Artillería pesada: la trama que tiene en suspenso millonaria licitación de camiones en el Ejército

En suspenso quedó una millonaria compra de camiones del Ejército. Esto, después que dos de los competidores en una licitación por la adquisición de 173 camiones interpusieran un recurso alegando irregularidades en el proceso adjudicado a Comercial Kaufmann, representante de Mercedes Benz en Chile, por un total de casi 46 millones de dólares.

La decisión de suspender la licitación, tomada el pasado 11 de abril por la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE), ha generado controversia entre quienes participaron en el proceso de compra, debido a que sus ofertas serían más económicas, tenían un plazo de entrega más próximo y, sin embargo, habrían sido declaradas inadmisibles por criterios administrativos. O sea, en “buen chileno”, rechazadas por secretaría.

Al margen de lo meramente técnico, al interior del Ejército se habla también de presiones del más alto nivel al interior de la DIVAE, el organismo encargado de procesar y resolver las adjudicaciones, buscando favorecer a la comercializadora de vehículos Mercedes Benz, al punto de provocar el retiro de un comandante y la licencia de al menos dos oficiales de la misma unidad por razones sicológicas.

“Aquí hubo una licitación pública en la cual el licitante nunca tuvo la intención de respetar los resultados. Fueron decisiones no apegadas a las bases, llenas de errores procedimentales. Esto genera dudas, más aún cuando hay presiones para que gente haga cosas que no son las correctas”, dice una fuente que conoció el proceso de licitación.

Fotos reales de los camiones que participaron en la licitación.

Licitaciones

Luego que los aluviones de Copiapó del año 2015 dejaran al descubierto que los camiones militares no estaban respondiendo a los requerimientos del Ejército debido a su antigüedad, la institución solicitó a los operadores de camiones en Chile un Requerimiento Formal de Información (RFI), mecanismo muy utilizado en licitaciones para analizar las distintas ofertas del mercado.

La licitación, sin embargo, no se hizo y Kaufmann se adjudicó por trato directo la primera partida de camiones, por alrededor de 48 millones de dólares, de la primera etapa del proyecto Alfil. La empresa Maco Internacional S.A., representante en Chile de Volkswagen, impugnó el trato directo en Contraloría, aduciendo que la causal invocada –adquirir vehículos de una determinada marca– no se encontraba justificada.

El organismo fiscalizador concluyó en marzo del año 2019, según el dictamen al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, que la decisión no se habría ajustado a derecho, recomendando al Ejército adoptar de ahí en adelante las medidas para que la situación “no se reitere”.

“En estricto rigor, no estás comprando un tanque sino camiones pintados color café. Por ende, no funcionó la tesis del Ejército que planteaba que esto era casi como un implemento de guerra y que entonces debía ser reservado, porque ponía en juego la seguridad nacional”, dice un experto en seguridad, que prefiere no ser identificado en forma pública.

Tras declarar desierta la primera licitación, por eventuales defectos en las lonas (que no habrían sido ignífugas según las pruebas), el Ejército inició la segunda etapa del proyecto Alfil en mayo de 2024, buscando renovar su flota de camiones militares con 164 vehículos de campaña medianos, 173 vehículos pesados Tipo A y 36 vehículos tipo B, con un presupuesto total de US$ 98.204.274.

En esta segunda licitación, Tata, Kaufmann y Salfa –esta última, representante de la francesa Renault– pasaron las evaluaciones administrativas, económicas y técnicas, en un nuevo proceso que modificó las matrices de evaluación, otorgándole un 45% al factor administrativo. Tras esta aprobación, las empresas fueron conminadas a participar de las pruebas operacionales.

Los exámenes en terreno de los vehículos se realizaron en diciembre del año pasado, en dependencias de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, en Colina, donde el vehículo de Mercedes Benz presentó fallas técnicas de carga en camiones de campaña medianos. El problema vino más tarde, cuando el Ejército informó que, pese a pasar todas las evaluaciones, Tata fue descalificada por entregar un documento en inglés sin traducir.

Lo mismo ocurrió con los vehículos Tipo A, adjudicados a Kaufmann por casi 46 millones de dólares, donde al igual que Tata, Salfa superó todos los requerimientos técnicos, pero su participación fue rechazada por presentar un certificado de vigencia de poderes de una escritura pública distinta a la que se adjuntó en la licitación.

Las empresas rechazadas presentaron recursos de reposición, buscando aclarar que las inhabilidades aducidas no eran excluyentes, situación que derivó en la suspensión momentánea del proceso de licitación. “Las bases permiten que cualquier documento no excluyente pueda ser solicitado o aclarado por parte del licitante. Lo que pasa es que aquí no hubo voluntad de hacer eso, sino la intención de encontrar algo que te permitiera eliminar la oferta”, dice una fuente que ha participado en varias licitaciones al interior del Ejército.

Amenazas y auditorías

Al margen de los vaivenes técnicos, la licitación por los camiones en el Ejército ha generado controversia al interior de las filas, generándose grupos de debate que comparten impresiones sobre algo que al interior parece ser vox populi: la intervención directa en la licitación del “número 1”, nombre con el que denominan coloquialmente al comandante en Jefe de la institución, en este caso el general Javier Iturriaga.

“Empezaron las presiones internas, directamente del comandante en Jefe del Ejército, para que esto no prosperara, diciendo claramente que él no quería ni camiones indios ni camiones franceses y que tenían que hacer todo lo humanamente posible para no adjudicárselos”, dice un exfuncionario de la institución.

Este discurso –matiza otra fuente que ha participado de estos procesos– tiene una lógica desde la perspectiva del mantenimiento de la línea de material; o sea, desde la continuidad en el uso de camiones Mercedes Benz al interior de la institución. El problema radica, sin embargo, en que el Ejército se rige por la Ley de Compras Públicas.

“Técnicamente podrían tener toda la razón del mundo, en el sentido de no querer manejar dos marcas distintas. Pero el tema es otro: se deben respetar los procesos de licitación, porque ellos se rigen por la legislación vigente. Si no se ajusta a esto, es fácil hablar de incentivos y otras cosas”, asegura un experto que ha participado en otras licitaciones.

El ambiente al interior de la DIVAE se corta con cuchillo, dicen, y no son pocos los que han salido del organismo a raíz de las presiones de sus superiores, según las mismas fuentes. En enero renunció el teniente coronel Juan Pablo Araya Troncoso, y se encontrarían con licencia médica la teniente coronel Mary Ann Lepin Guerra y el mayor Patricio Rojas Escobar, miembros de la comisión evaluadora que aprueba o rechaza las licitaciones.

Por cierto, en el caso de la teniente coronel Lepin, existe información anónima, aunque obviamente elaborada por personal del Ejército, que circula por aplicaciones de mensajería, según la cual ella habría sido víctima de presiones indebidas, acusaciones de sedición, extorsión y acoso laboral.

“La unidad está prácticamente desmantelada”, dice otra fuente. “En estas circunstancias hasta es mejor que no estén Lepin ni Rojas, porque lo que hay de fondo se puede transformar en un tema penal y quienes terminan firmando son las personas amenazadas por sus superiores”, agrega.

Consultado sobre estas materias, el Ejército respondió a El Mostrador que “se encuentra evaluando los recursos de reposición presentados por las empresas, proceso que finaliza la primera quincena de mayo, donde se resolverá, de ser el caso, si son acogidos o no”.

Paralelamente, agregaron desde la institución, “como una forma de transparentar la ejecución de las licitaciones antes señaladas”, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército, decidieron realizar una auditoría al proceso de licitación de vehículos medianos y pesados conocidos como “Alfil II”.

El Mostrador intentó comunicarse con Kaufmann, a fin de conocer su versión de los hechos, pero no fue posible hablar con los encargados de prensa de la compañía. También se comunicó con fuentes del interior de la empresa Tata, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta a los requerimientos, mientras que en el caso de Salfa, dicha firma optó por no referirse públicamente al tema, afirmando que el proceso de reclamación aún se encuentra en curso.