lo que posee un efecto penal importante, pues, en caso de comprobarse que alguien miente al Ministerio Público, se configura un delito adicional: obstrucción a la investigación.
La cromatografía
Aunque el Ministerio Público no ha dado a conocer públicamente cuál es su teoría del caso, todas las fuentes consultadas por El Mostrador coinciden en indicar que, al igual que entre los querellantes del Ministerio de Seguridad Pública y de las familias de las víctimas, en los investigadores existe hasta ahora la convicción de que el “Cobra” golpeó al “Bruma” en medio de una noche muy cerrada, con olas de cuatro metros y escasa visibilidad, sin que posteriormente prestaran ayuda a las víctimas y, en ese sentido, uno de los aspectos que se estudia es el tipo penal que podría ser aplicable.
Allí, las alternativas van desde el cuasidelito de homicidio (es decir, la muerte de una o más personas por negligencia) hasta el homicidio con dolo eventual (que tiene mayor penalidad, dado que este se configura cuando se ejecuta una acción que se sabe que puede tener consecuencias fatales), pero también están sobre la mesa los artículos 102 y 112 del Decreto Ley 2222 (sobre navegación), que obligan a los capitanes de navíos a prestar auxilio en caso de colisión o abordaje (como se llama a un impacto entre dos naves en el mar), así como otras normas relativas a la seguridad marítima.
En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, la querella interpuesta por sus abogados acusa un homicidio simple, mientras que en el caso de la acción legal interpuesta por el abogado Rafael Poblete, a nombre de las familias, se imputa al capitán del “Cobra” el homicidio con dolo eventual, además de un homicidio por omisión.
De acuerdo con el escrito, que ayer fue aceptado a trámite en el Juzgado de Garantía de Coronel, los hechos ocurrieron cuando la “Bruma” extraía bacalao en un sector conocido como “la feria” (pues “se dice que es llegar y sacar”), ubicado cerca de Isla Santa María, pero en la madrugada del 30 de marzo debió fondearse (es decir, echar el ancla) ante las malas condiciones climáticas.
En esas circunstancias –dice el documento–, la “Bruma”, de 14 metros de eslora, “fue impactada o abordada por el pesquero de alta mar (PAM) de nombre ‘Cobra’, que es una nave mayor, de casco metálico, de aproximadamente 64 metros de eslora”. De acuerdo con la misma acusación, esta “transitaba por ese sector de alto tráfico y presencia de naves menores a 11 nudos de velocidad y aplastó a la nave menor de madera, destrozándola, provocando su hundimiento y el desaparecimiento de los siete tripulantes… con el agravante de que la nave mayor no se detuvo a prestar ayuda a la nave menor”, punto en el que coincide el Ministerio de Seguridad Pública.
Uno de los peritajes fundamentales será el de cromatografía de gases, que debe realizar el Laboratorio de Criminalística de la PDI, por medio del cual serán comparadas muestras de la pintura de los restos de la “Bruma” con la pintura de la quilla del “Cobra”, a fin de determinar si se trata de la misma. Sin embargo, fuentes cercanas a Blumar aseveran que siempre está la posibilidad de que el “Cobra” haya impactado los restos del naufragio del “Bruma”, sin ser necesariamente el causante del mismo.
No obstante, entre los investigadores, así como entre los querellantes, no hay muchas dudas en orden a que los trayectos de la “Bruma” y del “Cobra” son los únicos que coinciden en forma exacta, debido a los antecedentes obtenidos a partir de los instrumentos de posicionamiento satelital de ambas naves, algo que es rebatido por fuentes de la empresa pesquera, las cuales plantean que es posible que en algún momento los equipos de la “Bruma” no hayan operado correctamente o, bien, hayan sido desconectados.
Las mismas fuentes insisten en que todos los funcionarios del pesquero de alta mar aseguran no haber visto o escuchado algo compatible con una colisión con otra nave (aunque varios sí admiten haber escuchado un ruido, aseverando que creyeron que su origen era interno) e incluso se aventura la teoría de que el naufragio de la nave menor pudo haber ocurrido en otro lugar, lo que también explicaría por qué no se han encontrado los cuerpos de las víctimas (José Luis Medel Sepúlveda, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña) en el sitio en que se les buscó durante los 17 días que duró el trabajo de la Armada en ese sentido.
En una carta emitida por los tripulantes del “Cobra” el miércoles pasado, estos dijeron estar viviendo días muy difíciles, aseverando que “varios no podemos salir a la calle porque somos señalados con el dedo no solo como protagonistas del accidente, sino también como responsables de esta tragedia”. Del mismo modo, aseguraron que estaban cooperando activamente con la investigación.
Dicha misiva fue respondida el jueves por los familiares de las víctimas del “Bruma”, quienes pusieron en duda lo dicho por los tripulantes del pesquero de alta mar, aseverando que para que la cooperación sea real se requiere “que las personas digan la verdad, toda la verdad, sin ocultar ni omitir nada, ningún detalle”.
Según los familiares, existe un pacto de silencio y señalan que quizá Juan Sanhueza “no soportó el peso de su conciencia” o que pudo ser objeto de presiones.
Así las cosas, todo indica que una vez que terminen las diligencias pendientes –que también incluyen el estudio de tráficos telefónicos y una serie de peritajes pedidos por los querellantes, entre ellos, el estudio completo de la estructura del “Cobra”– y se tome la decisión de formalizar una investigación, se producirá un litigio jurídico muy duro y complejo, donde los querellantes pujarán junto al Ministerio Público en orden a intentar establecer una responsabilidad de parte del “Cobra”, algo que la empresa Blumar no quiere aceptar, hasta el momento.
