Ataque a gendarme: “Este país es del crimen organizado, ¿no lo entienden aún?”

Inéditos detalles acerca de los gestores del ataque a disparos contra la casa de un oficial de Gendarmería, en Cauquenes, así como las amenazas recibidas por él y su familia, por parte de sujetos vinculados al Tren de Aragua (TDA), quedan en evidencia en la documentación judicial del caso, a la cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador.

De acuerdo con dichos antecedentes, se investiga a la célula del TDA que operaba en la Plaza de Armas de Santiago, así como en el portal Fernández Concha, como la responsable el “encargo” destinado a amedrentar al oficial, un teniente coronel que hasta inicios de ese mes se desempeñaba en el penal de Santiago 1, donde lideró una serie de operativos destinados a incautar drogas y teléfonos celulares, además de ser quien estuvo a cargo de desmantelar una celda “VIP”, todo lo cual se cree que es el origen de la inquina en su contra. 

De hecho, como consta en la carpeta judicial, luego del ataque en la Región del Maule, junto con solicitar una serie de allanamientos en domicilios de distintas comunas de la Región Metropolitana (Santiago, Estación Central, Renca e Independencia), la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía autorización para registrar una celda de Santiago 1, ubicada en el Módulo 1 (para internos de alta peligrosidad), donde cumple prisión preventiva el venezolano Lewis Ponce Ortiz. 

Como informó en su momento El Mostrador, Ponce era uno de los cabecillas del grupo que explotaba mujeres en pleno centro de Santiago, que era encabezado por el cubano Yariel Ulloa López y su pareja, Aura Acosta Villalobos. En términos específicos, era el encargado directo del trato con las mujeres esclavizadas.

Como parte de esa célula, la Brigada de Trata de Personas de la PDI detuvo a dos oficiales de la misma institución, Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo López. El grupo, además de contar con policías a su servicio, lavaba el dinero obtenido ilegalmente por medio de una empresa de fachada que manejaba Aura Acosta y también a través de de un sujeto de origen sirio-venezolano, Rafat José Kheir Kair, quien operaba una botillería en Recoleta, la cual tuvo movimientos por más de 4 millones de pesos en dos años, de los cuales se estima que la mayor parte proceden del comercio sexual. 

Además de ello, Kheir registra una serie de envíos de dinero hacia Panamá y Venezuela, inversiones en criptomonedas y compra de vehículos. En suma, se trata de una célula importante y que pertenecía al Tren de Aragua original (no a alguno de sus grupos satélites), el mismo que ahora, para distinguirse de los demás, pide que le llamen “la mafia”, emulando el nombre de la organización ítalo-americana de ese nombre.

Por cierto, además de la celda de Ponce, la Fiscalía pidió allanar otras celdas, ubicadas en los módulos 14 y 19.

También te puede interesar:

La investigación

De acuerdo con lo indagado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), en marzo de este año, al interior de Santiago 1, un grupo de internos del penal se coordinó a fin de obtener información relativa al domicilio y antecedentes del teniente coronel que estaba a cargo del régimen interno de la cárcel, formando un grupo autodenominado “Los contra el abuso”.

De ese modo, una vez obtenido el domicilio particular del oficial (que viajaba los días viernes a este) y datos acerca de su familia, el 28 de marzo los tres sujetos que actualmente están imputados en la causa, todos de nacionalidad venezolana, arrendaron un automóvil Chery Fulwin en una empresa de transportes de Santiago. Seis días más tarde, el 4 de abril, salieron a eso de las 8 de la mañana con destino a Cauquenes. 

De acuerdo con lo indagado, a las 17:53 de ese día llegaron hasta el domicilio de la víctima, en calle General Lagos. A eso de las 22.30, el vehículo, que era conducido por Yeferson Villalobos Finol, se estacionó cerca de la casa del gendarme. 

Una vez allí, otro de los imputados, Douglas Morales Villalobos, instaló en la puerta de la casa una corona de flores, que llevaban en el auto, junto con una carta dirigida al oficial, en la que le decían “descansa en paz” y luego “despide a tu familia, pronto muerta”, identificando por su nombre a todos los hermanos del oficial, para terminar diciendo: “Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos SAPOS. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atte. Los contra el abuso”.

Por cierto, lo de los amigos “sapos” se cree que es una referencia al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de Gendarmería. 

Luego de ello, el tercer imputado, identificado como Ángel Rodríguez Arenas, se bajó del móvil y percutó 10 disparos de calibre 9 milímetros contra la puerta de calle de la casa, con una pistola. Al interior de la vivienda, en la pieza contigua a la puerta de acceso, se encontraba una hermana del oficial de Gendarmería, que salvó ilesa del ataque, solo porque el grueso muro de la casa impidió que algunas de las balas entraran a la habitación donde estaba.

Tras regresar a Santiago, sin embargo, los hostigamientos no cesaron. El 8 de abril los mismos sujetos enviaron un mensaje de texto a la hermana del funcionario penitenciario, en el cual se decía que “parece que no entiendes los mensajes”, aseverando que el teniente coronel “sigue paqueando los módulos 14 y 18. Ahora sí te mataremos. Tenemos a toda tu familia ubicada”.

El mensaje agregaba que la amenaza era extensiva a toda la familia, luego de lo cual preguntaban: “¿O quieres aprender a la fuerza cuando empecemos a matarlos? Este país es del crimen organizado. ¿No entienden aún?”.

La amenaza culminaba del siguiente modo: “Mándale este mensaje a la mierda de tu hermano, si no serás la primera en morir”. 

Una semana más tarde, la BIPE comenzó las detenciones de los imputados. El primero de ellos en ser aprehendido fue Rodríguez, que fue arrestado en una vivienda de Independencia, donde se encontraron además una pistola a fogueo marca Bruni, adaptada para disparar balas reales. Junto al arma la PDI encontró seis balas.

En el caso de Morales, su abogada defensora, Alejandra Navarrete, aseveró esta semana, en un recurso de apelación interpuesto ante el Juzgado de Garantía de Cauquenes (el que fue rechazado), que este no debería estar en prisión preventiva, pues de acuerdo con la profesional él solo concurrió a Cauquenes a colocar la corona de flores y la amenaza, “y que solo lo hace por ignorancia”, lo que fue descartado por el tribunal, entre otras cosas porque la Fiscalía descubrió que la tarjeta con la cual el grupo cargó bencina en San Francisco de Mostazal era suya.

Cabe indicar que, luego del ataque, los sujetos regresaron de inmediato a Santiago, donde llegaron cerca de las 4 de la madrugada hasta el 1635 de calle Santa Rosa, donde descendió Villalobos. 

En un modus operandi muy propio del TDA, en los teléfonos que les fueron incautados a los imputados se hallaron videos que muestran el momento del ataque (los que generalmente son grabados a fin de constatar que se cumplió el “encargo”, como sucedió en el caso del teniente Ronald Ojeda, por ejemplo).

Cabe indicar que “Los contra el abuso” fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, amenazas condicionales en contra de un funcionario de Gendarmería, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado. Rodríguez, además, fue acusado también de tenencia de arma de fuego adaptable y todos quedaron en prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago.

Sin embargo, la investigación aún debe precisar el papel exacto de la célula del TDA de la Plaza de Armas de la capital, cuánto se pagó a los ejecutores y, especialmente, una de las dudas más acuciantes en este caso: si hubo gendarmes u otros funcionarios públicos implicados, especialmente en la obtención de los datos privados de la víctima y de su red familiar.